La demanda trillonaria al Estado

El monto de las pretensiones y el origen de la demanda son tan descabellados que no merecerían más que un registro anecdótico, de no ser porque hace un par de semanas citaron a conciliar al director del Banco de la República y al ministro de Hacienda. Esto obligó a que ambas entidades dedicaran por varios días a grupos de abogados para tratar de desenmarañar la compleja demanda de casi 3.000 páginas. Por la cuantía, el proceso también llegó a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, y obligó a crear una mesa interinstitucional con los directores jurídicos de las entidades mencionadas donde se estudiaron diversas estrategias para contener la molesta reclamación y evitar que después se convierta en un dolor de cabeza más grande.

Franco no quiso pronunciarse sobre el pleito. Sin embargo, su apoderado confirmó a SEMANA que el origen de la demanda es una reclamación conjunta de los de la lista y que su cliente “arregló” para que él sea el beneficiario.

La lista 484 al Senado en 2002 estaba encabezada por Edgar Alberto Gómez Navas, conocido como Smith. También participaban su compañera sentimental, su hermano y un ingeniero amigo. La más llamativa de las irregularidades que alegan, según le contó a SEMANA uno de los de la lista, es que Smith no apareció con este sobrenombre en el tarjetón pese a haber registrado el cambio de nombre en una notaría. Así hubiera ganado no se habría podido posesionar pues estaba inhabilitado por una condena por alimentos.

Sin importar esto, desde ese momento Tangarife comenzó una ofensiva solicitando a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral que le explicaran por qué no se usó el apodo en el tarjetón, a lo que le atribuye la pérdida de las elecciones. Pese a las respuestas oficiales, Franco consideró que no hubo un pronunciamiento de fondo y que se configuró lo que en derecho se conoce como silencio administrativo positivo. Esta revista consultó abogados expertos en la materia que aseguran que esa figura de ninguna manera aplicaría para un caso así. Entonces. en 2002 y 2003, Tangarife protocolizó el supuesto silencio al menos cinco escrituras, y asumió que esos documentos se convertían automáticamente en un título que podría cobrar al Estado.

En ciertos casos la ley contempla que antes de iniciar el litigio se debe buscar una conciliación, por eso llegó a manos de la Procuraduría. El ente de control argumentó que la cita se suspendió porque, al ser la demanda un reclamo ejecutivo, el caso no debía pasar por la etapa de conciliación sino que podía ir directamente a cualquier despacho judicial. Tangarife apeló la decisión la semana pasada y está pendiente la respuesta.

En vez de calmar las alertas, lo que hizo la solución de la Procuraduría fue encenderlas más, pues en vez de cerrar el paso a esta suerte de abuso del derecho, se orientó para que el proceso quede en manos de un juez. El temor es que este proceso caiga en manos de uno que por falta de diligencia admita esta causa absurda. De ahí que se evalúa una solicitud al Consejo Superior de la Judicatura para que diseñe algún mecanismo que permita una revisión y una pronta evaluación de las pruebas en las que Tangarife sustenta sus peticiones. 

Una decisión adversa contra Tangarife lo obligaría a pagar un porcentaje de sus pretenciones al Estado por los perjuicios causados durante el proceso. Como en Colombia nadie tiene esa fortuna, nada pasará y la única plata que se verá a lo largo de este desgastante litigio es la que el país invirtió en abogados y tiempo de distracción en causas de mayor beneficio para los colombianos.