La gran marcha

La masiva demostración ciudadana del domingo debería poner a pensar al Gobierno. Un Gobierno que parece haber perdido la brújula, pero más importante, el favor de la gente. La de ayer no fue una manifestación política, fue una verdadera demostración ciudadana.

El aglutinante ha sido el sector salud. Hoy los colombianos perciben con claridad que han sido expuestos y son, como nunca, más vulnerables ante la enfermedad y los riesgos de salud. En la marcha quienes más brillaron fueron los pacientes y los médicos, quienes son a los que más les duele la destrucción del sistema de salud. Al final todos seremos pacientes, pero aquellos que ya lo son, están sintiendo en carne propia las consecuencias de una política desastrosa.

Y hoy se empiezan a evidenciar las consecuencias. Cada vez más existen reportes de desabastecimiento de medicamentos e insumos. De manera recurrente, incontables cirugías y procedimientos médicos son cancelados por falta de insumos en los hospitales. Con creciente frecuencia estamos viendo pacientes que ingresan a las urgencias –con complicaciones que no debieron presentarse– si se hubiese tenido la disponibilidad adecuada de medicamentos y se hubiese mantenido la capacidad para realizar procedimientos.

Un sistema de salud desfinanciado y en crisis no es confiable: es calificado de mayor riesgo por los bancos y, por tanto, sujeto a menor acceso de recursos de capital. Como consecuencia, se ha venido generando una crisis de proveedores que al final determina el menor acceso a los servicios de salud.

Cada vez hay mayores reportes de clínicas, hospitales y servicios ambulatorios ahogándose en la piscina seca de recursos. Clínicas y hospitales privados están pagando las nóminas con sobregiros, escenario que muchos de ellos no habían visto en el pasado.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud promulgó “soluciones” que no van a hacerle cosquillas a la crisis que se nos avecina. Un giro directo que no cambiará el statu quo, en un sistema que ya presenta una siniestralidad del más del 105 %; reducirá el flujo al 80 % de la UPC, porque el restante se orientará a las inversiones para consolidar las reservas técnicas, pagos administrativos, uniones temporales y otros mecanismos de pago.

En otras palabras, en lugar de mejorar el flujo de recursos que hacían las EPS por el giro directo, ahora se reducirá por norma y, de acuerdo con los anuncios, se dedicará solo al pago de deudas corrientes. Es decir, los hospitales de Colombia pueden irse olvidando de las carteras vencidas. Se perderá todo el esfuerzo de años que se hizo con el Acuerdo de Punto Final y empezaremos a acumular nuevas carteras.

Empujar a la brava la naufragada reforma –por la vía administrativa– no solucionará la crisis que se nos viene encima. Craso error. Es evidente que imponer un tarifario solamente afectará la calidad de los servicios y a los hospitales que han hecho inversiones para atender los mayores volúmenes de procedimientos. De esos pocos hospitales depende la resolutividad de pacientes crónicos y la demanda de alta complejidad.

Ni siquiera los hospitales públicos saldrán beneficiados de la vorágine creada por la demanda direccionada derivada de la reducción en productividad de los hospitales privados, especialmente los de alta complejidad. No cuentan con los recursos técnicos, los procesos ni el talento humano especializado para atenderla.

Esto ya lo han percibido la mayor parte de los colombianos. La crisis del sistema de salud podría marcar una derrota definitiva para un Gobierno que se lanzó a reformar desde una visión técnica muy endeble. Pero no será una victoria para nadie. El dolor y la enfermedad de miles de colombianos podrá pasar a la historia como un momento en el que fuimos inferiores a aquello que la sociedad nos demandaba.