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| 5/16/2015 10:00:00 PM

Avatares financieros

Las dos últimas décadas del siglo XX pusieron a prueba al sistema financiero colombiano. El exministro Juan Camilo Restrepo Salazar relata las dos crisis que se vivieron y las lecciones que dejaron.

Adiferencia de  la crisis de finales de los noventa, la de los años ochenta fue una crisis más de malos manejos y de autopréstamos que de solvencia. Además de la desaceleración económica de comienzos de la década hay que mencionar, ante todo, la fiebre especulativa y el uso indebido del ahorro público para adquisición de empresas y autopréstamos que se gestaron en aquella época.
La crisis se originó durante la administración del presidente Julio César Turbay, y estalló en los últimos meses de ese gobierno y en los primeros de la Presidencia de Belisario Betancur.

Durante la primera fase de esta crisis se tuvo que actuar con los instrumentos ordinarios de que se disponía en aquel momento: la Ley 45 de 1923 y el numeral 14 del artículo 120 de la anterior organización constitucional. Resulta muy diciente recordar lo que dijo la comisión de empalme que nombró el presidente Betancur sobre el llamado grupo Colombia o Furatena: “La reciente intervención de la Superintendencia Bancaria en tres entidades del Grupo Colombia (Financiera Furatena, Banco Nacional y Corporación Antioqueña) ha puesto al descubierto un grave caso de concentración de crédito en cabeza de los principales accionistas, así como la pésima calidad de los activos en que estaban representados tales créditos. Se estima que cerca de 9.000 millones de pesos de los 30.000 millones a que ascendían las captaciones del Grupo, estaban prestados al señor Félix Correa. La gran mayoría de estos créditos no estaba respaldada con garantías adecuadas, y lo que es más grave aún, en casos como Financiera Furatena y Corporación Antioqueña se encontraron altos porcentajes de cartera ficticia”.

Como ha quedado dicho, dentro de las múltiples actuaciones que debió afrontar la administración Betancur para desactivar aquella crisis financiera de 1982-1983, vale la pena destacar dos hechos descollantes: la creación de Fondos de Garantías (Fogafín) y la expedición del Decreto 2920 de 1982.

El Banco de la República es una entidad creada y autorizada por la ley para prestar asistencia de liquidez, pero no para efectuar inyecciones de capital en los bancos afiliados.  Como es lo usual en todos los bancos centrales, hace préstamos a las entidades que enfrentan retiros inesperados o estacionales de depósitos, pero no le es dado volverse accionista de dichos bancos.
Ahora bien, cuando sucede una crisis patrimonial y no de liquidez, es claro que el Banco de la República dispone de herramientas muy limitadas jurídicamente para manejar este tipo de crisis. Por eso, básicamente, se creó el Fondo de Garantías: para llenar el vacío existente en Colombia en el campo del apoyo patrimonial al sistema.

En el manejo de la crisis de los años ochenta debe subrayarse también cómo, con los instrumentos novedosos de la nacionalización del Decreto 2920 de 1986, se evitó una crisis sistémica que se habría desencadenado, por ejemplo, con una intervención tradicional del Banco de Colombia. Fue una intervención equitativa, sin socialización de pérdidas, y exitosa, pues se preservó el principio de “too big to fail”.

Crisis al final del siglo


Hay que enmarcar la crisis de finales de los ochenta dentro de los acontecimientos del sudeste asiático; las altas tasas de interés que el Banco de la República había establecido para sostener la banda cambiaria que entonces prevalecía; los cambios regulatorios que se le introdujeron al sistema Upac –muy especialmente los de 1988 por los cuales la referencia de los créditos hipotecarios se varió de la inflación al DTF–; y el mal manejo del sistema financiero cooperativo que se propagó durante la administración Samper.

A diferencia de lo que había sucedido una década antes, la urgencia de los apoyos tenían que ser fundamentalmente en el área de la solvencia, más que en el de la liquidez.

Una primera medida que se tomó fue la emergencia económica (decretos 2330 y 2331 de 1998). Allí se creó el impuesto a las transacciones financieras, no para favorecer banqueros sino la confianza pública del sistema y a cerca de 15 millones de usuarios, que habrían sido los grandes perdedores si se les caía encima la estantería del sistema financiero.

Hay que recordar que la Corte Constitucional, al definir la constitucionalidad de los decretos de emergencia económica, restringió el uso del impuesto a las transacciones financieras a solo tres propósitos (banca pública, deudores hipotecarios y acreedores cooperativos).

Además del uso de las facultades de emergencias, el gobierno desarrolló, a través de Fogafín, una importante línea de crédito de capitalización de entidades financieras. Se trató de la Resolución 6 del 30 de junio de 1999, adoptada para dar apoyo a instituciones financieras privadas que enfrentaban graves problemas de solvencia ante la decisión de la Corte Constitucional, ya comentada, prohibiendo que las medidas adoptadas en el Decreto 2331 de 1998 beneficiaran a tales instituciones.

El gobierno facultó a Fogafín para establecer una línea de crédito destinada a otorgar préstamos a los accionistas de los establecimientos de crédito y a terceros interesados, cuyo producto se destinaría a la capitalización de los mismos establecimientos. Es importante recalcar que el crédito iba dirigido a los accionistas, quienes respondían con sus patrimonios en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas. No se trataba de salvar banqueros sino, a la postre, apoyando la capitalización del sistema, de proteger a los ahorradores todos y a la confianza pública.  

Lección aprendida

Los costos del manejo de la crisis, que ya se han recuperado en su totalidad, no ascendieron a más del 1 por ciento del PIB: un costo bajísimo si se le compara con el que han tenido crisis análogas en otros países.
La mayor parte de los recursos se dedicaron a la banca pública, a los ahorradores hipotecarios y a las acreencias de los cooperativos; tal como lo había ordenado la Corte Constitucional.

Con las medidas adoptadas, se desactivó a bajo costo y sin beneficiar indebidamente a nadie, la que sin lugar a dudas fue la crisis financiera más seria del siglo XX y comienzos del XXI.

Las dos crisis registradas dejaron mejor preparado al sector financiero colombiano frente a los avatares de las crisis nacionales e internacionales, como se comprobó con la crisis internacional financiera de 2008, cuyos efectos fueron tenues en Colombia.

El sistema, hoy en día, está mejor preparado financiera y patrimonialmente; disponemos de un control prudencial mucho más sofisticado que el que existía en las últimas dos décadas del siglo XX; hay ahora instituciones claves como Fogafín; y el sistema en su conjunto es mucho más sólido.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia: como lo evidenció la crisis de las pirámides, donde además de malos manejos (captación ilegal de recursos del público) hubo falencias en los mecanismos de prevención y control del Ministerio de Hacienda y de los organismos de control del Estado.

Prevenir una crisis financiera no es un capricho, es un deber del Estado; y las medidas reseñadas en esta nota tuvieron como propósito precaver y proteger a los ahorradores y la confianza pública en el sistema. No para premiar o favorecer a los bancos como a menudo, con simplismo, se afirma.
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