14/02/2013

Efectos adversos de la reforma tributaria

Por: Rafael Rodríguez-Jaraba*

OPINIÓNHay que tener valor para defender semejante adefesio; pero el Gobierno es invencible haciendo de sus errores, aciertos.

La Nación sigue sin medir las consecuencias de la reforma tributaria, aprobada de manera irresponsable por un Congreso deslegitimado, que antepuso a los intereses nacionales los de un gobierno repentista al que no le bastaron más de dos años para diseñar una reforma estructural.

 
Algunos congresistas aún no saben lo que aprobaron, y cuando se les pregunta por sus efectos y alcances, no ocultan su confusión. Tampoco saben dar explicación sobre los errores y las contradicciones de su enrevesado articulado ni cómo se deberá surtir su enmienda. De nuevo el Congreso ha dado testimonio de su falta de estatura para legislar.

En su conjunto, la reforma es regresiva, mantiene la inequidad, consolida los privilegios, castiga el trabajo y premia el capital. Además, favorece al sistema financiero, atomiza la tributación y hace más difuso el recaudo.

Hay que tener valor y poco pudor para defender semejante adefesio; pero el Gobierno es invencible haciendo de sus errores, aciertos, y de sus derrotas, triunfos.

Por falta de espacio, tan solo revisemos algunos desvaríos aprobados. 

Empecemos por decir que el IVA de los arrendamientos comerciales se aumentó en un 6 por ciento adicional al 10 por ciento vigente, lo que sumado al ajuste anual pactado en cada contrato, que por lo general no es inferior al IPC (2, 44 por ciento), implica que a partir de este año, el arrendamiento de los establecimientos de comercio se incrementará como mínimo en un 8, 44 por ciento, lo que obligará a aumentar precios o a solicitar que no se hagan efectivos los ajustes pactados.

Este aumento es un golpe artero a la economía formal que estimula la inflación, alienta la informalidad y puede provocar mayor elusión y evasión. Este solo ejemplo permite concluir que la reforma se obcecó con el sector real, mientras que consolidó y amplió los privilegios del sector financiero.

En cuanto al Impuesto de Renta, su disminución en 8 por ciento es una quimera, toda vez que el nuevo CREE (impuesto sobre la renta para la equidad) no solo es mayor (9 por ciento) a la disminución, sino que además desestimula la generación de utilidades, y por ser su recaudo futuro e incierto, dejó en el limbo la financiación del ICBF y el SENA. Preocupa advertir que la disminución en el recaudo por renta (ocho billones de pesos), se compensará con los tributos que pagarán trabajadores y consumidores.

En cuanto a los impuestos a la nómina, recordemos que el presidente Santos dijo que “la reducción de los parafiscales generará empleo”, afirmación vaga que ofende el sentido común y desconoce que lo único que lo genera es el crecimiento económico.
 
Y qué decir del nuevo IVA del 16 por ciento sobre AIU (administración, imprevistos y utilidad), el cual pagarán las empresas que contraten servicios de vigilancia y aseo, o que, en períodos de alta producción, contraten mano de obra temporal. La forma de liquidar este tributo es abiertamente ilegal, pues la obligatoriedad de su pago se funda en una imposición arbitraria, como es que el AIU no puede ser inferior al 10 por ciento del valor de la factura, cuando por lo general lo es. Este exabrupto conmina a aumentar el AIU o a facturar un tributo sin que exista el hecho causal.

En cuanto al 4X1.000, no solo no se abolió, sino que se eximió de su pago las operaciones que efectúan los intermediarios financieros, causantes de su imposición.

Por el bien del país, la reforma tributaria debió haber terminado hundida, como las de educación y justicia.

*Consultor jurídico y corporativo. Especializado en derecho comercial, financiero y negocios internacionales. Profesor universitario. Director de Rodriguez-Jaraba & Asociados.

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