Piden desconectar a embarazada con muerte cerebral

El proximo 31 de enero, una familia de Texas (EE. UU.) solicitará a un juez que se le retire el soporte médico que mantiene viva a una mujer con 22 semanas de embarazo y muerte cerebral, a pesar de que el Hospital John Peter Smith (JPS) alega que está impedido por la ley.

El juez de distrito R. H. Wallace escuchará los argumentos de Erick Muñoz, el esposo de Marlise Muñoz, quien asegura que su esposa, una paramédica, le dijo expresamente que si alguna vez estaba en esa condición, no la mantuvieran con vida.

La mujer de 33 años ha estado hospitalizada desde que sufrió una embolia pulmonar cuando tenía 14 semanas de embarazo, el 26 de noviembre de 2013. Ahora que tiene 22 semanas, el feto es "claramente anormal", dijeron los abogados de Erick en un comunicado.

Sin embargo, los funcionarios del hospital argumentan que están obligados a mantenerla con vida por una ley que prohíbe la interrupción del tratamiento intensivo a una mujer embarazada hasta que el feto sea viable.

Pero varios expertos entrevistados por la Associated Press dijeron que el hospital hace una interpretación errada de la lay ya que Muñoz se considera legal y médicamente muerta.

Un feto se considera viable entre las 24 y 26 semanas. Pero la legislación de Texas conocida como ‘El derecho de la mujer a saber’ dice que un feto de 20 semanas es completamente capaz de experimentar dolor.

El caso ha suscitado interrogantes sobre la atención al final de la vida y si una mujer embarazada que se considera legal y médicamente muerta debe mantenerse viva por el bien del feto. Asimismo, resurge el debate sobre el aborto, con los grupos en contra de este que sostienen que el feto de Muñoz merece una oportunidad para nacer.

Un abogado asociado de la Universidad Metodista del Sur (Texas), quien ayudó a redactar la última versión de la ley, le dijo al Star-Telegram que los legisladores nunca discutieron su aplicación en personas con muerte cerebral.

"Nunca se nos hubiera ocurrido que algo en el estatuto se aplicaría a alguien que estuviera muerto", dijo Thomas Mayo en una entrevista. "La ley era para tomar decisiones de tratamiento en pacientes con enfermedades terminales o irreversibles".

"Marlise Muñoz ha muerto y le dio instrucciones claras a su marido y su familia de no recibir cualquier tipo de ‘tratamiento de soporte vital’ o con respiración artificial", reza la demanda. "No hay ninguna razón para que el JPS continúe el tratamiento en el cuerpo sin vida de Marlise Muñoz y esta Corte debe ordenarle (al hospital) suspenderlo inmediatamente".

Por otro lado, Heather Rey y Jessica Salón Janicek, abogados de la familia Muñoz, aseveraron que los registros médicos que recibieron del hospital muestran que el feto es "anormal".

"Incluso en esta primera etapa, las extremidades inferiores (del feto) están tan deformes que su género no se puede determinar", aseguran los abogados y señalan, además, que se está acumulando líquido en el cerebro y podría tener una alteración cardiaca.

Portavoces del hospital y la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tarrant, que representa el hospital en la demanda, no se pronunciaron sobre el caso.