23/02/2013

El dilema del campo colombiano

SUBSIDIOSLa revaluación y los TLC tiene a distintos sectores del agro pidiendo subsidios del gobierno. ¿Hay plata para tanta gente?

El tema del agro colombiano está cada día más en la agenda nacional. No solo por la vía política con las negociaciones del tema de tierra en La Habana que adelanta el gobierno con las Farc, sino por la vía económica donde la revaluación y la firma de tratados de libre comercio tienen a varios sectores del campo en dificultades.


El tema del café ha sido el que más ha sonado. Para nadie es un secreto la importancia estratégica que representan las más de 500.000 familias de caficultores en todo el territorio. Por esta razón el gobierno aprobó un paquete de ayuda adicional de 150.000 millones de pesos para subsidiar el precio interno. A pesar de que Santos les recordó que “nunca ningún otro sector ha recibido apoyos en la magnitud que les ha dado este gobierno a los cafeteros”, muchos líderes cafeteros sienten que es insuficiente y por eso harán un paro esta semana. Paro que adoptó un tinte político y donde todo el mundo quiere pescar en río revuelto.

Pero más allá de si los cafeteros deben recibir más subsidios del gobierno o no, otros empresarios sienten que también son merecedores de la ayuda del Estado. Lo cierto es que con la firma de los tratados de libre comercio varios sectores agropecuarios han sacado bandera roja, porque ya se ven amenazados por la importación masiva de productos; es el caso de la leche. Otros están golpeados por la revaluación del peso, como los bananeros y floricultores, y algunos más sufren por la caída en los precios internacionales, como los cacaoteros. Las peticiones al gobierno van y vienen: desde subsidios directos hasta mecanismos de protección como cláusulas de salvaguardia para restringir la entrada de productos.

En el trasfondo de esta realidad, hay un gran debate sobre hasta dónde deben y pueden ir las ayudas del Estado. Algunos economistas consideran que el gobierno debería proteger el campo como hacen las grandes potencias del mundo, pues se trata de un asunto de seguridad alimentaria. En Colombia hasta se podría hablar de seguridad nacional dada la importancia del campo y la tierra en el conflicto armado. Una problemática donde se entrecruzan tres grandes ejes: el territorio, la falta de Estado y la desigualdad. 

Otros analistas afirman que demasiados subsidios y medidas proteccionistas terminan por premiar la ineficiencia del sector agropecuario y de los empresarios. En este caso el dilema se resuelve por la mitad: es necesario ser selectivos, muchos subsidios deben ser temporales y, en todo caso, dirigidos a las actividades que más posibilidades tienen de progresar y las que sean más competitivas, de tal manera que ganen todos, empezando por los consumidores. O también a sectores que sean considerados estratégicos.

En los últimos meses las peticiones de los productores agropecuarios han crecido. Al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se le está llenando la taza, pues afirma que “hay una apetencia insaciable de algunos productores agropecuarios que piden subsidios y ayudas del Estado”.  

Según el ministro, algunos gremios utilizan el eufemismo de que no hay política agropecuaria, pero en el fondo están queriendo decir que la plata que les están dando no es suficiente. Todos quieren más.

Este es un tema no solo de voluntad política. También pasa por reconocer la realidad fiscal del país. La capacidad de apoyo que pueden dar naciones de la Unión Europea o el mismo Estados Unidos desborda la de los países emergentes, que tienen recursos limitados y que deben distribuir entre muchos.

Las cuentas oficiales indican que los desembolsos que se han entregado durante el gobierno nacional han sido enormes. En subsidios directos ha girado 2,4 billones de pesos (ver tabla). Este monto es un regalo a los productores. 

De estos apoyos directos se han beneficiado muchos sectores. Entre ellos los algodoneros que tienen garantizado un precio de sustentación, un privilegio del que no goza ningún otro sector en Colombia. A los cacaoteros se les acaba de prorrogar el subsidio a la comercialización, debido a que la salida de la cosecha para el periodo febrero-mayo de este año coincidió con una caída en el precio internacional. 

Los cafeteros son grandes beneficiarios de esta política, pues a ellos se les ha girado la mitad de los subsidios directos. Es decir, 1,2 billones de pesos desde 2010 a la fecha. Pero también han recibido ayudas los ganaderos, incluyendo los productores de lácteos, los arroceros, y el sector maicero.

Dentro de la política de ayuda al sector agropecuario, el ministro de Agricultura destaca el crédito otorgado, pues se trata de líneas de fomento con condiciones de tasas y plazos más favorables que un préstamo comercial. El año pasado los desembolsos de esta línea ascendieron a 6,5 billones de pesos. 

El asunto es que mientras todos se sienten con derecho a pedir, el ministro de Agricultura dice que la filosofía en adelante será menos subsidios y más provisión de bienes públicos, y que la idea es que no se lleve la plata el que más grite sino el que más la necesite. 

Además, el gobierno no puede entrar a sustituir el mercado en ciertas peticiones. Por ejemplo, algunos sectores, entre ellos los cafeteros, piden precios de sustentación, independientemente del estado del mercado internacional. Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas –quien maneja la chequera del Estado– eso valdría billones de pesos, que desbordaría las posibilidades fiscales del país.

El gobierno considera que es preferible invertir más dinero en proveer bienes públicos, porque es más equitativo y puede beneficiar a todos, pequeños, medianos y grandes productores, en lugar de a unos pocos. Esta política cuenta con varios elementos. En asistencia técnica, según el ministro de Agricultura, se ha destinado un recurso importante para fondear el programa de asistencia en 600 municipios con vocación agropecuaria. Para el tema de inversión en investigación, ciencia y tecnología, Corpoica juega un papel clave y recibió un gran impulso a través de un aumento de su presupuesto. En la agricultura moderna, la investigación es un área fundamental y un factor determinante para la competitividad y el crecimiento del sector. En un tercer aspecto, el gobierno reconoce que Colombia tiene un atraso gigantesco en riego y drenaje y por ello está apostando a desarrollar 100 pequeños distritos por año.

Finalmente, Restrepo dice que otra manera de ayudar al campo, en lugar de repartir dinero a diestra y siniestra, es proveer vivienda rural, que ha sido la cenicienta de la reasignación de los recursos públicos. El año pasado se entregaron 35.000 casas gratis y este año están previstas otras 100.000.

La plata no lo es todo, pues hay otros instrumentos que el gobierno puede usar para ayudarles a los sectores afectados, como las protecciones arancelarias. Por ejemplo, la importación masiva de leche en polvo proveniente del Mercosur tiene muy golpeada a la ganadería láctea. Por esto el gobierno tomó la medida de imponer un arancel del 90 por ciento a las importaciones de este producto provenientes de Argentina.

Pero proteger con aranceles o restringir las importaciones no se justifica en todos los productos. Después de los lecheros, los azucareros pidieron también una cláusula de salvaguardia bajo el argumento que hay una masiva importación del producto. Sin embargo, algunos industriales afirman que han tenido que importar la materia prima para ser más competitivos, porque los ingenios les están vendiendo más caro el azúcar localmente, mientras la exportan a precios más bajos. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación por presunta violación a la libre competencia de precios en este sector de los ingenios.

Ahora bien, cuando se piden mecanismos de protección para ciertos sectores, no se puede olvidar que del otro lado están los consumidores que no tienen voz. El ministro de Agricultura recuerda el caso de los molineros de arroz que han bajado el precio al productor en 20 por ciento, pero no al público. “ Las amas de casa colombianas pagan el arroz más caro de la región, hasta en un 30 por ciento por encima de lo que se consigue en Ecuador y Perú”, dijo. La Superintendencia de Industria también está investigando el tema de los molineros.

En síntesis, el gobierno les está enviado a los empresarios agropecuarios el mensaje de que se deben medir en sus peticiones. Por un lado, los consumidores también cuentan y por el otro las posibilidades fiscales son limitadas. Como dice el ministro Restrepo, el gobierno está haciendo prácticamente la multiplicación bíblica de los panes. Y a decir verdad, no hay que esperar más milagros.

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