Falencias en el contrato de transmisión y divulgación de datos con los subcontratistas, las fallas en la seguridad de los sistemas de información, bloqueos en las bases de datos, el hecho de que los equipos utilizados no correspondían a los ofertados para el proceso electoral, son las supuestas irregularidades por las que el Ministerio Público investigará al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez.
Al tiempo que anunció las indagaciones, el procurador general, Alejandro Ordóñez, sostuvo que en este momento, cuando faltan dos meses y medio para los comicios presidenciales, no es “prudente” que el Registrador se vaya.
Por su parte, el Carlos Ariel Sánchez se declaró dispuesto a responder por las fallas en el proceso. “Una investigación que se abra es una oportunidad para cumplir con mi deber y mi palabra de responder por las fallas en lo que a mí respecta”, dijo el Registrador.
La jornada electoral del pasado 14 de marzo, que se desarrolló en medio de una aparente calma en casi todo el territorio nacional, se complicó en horas de la noche cuando el sistema dispuesto por la Registraduría para la divulgación de los resultados trabajó de forma intermitente. Al final, no se conoció quién fue el ganador de la consulta conservadora.
Desde las cuatro de la tarde, hora en que se cerraron las urnas en todo el territorio nacional, hasta la madrugada del lunes, los informes del organismo electoral llegaron a cuenta gotas, lo que generó la airada reacción, especialmente, de los dos precandidatos que encabezaban con una mínima diferencia la consulta azul, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, quienes reclamaron garantías en el proceso. Pasados cuatro días, el país aún espera que se defina quién será el aspirante a la Presidencia de la República por las ‘toldas azules’.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Marco Emilio Hincapié, anunció que el viernes se conocerá el resultado de los escrutinios de la consulta conservadora. A propósito, la campaña de Arias le pidió al CNE que volviera a contar los votos realizados en el municipio de Soledad (Atlántico). Además, sugirió que ese recuento se realice en Bogotá.
Los resultados de la consulta del Partido Verde, con solo un 47 por ciento de las mesas escrutadas, dieron como ganador al ex Alcalde Antanas Mockus. La ventaja sobre sus competidores fue tan amplia que no hubo necesidad de que se conociera toda la votación de esa consulta.
El último boletín de la Registraduría, conocido en la madrugada del lunes, indicó un conteo del 93 por ciento de las mesas de votación para Senado y Cámara, y del 95 por ciento del Parlamento Andino.
El Registrador Sánchez aceptó que se presentaron problemas en el proceso de divulgación de los datos y responsabilizó de los mismos a la empresa UNE, la encargada de la transmisión. Por su parte, la compañía sostuvo que reportó los datos según la información que le suministraron los jurados de votación, quienes fueron capacitados por la Registraduría.
Esta semana se conoció que la empresa Arolen, subcontratista de UNE, sufrió un ataque informático que tumbó el sitio en el cual se alojaban los datos de los comicios. La compañía ya interpuso una denuncia penal por estos hechos ante la Fiscalía.
"Pese a existir una disponibilidad de cincuenta mil hits por segundo, hubo picos de acceso de más de setenta y cinco mil hits por segundo a la página, lo que hizo que el servicio se cayera", explicó la empresa.
La Procuraduría General de la Nación ya había citado a los directivos de UNE para que explicaran qué pasó durante la jornada electoral.
A comienzos de la semana, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, se pronunció sobre las dificultades registradas durante el conteo de los sufragios y sostuvo que en las mesas “existieron graves dificultades derivadas de la falta de preparación de los jurados, fallas técnicas protuberantes y un desconocimiento de los procedimientos para realizarlo, con la consecuente demora en publicar los resultados a la ciudadanía”.
Pero Valencia fue más allá y sostuvo que el retraso "genera graves tensiones políticas y pone en duda la legitimidad del proceso" de cara a los comicios presidenciales del próximo mes de mayo. En ese mismo sentido, el presidente Álvaro Uribe ha emitido críticas en contra de la Registraduría.
El Registrador Sánchez sostuvo que estas críticas son una revancha del Gobierno por la inexequibilidad del referendo reeleccionista declarada en la Corte Constitucional. Sánchez no certificó la financiación de la iniciativa, pues advirtió irregularidades en las cuentas que presentó el Comité Promotor, concepto clave en la decisión final del Alto Tribunal sobre la consulta.
Así mismo, la Procuraduría anunció que investigará las denuncias hechas sobre el consumo de alcohol en la sede instalada por la Registraduría en Corferias, mientras se contaban los votos y mientras regía en todo el país la denominada 'Ley seca'.
Nuevos problemas
Pero terminado el conteo y luego de entrar en la etapa de escrutinio, a cargo del CNE, los problemas volvieron a presentarse.
El miércoles, el CNE decidió suspender el proceso de escrutinio debido a la falta de un sistema de registro de datos apropiado.
El tribunal electoral argumentó que el software para el registro de datos no estaba funcionando y pidió a la Registraduría resolver los problemas, registrados en Bogotá y otras partes del país, antes de las nueve de la mañana de este jueves.
La tarde del jueves, el proceso se reanudó, según el Presidente del CNE, con la operación de una nueva empresa.
“Ya se están montando los nuevos equipos con otra empresa, están en el proceso de legalización de los documentos, esperamos que a la una estén montados los nuevos equipos y empiece a operar el software, es una empresa que ha operado de manera positiva en otras partes del país", dijo Marco Emilio Hincapié.