05/01/2013

Obstáculos en las vías nacionales

INFRAESTRUCTURALa cuarta generación de concesiones, el plan de infraestructura más grande en la historia del país, enfrenta serios problemas relacionados con licencias ambientales, compra de predios, consultas con las comunidades y estudios de las obras.

En momentos en que el go-bierno se dispone a adjudicar las primeras licitaciones de la cuarta generación de concesiones llamó la atención una propuesta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) que pidió aplazar por unos meses más este proceso. La petición causó sorpresa porque proviene del gremio que más ha insistido en agilizar la ejecución de las obras viales para poner a andar la locomotora de la infraestructura, una de las más rezagadas.

La propuesta fue descartada por el gobierno. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, en carta enviada al presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, le manifestaron que el país no puede perder tiempo para cerrar la brecha de competitividad del sector.

La administración Santos ya tiene listas las primeras cuatro licitaciones para las vías Girardot–Puerto Salgar; Cartagena­–Barranquilla; Mulaló–Loboguerrero, en el Valle, y la perimetral de Cundinamarca (Briceño–Cáqueza), que demandan inversiones por 4 billones de pesos y cuyos procesos de precalificación de proponentes se inician a mediados de este mes. El segundo paquete, que saldrá a licitación en los próximos meses, corresponde a las Autopistas de la Prosperidad. Estas vías hacen parte de los 30 proyectos viales de la cuarta generación de concesiones, el plan de infraestructura más grande emprendido en el país y que comprende la reparación, mantenimiento y construcción de dobles calzadas en 8.000 kilómetros de carreteras, con inversiones por 40 billones de pesos.

La cuarta generación de concesiones busca mejorar la movilidad y lograr una buena comunicación entre el centro del país y los puertos, algo que se considera fundamental para sacarle provecho a los tratados de libre comercio que viene firmando Colombia.

Mientras el gobierno afir-ma que todo está en orden para acelerar la marcha de esta locomotora, el sector privado de la infraestructura tiene grandes dudas. Problemas relacionados con las licencias ambientales, la compra de predios y los estudios de las obras aparecen como serios obstáculos en el camino.

Según el gremio hay que resolver estos problemas a tiempo, para evitar que se repita lo sucedido en el pasado con obras que siguen sin avances. Ese es el caso de la doble calzada Bogotá–Girardot, Bogotá–Tunja o la Ruta del Sol, que han sufrido retrasos en su ejecución por la demora en los permisos ambientales, la adquisición de terrenos y por los inconvenientes con las redes de servicios públicos.

En el tema de las licencias ambientales, la CCI propone que se expida la licencia de manera previa al inicio de la obra, lo que disminuiría posibles demoras y mayores costos en la construcción de la obra – en el tramo 1 de la Ruta del Sol el mayor tropiezo es la controversia ambiental ya que una parte de la vía atraviesa por una zona de reserva forestal y geológicamente inestable–.

En cuanto a los predios, el sector privado sostiene que el gobierno debería ayudar más para agilizar la compra de estos, pues se está convirtiendo en un gran cuello de botella. En la ejecución de un proyecto vial, el contratista debe gestionar la compra de por lo menos 1.000 predios en promedio, con un costo que supera los 160.000 millones de pesos, recursos que le son reembolsados por el gobierno con el pago de los peajes.

Para el presidente de la CCI otro tema que debe ser resuelto antes de adjudicar las primeras obras es el diseño de las vías. Dice que varios proyectos van a salir a licitación sin estudios completos, que no minimizan los riesgos y que no responden a los requerimientos del cambio climático. “Del afán no queda sino el cansancio. Si para garantizar que estos obstáculos se superen hay que demorar un poco las adjudicaciones, se justifica hacerlo. Lo que el país no nos perdonaría es que desaprovecháramos este momento para hacer carreteras competitivas”, dice el dirigente gremial, quien sostiene que el presidente Santos no pasará a la historia porque corte la primera cinta en una carretera, sino porque haga vías de última generación.

Hablan los expertos

Un estudio realizado por una comisión de alto nivel conformada por abogados, economistas e ingenieros, que nombró el presidente Juan Manuel Santos hace cerca de un año, acaba de presentar sus conclusiones, en las que presenta algunas sugerencias que coinciden con las inquietudes de los concesionarios.

El exministro de Hacienda Guillermo Perry, quien hizo parte de la comisión, dice que si bien en la cuarta generación de concesiones hay avances importantes porque están mejor estructuradas y se exige capitales mínimos a los concesionarios, existen problemas que deben ser solucionados, como las consultas con las comunidades, que deberían ser resueltos por el propio gobierno en lugar de dejarlos en cabeza de los contratistas.

En la compra de predios sugiere facilitar los procesos expropiatorios. “No tiene ningún sentido que un trámite entre entidades del gobierno y cuando se trata de vías de interés público sea resuelto por el sector privado. Estos trámites pueden ahuyentar a los buenos concesionarios y a muchos extranjeros”, afirma.

Y la verdad no le falta razón. En la doble calzada Bogotá–Girardot, por ejemplo, la construcción de un tramo de la vía se había paralizado porque el Ministerio de Defensa no daba el permiso correspondiente. Y así como ese hay muchos casos donde se cruzan intereses de entidades estatales.

La Comisión de expertos también sugiere que la ANI no realice la estructuración de los proyectos porque no cuenta con la capacidad técnica para hacerlo, y que esta labor la delegue en otra entidad que tenga estructuradores de muy alto nivel. La ANI se dedicaría a subcontratar y adjudicar los proyectos.

Si bien el gobierno considera que algunas propuestas se pueden discutir -desde hace varias semanas las viene analizando en mesas de trabajo con el sector privado-, insiste en que el proceso no se puede detener. La ministra de Transporte dice que se están invirtiendo más de 200.000 millones de pesos en estudios para preparar debidamente los proyectos y que se contrataron firmas de talla mundial dentro y fuera del país que están trabajando coordinadamente con el Ministerio del Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Sobre el diseño estandarizado de las vías afirma que debido a las características de la topografía colombiana y a la circulación de vehículos, unas carreteras tienen características para 60 kilómetros por hora y otras para 80 kilómetros.

El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, sostiene que es muy diferente construir un kilómetro de vía en terreno plano, que puede llegar a tener un costo de 3.000 millones de pesos, que construir en terreno montañoso donde se requieren túneles y viaductos. En este caso el mismo kilómetro puede valer 10 veces más. En torno a la compra de predios reconoce que el sector privado es más ágil que el Estado a la hora de negociar. Sin embargo, anunció que el gobierno está preparando un proyecto de ley con el fin de agilizar la expropiación por vía administrativa.

Lo cierto es que a la cuarta generación de concesiones le llegó la hora de la verdad. El gobierno no está dispuesto a demorar más la adjudicación de proyectos cuando lo han criticado por llevar demasiado tiempo dejando la casa en orden y haciendo estudios, y menos cuando se espera que esta locomotora sea la que jalone este año el crecimiento económico, que comenzó a mostrar signos de debilidad. Pero lo que no puede pasar es que este ambicioso programa que se lanzó con bombos y platillos termine en otra desilusión para los colombianos que esperan por fin comenzar a transitar por vías modernas y seguras.

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