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| 9/16/2016 6:33:00 PM

Tenso pulso entre Vargas Lleras y la gobernadora de Meta

El vicepresidente le exige a la mandataria departamental explicar por qué el primo de su marido tiene contratos por más de $400.000 millones con la Gobernación. Procuraduría investiga.

Pocas veces se ha registrado un tire y afloje tan tensionante como el que vienen protagonizando el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y la gobernadora de Meta, Marcela Amaya, alrededor de las obras de la malla vial del departamento.

El jueves, Vargas Lleras viajó a Villavicencio para cortar la cintilla e inaugurar un túnel en la vía que comunica a la capital de Meta con Bogotá. Segundos antes de que se tomara la foto, la gobernadora Amaya, quien se encontraba junto al vicepresidente, se apartó del lugar después de haber recibido un nuevo regaño público del segundo a bordo del gobierno nacional, y quien tiene a su cargo las políticas de infraestructura.

La tensión entre ambos viene de tiempo atrás. Hace unas semanas, en La Macarena (Meta), Vargas le reclamó a la gobernadora por el avance de las obras de la doble calzada en las salidas de Villavicencio-Acacías y Villavicencio-Puerto López.

Las obras de los tramos Puerto Gaitán-Puente Arimena, así como la conexión de la antigua salida a Bogotá con el nuevo túnel de Buenavista, han quedado aplazadas por un supuesto desequilibrio financiero.

El proyecto Malla Vial del Meta, que va a intervenir las principales vías del departamento, será ejecutado mediante Alianza Público-Privada de Iniciativa Privada (APP-IP). Es decir que la Nación no destina recursos sino que el concesionario recupera su inversión con la administración de los corredores viales durante un tiempo determinado medido en número de años.

Hace unas semanas, varios peajes en la vía Puerto López-Puerto Gaitán sufrieron incrementos casi del 300 %, con el propósito de darle músculo financiero al proyecto. El inconveniente es que nadie quiere pagar peajes, aunque todos reclaman las vías.  

El tema ha sido tratado entre el gobierno nacional, a través  de la Agencia Nacional de Infraestructura, y el departamento de Meta. Desde la administración de Alan Jara se acordó que Meta hacía unas obras con sus recursos (obra pública) para que no fueran realizadas por la APP-IP, precisamente, para no incrementar costos a los usuarios de las vías.

Según el vicepresidente, ese compromiso no ha sido cumplido por la Gobernación de Meta.

Vargas Lleras, mediante tres derechos de petición, ha reclamado explicaciones después que la Asamblea de Meta autorizó un crédito (empréstito) para aportar los 200.000 millones de pesos con los que se comprometió.

El interés del vicepresidente es que el proyecto se haga efectivo porque hace parte de la conectividad integral del centro del país con los Llanos (vías Bogotá-Villavicencio, Malla Vial del Meta, Villavicencio-Yopal), y obviamente porque es una de las obras que le podría significar futuros réditos políticos.

La gobernadora Marcela Amaya (elegida por la coalición Partido Liberal y Alianza Verde) se cansó de los reclamos públicos del vicepresidente y aseguró que su departamento, contrario a lo que dice Vargas Lleras, sí está cumpliendo con las obras de las dos dobles calzadas Villavicencio-Porfía en la vía Acacías y en el tramo Villavicencio-Ocoa en la salida hacia Puerto López.

La gobernadora se quejó porque hacen falta 130.000 millones de pesos, y al no tener regalías, el proyecto vial se debe adelantar mediante vigencias futuras.

“No tiene por qué reclamarme en público. No tiene por qué enviarme tres derechos de petición porque hacemos parte del Gobierno y cada vez que me ve, no hace sino hablarme de eso (…) lo molesto es que el vicepresidente no escuche y no vea la voluntad política y administrativa de la región… yo qué culpa tengo de que se haya estructurado mal este proyecto con la ANI”, dijo Amaya en una entrevista para RCN Radio.

Pero el pulso no paró ahí. Tras conocer las declaraciones de la gobernadora de Meta, Vargas Lleras arremetió de nuevo.

Este viernes, en el congreso anual de Fenalco, alzó aún más la voz. “La Gobernación de Meta se había comprometido a contratar unas obras que hacen parte de esa concesión por 200.000 millones de pesos y no lo han hecho, la carretera no se ha podido iniciar. (…) Los contratos se deben cumplir”.

Pero tras dar su versión del estado de las obras, el vicepresidente sorprendió al auditorio con una grave acusación. “La señora gobernadora no le ha dicho al país por qué el primo de su marido tiene contratos por 400.000 millones de pesos con la propia Gobernación de Meta”.

La referencia tiene que ver con Iván Alberto Pérez Gómez, primo de Jorge Camelo Pérez, esposo de la gobernadora Marcela Amaya. Es el gerente de la firma MC Construcciones LTDA., que cuenta con 1,8 billones en contratos entre el 2014 y el 2015 a través de 263 consorcios y uniones temporales.

Los departamentos donde más hace presencia esta firma son Meta, Casanare, Santander, Guainía y Arauca. En Meta y Casanare ha ganado numerosas licitaciones, en las cuales ha sido el único oferente, según informes de la Auditoría General de la República.

En varios medios de comunicación, y hasta en pronunciamientos de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el nombre de MG Construcciones Ltda. ha estado vinculado a denuncias por irregularidades en procesos licitatorios. Sólo con el Instituto de Desarrollo del Meta ha contratado en menos de cinco años más de 700.000 millones de pesos.

“Yo como no tengo pelos en la lengua, desde el congreso de Fenalco le pido (a la gobernadora de Meta) que le explique a Colombia por qué el primo de su marido tiene contratos con la Gobernación del Meta por 400.000 millones de pesos”, insistió Vargas Lleras.

La primera consecuencia de este pulso es que la Procuraduría citó a la gobernadora Amaya, quien deberá dar explicaciones sobre los señalamientos del vicepresidente el próximo lunes 19 de septiembre a las 2:30 p. m.   

El pulso en trinos

 

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