Como si no faltaran los problemas con la infraestructura vial del país se acaba de sumar otro que estaba oculto: la vulnerabilidad de la extensa red de oleoductos, poliductos y gasoductos que atraviesa buena parte de la geografía colombiana y que transporta el combustible que consumen los hogares, la industria y los vehículos.
La capacidad de transporte se quedó corta ante el auge de la locomotora minero energética. Y, además, los últimos acontecimientos han puesto sobre el tapete que, por los fenómenos climáticos, la red de 16.300 kilómetros de ductos podría estar en un alto riesgo de vulnerabilidad.
Las alarmas se encendieron en diciembre, tras la explosión de un poliducto de Ecopetrol en el barrio Villa Carola, en Dosquebradas (Risaralda), que dejó 31 muertos, varios heridos y decenas de casas destruidas. Otra situación crítica se presentó con el gasoducto ubicado sobre la margen izquierda del río Magdalena, que se averió y provocó el racionamiento de gas durante varios días en la costa Atlántica. También la tubería de Mariquita a Cali se afectó por deslizamientos de tierra, lo que generó problemas de abastecimiento de gas al Eje Cafetero y el Valle del Cauca. En los últimos tres meses el servicio de gas se ha suspendido 17 días.
Los continuos cortes llevaron a los gremios de la costa Caribe y el Suroccidente del país a pedir medidas de choque. Rodrigo Velasco, presidente de la Andi en el Valle del Cauca, dijo que la situación de las últimas semanas fue traumática, ya que el 40 por ciento de la industria de ese departamento depende del gas. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Manizales, Gildardo Armel, aseguró que los racionamientos de gas causaron pérdidas millonarias para su región.
Esta situación ha hecho recordar el apagón eléctrico de comienzos de la década de los noventa, causado por el fenómeno de El Niño, que trajo una intensa sequía que afectó las hidroeléctricas. Colombia no tenía un plan B, es decir, un respaldo térmico, por lo que al gobierno no le quedó otra opción que acudir a un drástico racionamiento de energía.
El gobierno es conciente de la situación. El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, dijo que se revisarán las vulnerabilidades de la infraestructura del país. "Por el cambio climático se está afectando la estabilidad de los suelos. Las condiciones iniciales con las cuales fueron diseñados todos estos oleoductos o gasoductos han variado".
El presidente de Promigas, Antonio Celia, afirma que el cambio climático obligará a un diseño y manejo de la infraestructura de transporte de combustibles diferente al que se ha venido aplicando. Lo propio opina Álvaro Castañeda, vicepresidente de Transporte de Ecopetrol, quien afirmó que la petrolera intensificará el monitoreo de toda la infraestructura para identificar los puntos vulnerables.
El sector privado estudia millonarias inversiones para prevenir nuevos riesgos. El gran interrogante es quién pagará por ellas. Se estima que solo en gas se requerirían inversiones por 400 millones de dólares en los próximos tres años. "Estamos obligados a tener redundancias en toda la infraestructura; eso cuesta plata, pero es la manera de garantizar la confiabilidad del sistema", dice Antonio Celia.
El superintendente de Servicios Públicos, César González, dice que hay tres opciones: que lo paguen los usuarios a través de mayores tarifas, los contribuyentes con mayores impuestos o las empresas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), entidad encargada de establecer el marco regulatorio y tarifario del sector, debe decidir al respecto. Las empresas consideran que estas inversiones adicionales para asegurar el suministro oportuno no pueden salir exclusivamente de sus bolsillos. Para Celia, un aumento de tarifas, si es que se produce, no sería tan dramático.
Desde hace dos años Promigas y TGI, dos de las ocho grandes transportadoras de gas del país, discuten con la Creg los planes para reducir las vulnerabilidades del sistema y garantizar un servicio eficiente y oportuno. Hay varias propuestas que van desde construir tuberías alternas hasta hacer grandes plantas de almacenamiento de gas.
Germán Castro, director de la Creg -entidad que está haciendo un estudio de confiabilidad para saber qué inversiones se requieren y si se deben autorizar nuevos incrementos en las tarifas- reconoce que poner un tanque de almacenamiento en cada ciudad no solo es complicado sino muy costoso. Por ejemplo, el almacenamiento de gas durante cinco días en Bogotá costaría 200 millones de dólares, lo que representaría un incremento en las facturas del 25 por ciento. Además, se tendrían que solucionar los problemas ambientales y las protestas de las comunidades, porque nadie quiere tener un tanque de gas al pie de su casa.
"La Comisión debe generar incentivos para que se pueda desarrollar la infraestructura de manera adecuada, pero la solución tiene que ser económica para que no se les transfieran elevados costos a los usuarios", dice Castro. Una alternativa que sugiere la Creg es importar gas en momentos en que se presenten problemas de abastecimiento, propuesta que no es acogida por las empresas, ya que consideran que es una solución muy costosa.
El tema es trascendental. Eduardo Pizano, presidente de la Asociación Colom-biana de Gas Natural, Naturgas, recordó que mientras hace diez años no había usuarios, hoy llegan a 6 millones, con lo cual se benefician alrededor de 29 millones de colombianos. Hoy el gas representa el 24 por ciento de las fuentes energéticas del país.
En cuanto a la infraestructura de petróleo, aunque Ecopetrol destinará 250 millones de dólares para fortalecer los planes de contingencia y evitar casos como el presentado en Dosquebradas, el plan de inversiones para ampliar la red de oleoducto es gigantesco. La empresa invertirá 5.000 millones de dólares, junto con sus empresas asociadas, para aumentar la capacidad de transporte de 930.000 a 1,4 millones de barriles por día de ahora a 2015. Entre los proyectos están el oleoducto Bicentenario, la optimización del oleoducto de Ocensa, poner en plena capacidad la red de Caño Limón - Coveñas, ampliar el oleoducto Transandino, e incrementar la capacidad de los puertos de Coveñas. Esto implicará adicionar 1.800 kilómetros a la red existente.
Eso es urgente porque el país no puede seguir transportando el combustible por camiones, no solo por los riesgos para las poblaciones y el medio ambiente, sino por el hecho de que tener rodando alrededor de 3.000 carrotanques deteriora la ya precaria red vial del país. En síntesis, ante la vulnerabilidad del sistema de gasoductos y poliductos las medidas no dan espera. No sea que pase lo mismo que con la infraestructura vial que, por no hacer las inversiones a tiempo, se quedó rezagada.
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