La esperanza de resolver los problemas del campo

Los campesinos personifican el sufrimiento que ha padecido el país a causa del conflicto, pero también la transformación que se requiere para alcanzar la paz y el desarrollo.

Por décadas, las condiciones de vida de quienes viven en el campo han estado muy por debajo de las del resto de la población. Según las estadísticas oficiales, los campesinos no solo son más pobres que los demás colombianos, sino que tienen mucho menor acceso a la educación, sus viviendas permanecen en peor estado, los servicios públicos los cubren poco y disponen de escasos medios de transporte y vías de comunicación.

También han soportado la violencia más que ningún otro grupo social. En varias regiones del país, como Córdoba, Caquetá, el Catatumbo o Sumapaz, entre muchas otras, la débil presencia estatal permitió que los grupos armados ilegales suplantaran la autoridad e impusieran su ‘ley’, que incluyó el reclutamiento forzado de jóvenes, la usurpación de tierras, la extorsión y otros delitos contra la gente.

La mayor parte de los casi 7 millones de desplazados registrados en el país son campesinos que debieron abandonar su tierra para tratar de acomodarse en una ciudad, que en la mayoría de los casos les es hostil. Pero la violencia no ha sido el único motivo. La falta de oportunidades también los ha impulsado a buscar un mejor destino.

“Por acción u omisión, el mensaje que la sociedad colombiana ha enviado a los pobladores rurales ha sido que su progreso o el de sus familias dependen de abandonar el campo”, afirmó en 2011 el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dedicado a la Colombia rural.

Y a tiempo que los campesinos tienen que abandonarla, la tierra ha quedado cada vez en menos manos. Los esfuerzos por llevar a cabo una reforma agraria, que sucesivamente han emprendido varios gobiernos (desde el de Alfonso López Pumarejo en 1936), han chocado con la oposición de los grandes terratenientes. Como ocurrió con el Pacto de Chicoral, en 1972, cada nuevo intento ha terminado con una contrarreforma, que ha concentrado cada vez más la tierra y ha institucionalizado la ganadería extensiva como la forma más usual de explotarla.

No es de extrañar que la Reforma Rural Integral haya sido el primer punto del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. Todas las investigaciones (los análisis presentados por los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto, por ejemplo) coinciden en señalar que el problema agrario está ligado a las causas de la confrontación armada en el país y su solución será indispensable para alcanzar una paz sostenible.

Esto implica, necesariamente, facilitar el acceso de los campesinos a la tierra, promover que puedan adquirir terrenos baldíos o que hayan sido objeto de extinción de dominio, pero sin que eso signifique expropiar masivamente a quienes tienen grandes propiedades. El acuerdo de La Habana no busca acabar con los latifundios, sino que en el campo haya espacio para todos y que la tierra realmente se utilice de manera productiva.

“Es un modelo absolutamente incluyente, en el que uno junta a los inversionistas privados, los grandes empresarios del campo con los pequeños propietarios, para poner a producir de mejor manera el campo colombiano”, afirma Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Si el campo que vislumbra el acuerdo de paz se hace realidad, la vida del campesino colombiano será, en unos años, muy diferente a la de hoy.

“El acuerdo no se reduce a distribuir unas tierras, sino que busca dotar al campo de una infraestructura que permita que las condiciones de vida de quienes lo habitan se asemejen a las del resto de la población. Si hay unos mejores estándares de salud, educación, tecnología, entre otros, van a desaparecer los factores objetivos que han llevado al conflicto”, explica el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, quien participó en la redacción de los acuerdos.

Y tal vez lo más importante que prevén es que los planes para el desarrollo de cada una de las comunidades agrarias no se definirán desde Bogotá. A través de la figura de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en una misma mesa se sentarán campesinos, indígenas, afrocolombianos y autoridades, para definir juntos las prioridades en las que se deben invertir los recursos en su territorio.

En este escenario, que es solo un propósito por cumplir, Colombia tendrá un campesino cuya voz será escuchada, que contará con un mayor grado de educación y mejores servicios de salud, que tendrá una mejor vivienda y podrá viajar a cualquier lugar de Colombia sin gastar horas e incluso días. Y, en últimas, que no tendrá que abandonar su tierra para buscar un mejor futuro.

Fecha de publicación: 9/24/2016
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