07/02/2013

Embargan al “Barrabás” de la realeza española

MONARQUÍAA Iñaki Urdangarín, yerno del rey y acusado de robo, le embargarán los bienes para poder pagar una fianza de 8 millones de euros.

El juzgado que instruye el caso de corrupción en el que están imputados Iñaki Urdangarin, yerno del rey de España, y su exsocio Diego Torres les pedirá que presenten una relación de bienes para embargar con los que poder responder a la fianza de casi 8,2 millones de euros que se les impuso.

Este será el siguiente paso que dará el magistrado instructor del caso Nóos, José Castro, después de que el miércoles finalizara el plazo que estableció para que el duque de Palma y Torres constituyeran la fianza de responsabilidad civil, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la región de Baleares.

Para requerir la relación de bienes -que puede incluir propiedades, acciones o dinero-, el juez Castro dictará una providencia, aunque no se ha concretado la fecha.

Dependiendo de su régimen matrimonial, Urdangarin y Torres podrán presentar bienes que también sean propiedad de sus esposas, la infanta Cristina, hija menor del Rey Juan Carlos, y Ana María Tejeiro, ésta última también imputada en la causa.

La fianza de 8,2 millones de euros (casi 11 millones de dólares) fue impuesta el pasado 30 de enero por el juez. La justicia investiga el desvío de 6,1 millones de euros de fondos públicos procedentes de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia al Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que Urdangarin presidió.

La cifra corresponde a esos fondos públicos percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales.

El juez instructor señaló en el auto que impuso la fianza que se han hallado "más que suficientes indicios de criminalidad" en la actuación de Urdangarin y Torres al frente del Instituto Nóos.

Y apuntó a la comisión por parte de ambos de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias en varios de los convenios que suscribieron a través de Nóos.

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