26/01/2013

Caso Varela Bellini: una novela judicial

POLÉMICADespués de casi un año de tires y aflojes, la Justicia aceptó un preacuerdo entre el joven Juan Carlos Varela y los familiares de los tres motociclistas que murieron atropellados por él en un accidente de tránsito.

La semana pasada llegó a su fin un proceso alrededor de un accidente trágico que se había convertido en un caso de alto perfil y de gran interés mediático. Se trataba de la muerte de tres motociclistas que fueron arrollados en la vía Bogotá- La Calera por un automóvil conducido por el joven caleño Juan Carlos Varela Bellini. El interés de ese incidente giraba alrededor de que Varela, de 24 años, era considerado una de las figuras más promisorias de la sociedad vallecaucana. Apuesto, popular, deportista estaba comenzando una ascendente carrera en Bancolombia. A esto se sumaba que pertenecía a una de las familias más prominentes del departamento, siendo su padre un miembro de la familia Varela –famosa por el jabón que lleva ese nombre– y su madre la distinguida reina de belleza Miriam Bellini. Aunque el negocio familiar fue vendido hace unos años a Unilever, los Varela siguen siendo un símbolo de los valores tradicionales del empresariado vallecaucano.


El accidente sucedió el pasado 7 de julio, aproximadamente a las 9 de la noche en las afueras de Bogotá. Juan Carlos había ido a jugar golf al club La Pradera y por la lluvia ese plan se había frustrado y se había quedado departiendo con unos amigos hasta pasadas las 8 de la noche. Durante ese lapso se tomó unos tragos, al igual que sus compañeros de mesa, antes de regresar todos a sus casas. En una curva entre La Calera y Bogotá, por cuenta de unos trabajos de obra, se habían colocado unos separadores que reducían el tamaño del carril. En sentido contrario venía un grupo de varias docenas de motociclistas que en medio de la oscuridad acabaron en un choque con el mercedes de Varela. Murieron en ese accidente Édgar Fajardo y su novia, Susana Padilla, que iban en una moto, y Emilce Quiroga, que iba en otra. Otra persona quedó herida, pero no en forma muy grave y se recuperó. 

Como era de esperarse se armó un gran revuelo. El cuantioso grupo de motociclistas reaccionó agresivamente contra el conductor del vehículo, quien a su turno cuando llegaron las autoridades manifestó estar dispuesto a someterse a una prueba de alcoholemia, pero bajo supervisión profesional y no en las condiciones exaltadas de la escena de la tragedia. Todo esto desembocó en que esa prueba no se hizo, pero sí se les practicó una prueba preliminar de alcoholemia a los motociclistas que iban conduciendo y su nivel de alcohol era un poco superior al permitido legalmente. Aunque el de Juan Carlos no se practicó, él siempre reconoció que sí había estado tomando. Del lugar de los hechos lo trasladaron al CAI de la Calera y posteriormente a la URI de Usaquén.  Como no había un fiscal disponible en ese momento y reinaba un gran desorden, se le permitió regresar a su casa después de firmar una carta en la cual se comprometía a comparecer la semana siguiente. 

Juan Carlos fue acusado por la Fiscalía de homicidio agravado con dolo eventual, lo cual daba pie a una condena de 17 a 34 años de cárcel. Aunque se trataba de un accidente que le podía suceder a cualquiera, la legislación colombiana considera doloso cualquier tragedia que sea resultado del alcohol. En otras palabras, si un hombre con unas cervezas atropella y mata una persona, jurídicamente su trato es igual al que tiene la intención de matar. 

Con esos antecedentes, Varela fue recluido en la cárcel La Modelo, y sus abogados procedieron a buscar una negociación con la Fiscalía. La primera respuesta del fiscal Leonardo Cerón fue que antes de cualquier negociación tendría que haber reparación a las víctimas. Los Varela entraron en contacto con los familiares de los fallecidos para expresar su solidaridad y ofrecer una compensación. Con los allegados inmediatos se llegó a reconocer una buena voluntad y se llegó incluso a una relación cordial entre las dos partes. Cuando se llegó al monto de la compensación, el número de víctimas pasó rápidamente de menos de 10 a 19 y las peticiones económicas alcanzaron a superar los 3.500 millones. Los Varela, quienes no sabían manejar este tipo de situaciones, le pidieron consejo al fiscal Cerón. Este, con ánimo constructivo, los remitió a un funcionario de la Fiscalía para que los acompañara durante el proceso. El resultado final fue una reparación de 1.350 millones de pesos con todas las víctimas satisfechas con la excepción de un hermano de 41 años de una mujer fallecida quien se declaró dependiente económico de ella y pidió 250 millones de pesos. 

Con 18 de las 19 personas de acuerdo con los términos del arreglo, el fiscal llegó a un preacuerdo con los Varela en el que el delito cambiaba de categoría de homicidio doloso a culposo. Aunque este último suena peor, jurídicamente significa que Varela no tenía la voluntad de matar y permite un tratamiento más favorable. Se llegó a cinco años y nueve meses de cárcel con la posibilidad de detención domiciliaria. La Procuraduría estuvo de acuerdo con esta fórmula. 

El miércoles pasado, cuando el caso llegó a manos de la juez 30 penal del circuito de conocimiento, para sorpresa de todos los presentes, esta rechazó el preacuerdo invocando la gravedad de los hechos y desconociendo los términos de la Fiscalía. En otras palabras, más del doble de años de cárcel y nada de detención domiciliaria. Los Varela se derrumbaron y a Juan Carlos se requirió darle un medicamento. En ese momento sucedió algo inusual. Los familiares de los muertos le solicitaron a la juez que revisara esa decisión. Describieron la actitud de los Varela, no solo en términos económicos sino humanos. La Fiscalía y la Procuraduría se sumaron a esa decisión. La juez pidió unos minutos para estudiar la situación y retomar la audiencia. Los minutos se convirtieron en más de una hora. Al regresar, la doctora María del Rosario Martínez Sánchez manifestó que ante los argumentos que acababa de escuchar estaba dispuesta a revisar su decisión y a aceptar el preacuerdo ofrecido originalmente. 

Esa decisión ha sido objeto de controversia. Al tener la tragedia ribetes de alcohol, oligarquía y lucha de clases, algunas voces interpretaron el resultado como la compra de la Justicia por parte de unos ricos. Esa, sin embargo, no fue la única interpretación. Algunos sectores, comenzando por el vicefiscal general, Jorge Perdomo, presentaron el caso como un ejemplo de justicia restaurativa que debía aplicarse con más frecuencia. “Hay que empezar a cambiar la mentalidad inquisitiva. No vemos por qué impedir un arreglo que implique una sanción al agresor y un resarcimiento para la familia de la víctima, todo en el marco de la ley. La Justicia no es sinónimo de cárcel”, dijo Perdomo. El concepto es que al tratarse de un accidente y de personas que no son un peligro para la sociedad la reparación de las víctimas puede ser más útil que 20 años de cárcel. Nadie pretende que haya un perdón, pero sí un gradualismo de la pena dependiendo de cada circunstancia. 

Como en la aplicación de la Justicia siempre es más rentable ser duro que ser flexible, el manejo para los funcionarios de la Fiscalía y de la Rama Judicial no fue fácil. El fiscal Cerón mostró un gran equilibrio durante todo el proceso y la juez 30 hizo algo que requiere valor en un caso tan publicitado como ha sido este: cambiar de opinión ante nuevas realidades con el riesgo que esto conlleva frente a los medios y a un importante sector de la opinión pública.

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