La presencia de actores armados sigue siendo el principal factor que amenaza la transparencia de los procesos democráticos en el país. Esa es la primera conclusión del mapa de riesgos electorales que realizó la Defensoría del Pueblo gracias a los reportes que los investigadores trasladaron al Sistema de Alertas Tempranas (SAT).
Según esta investigación, las elecciones del próximo domingo 14 de marzo, en las que se escogerá el próximo Congreso y dos movimientos decidirán su candidato presidencial, se ven “altamente amenazadas” en 244 municipios de 25 departamentos del país, lo que significa que hay “riesgo alto” en el 22% de los 1.101 municipios de Colombia. Otros 118 se encuentran en riesgo medio. Esto significa que 362 municipios, en 30 departamentos, tienen riesgo.
Si bien la cifra aún es preocupante, la Defensoría advierte que las de 2010 serán las elecciones en las que menores riesgos se presentan desde el 2002. Respecto de las más recientes elecciones, las de 2007, en las que el país escogió sus gobernantes regionales, la cifra se redujo de forma ostensible, pues en aquella oportunidad se identificaron 403 municipios en riesgo.
La razón, explica uno de los funcionarios de la Defensoría que lideró esta investigación, es que los actores ilegales tienen mayor interés en influir en las elecciones regionales, pues la incidencia en la política, la burocracia y la contratación regional y local, es uno de sus principales objetivos.
Corrupción, latente amenaza
Pero el informe advierte que la violencia que puedan ejercer estos grupos ilegales, traducidos en hostigamientos, amenazas, atentados, que puedan alterar las elecciones, ha sufrido una leve disminución. Pero a diferencia, hay un mayor número de municipios en los que la Defensoría alerta ante posibles actos de corrupción.
Entre estas conductas, las que la Defensoría alerta en su mapa de riesgos, se encuentran el constreñimiento al elector (intimidación para que vote) y la compra de votos. El informe advierte que 168 de los 244 municipios en riesgo están amenazados por constreñimiento, mientras que 67 por compra de votos.
El mapa de riesgos advierte que los siete departamentos de la región Caribe, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira, son en los que se concentran el mayor número de municipios en riesgo por conductas de corrupción.
No deja de ser particular pues ha sido la región que, en las elecciones legislativas de 2002 y 2006, se ha visto empañada por la infiltración de grupos paramilitares, tal como lo ha demostrado la justicia en sus investigaciones de la parapolítica. La mirada hacia otras regiones del país no deja de ser preocupante. Santander, Valle del Cauca, Chocó, son los que mayor riesgo presentan por corrupción.
Además de los departamentos de la costa Caribe, Arauca, Chocó, Huila y Valle del Cauca también registran alarmantes índices en los municipios en que se podrían registrar casos de constreñimiento al elector: 168 en total.
Entre el total de municipios en riesgo, el Sistema de Alertas Tempranas subraya tres casos muy particulares, donde la ingerencia de actores armados y su peligrosa influencia en la población es alarmante. Dibulla en La Guajira, San Vicente del Caguán en Caquetá y Piamonte en el Cauca. “Son municipios donde la presión armada sigue latente y la población se ve muy intimidada en este tipo de elecciones”, señala uno de los investigadores de la Defensoría.
La sombra de los grupos ilegales
Las Farc y los nuevos grupos armados ilegales, vinculados al narcotráfico, siguen siendo los actores de mayor incidencia. Para la Defensoría, la guerrilla podría influir en el 82% de los 244 municipios en riesgo, es decir, 200 en total. Mientras que las bandas criminales emergentes lo harían en el 69% de los municipios que hoy se encuentran en alerta, quiere decir que su influencia podría alterar la jornada en 168 municipios. El Eln, dice el informe, podría alterar los comicios en 75 municipios.
No deja de ser preocupante que todavía en Colombia, en los procesos democráticos, se registran amenazas contra candidatos, autoridades civiles, miembros de partidos y hasta electores. Para estas elecciones los investigadores de la Defensoría registraron que en 141 municipios se detectaron este tipo de conductas, sobre todo en departamentos como Norte de Santander, Santander, Tolima, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Quindío y Putumayo. En 166 se podrían presentar bloqueo a la población y dificultad en la movilidad de los electores. Hay 155 municipios en los que se podrían registrar posibles actos que perturben la votación o el escrutinio, mediante retención de cédulas, quema de urnas y otros actos de sabotaje.
La Defensoría también alerta ante posibles infracciones a los Derechos Humanos, y señala que en 54 municipios ubicados en Cauca, Tolima, Chocó, Meta, Caquetá y Putumayo, se podrían registrar posibles hostigamientos a la fuerza pública. Para los investigadores, otros 50 municipios estarían en riesgo ante posibles atentados.
Esta investigación demuestra la reducción de la violencia como factor de alteración de los comicios, especialmente desde 2002. Por ejemplo, en 2006, 330 municipios estaban en alto riesgo por la intimidación de grupos ilegales. La presencia de fuerza pública en la mayor parte del territorio, es una de las principales razones que argumentan los investigadores para señalar la reducción de este factor de riesgo.
La Defensoría del Pueblo también alertó al Gobierno sobre la vigilancia posterior a los comicios. Un factor de riesgo que podría alterar el proceso democrático no fue medido en el informe. Se trata de las posibles asonadas a Registradurías locales, algo que se produjo en las elecciones de 2007 en varios municipios. Los investigadores señalaron la dificultad de detectar este tipo de eventualidades.
Municipios en alto riesgo
- Por presencia de Farc: 200 municipios.
- Por presencia de grupos armados post Auc: 171 municipios.
- Por presencia de Eln: 75 municipios.
- Posibles actos de constreñimiento: 168 municipios.
- Posible perturbación del certamen: 155 municipios.
- Amenazas proferidas a candidatos y funcionarios: 141 municipios.
- Restricción de la movilidad: 116 municipios.
- Compra de votos: 67 municipios.
- Posible hostigamiento a población y fuerza pública: 54 municipios.
- Posibles atentados: 50 municipios.
- Posibles homicidios: 34 municipios.