La larga factura de la paz: sus costos y sus beneficios

Colombia se enfrenta a uno de los mayores retos sociales y económicos de su historia. Reincorporar a la vida civil a los miembros de las Farc, disminuir el atraso en el campo y darles tierra a miles de campesinos son algunos de los desafíos.

Comenzó la cuenta regresiva para ponerle números a la paz. Después del alborozo tras el cierre de cuatro años de negociaciones con las Farc, llegó la hora de aterrizar los acuerdos de La Habana.

El reto es monumental porque se requerirán inversiones millonarias, tal vez las mayores hechas en el país en toda su historia. Pero valdría la pena porque la consolidación de la paz redundaría en mayor confianza y seguridad en las regiones y en la llegada de nuevos capitales internacionales. Pero lo más importante es que, después de décadas de abandono, el campo estará por fin en las prioridades del gobierno.

Y es de esperarse que así sea, ya que las zonas rurales fueron durante los últimos 50 años las más afectadas por la violencia y el desplazamiento. Por eso es necesario cerrar su dramático atraso económico y social frente a los centros urbanos. Según el Dane, la pobreza en el campo cobija al 44,7 por ciento de la población, más del doble de las zonas urbanas. Ello se debe, entre otras razones, a que la tierra sigue muy concentrada –el 46 por ciento de las zonas agrícolas están en manos del 0,4 por ciento de la gente–.

Llevar más y mejores servicios públicos, mejorar la salud y la educación y disminuir la inequidad y la pobreza en el campo serán labores titánicas que se sumarán a la extensa lista de compromisos sellados en La Habana. Entre ellos se destacan la creación de 16 programas de desarrollo rural en regiones golpeadas por el conflicto –se beneficiarán más de 100 municipios con altos índices de pobreza–. Se creará un fondo de tierras para comprar 3 millones de hectáreas para campesinos que carecen de ellas y se formalizarán otros 7 millones que corresponden a cerca del 60 por ciento de predios, que no tienen títulos de propiedad. Para dar una dimensión del enorme esfuerzo fiscal, basta señalar que para legalizar los títulos se necesita un nuevo catastro, que costará 2,5 billones de pesos.

Pero la lista continúa. Habrá que destruir alrededor de 100.000 hectáreas cultivadas con coca y poner en marcha planes de sustitución de cultivos y programas productivos. La reincorporación de los miembros de las Farc a la vida civil también tiene un costo que varios analistas califican como menor frente a los demás desafíos económicos. Cada excombatiente de las Farc recibirá 8 millones de pesos para invertir en un proyecto individual o colectivo, y durante 24 meses obtendrán el 90 por ciento del salario mínimo como apoyo para su sobrevivencia. Y están las nuevas instituciones, como la Jurisdicción Especial para la Paz, conformada por 24 magistrados colombianos y extranjeros.

Para cuantificar estos costos diversos, analistas han realizado toda clase de proyecciones. Los primeros estimativos apuntaban a que las inversiones en diez años llegarían a 80 billones de pesos. Otros estudios, como el del Bank of America, señalan que ascenderán a 187 billones, mientras que la senadora de la Alianza Verde Claudia López habla de 333 billones de pesos de aquí a 15 años (22 billones por año). López señala que esos millonarios recursos se deben destinar a equidad social, justicia y seguridad pública, reparación de víctimas y propiedad de la tierra, entre otros.

Sin duda alguna, es una cifra elevada que para algunos es inferior a lo que se pierde cada año por la corrupción y es menor o similar a lo que se ha gastado en la guerra.

El analista León Valencia cita un estudio de Diego Otero que revela que desde el gobierno de Julio César Turbay, es decir, en los últimos 38 años, el país ha destinado a la guerra 332 billones de pesos. Solo en los últimos cuatro años se han girado alrededor de 100 billones de pesos del presupuesto de la Nación para el sector defensa. De hecho, Colombia es el país de América Latina que más gasta en este campo, con 3,5 por ciento del PIB frente al 1,5 por ciento de la región. En estas cifras no se incluyen costos por pérdidas de vidas humanas, atentados terroristas y lo que se deja de invertir en diversos sectores económicos por la violencia.

El director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, reconoce que si bien los gastos son elevados, hay que hacer claridad entre los recursos que hay que invertir con o sin acuerdo de los que hacen parte del posconflicto. Es el caso de la reincorporación de combatientes y la reparación de víctimas, que son en realidad gastos de la guerra de las últimas décadas.

Hasta el momento el único que no ha dicho oficialmente a cuánto ascenderán las inversiones en el posconflicto es el gobierno. El exministro de Hacienda y de Agricultura Juan Camilo Restrepo dice que el taxímetro del posconflicto ya comenzó a correr, y recordó que a partir de la firma del acuerdo el gobierno dispone de cuatro meses para presentar un documento Conpes en el que diga a cuánto ascenderá la inversión y, lo más importante, de dónde saldrá la plata.

A buscar recursos

Independientemente de cuál sea el tamaño de las inversiones requeridas, lo cierto es que se tendrán que hacer en momentos de graves afugias fiscales para la Nación. El descuadre en los ingresos frente a los mayores gastos está creciendo, pues este año el déficit fiscal llegará al 3,9 por ciento del PIB, es decir, más de 30 billones de pesos.

Como los recursos petroleros se esfumaron –el gobierno dejará de recibir este año cerca de 23 billones de pesos por estas rentas–, no quedan opciones diferentes que aumentar los impuestos o recurrir a un mayor endeudamiento. El exministro de Hacienda Rudolf Hommes considera que después de tanto esfuerzo por perseguir la paz no se puede dejar desfinanciado el posconflicto. “La integración de Colombia va a exigir decisiones audaces. Va a requerir un manejo económico posiblemente menos ortodoxo, mayor gasto público, mayor deuda y mayores impuestos”, dice Hommes, quien afirma que el reto se puede equiparar con el desafío de la reunificación alemana.

Rafael Pardo, ministro del posconflicto, ha señalado la cooperación internacional como otra fuente de recursos. Para materializarla, debe conseguir alrededor de 3.000 millones de dólares (más de 10 billones de pesos) en cinco años. Sin embargo, reconoce que los aportes internacionales representan alrededor del 5 por ciento de los costos del posconflicto, por lo cual el mayor esfuerzo debe venir del presupuesto nacional.

En este sentido coincide el exministro Juan Camilo Restrepo, quien afirma que por dignidad nacional no es posible buscar la paz para que la financien los gringos. “El posconflicto es costoso, pero es más costosa la guerra”, enfatiza.

Los dividendos de la paz

Aunque las cuentas de los costos de la paz todavía no están muy claras, gobierno y analistas privados coinciden en los beneficios o dividendos económicos que traerá para el país silenciar los fusiles de las Farc. Las apuestas son muy variadas y van desde las más optimistas del gobierno, que hablan de incrementos en el producto interno bruto (PIB) entre 1 y cerca de 2 puntos por ciento al año, hasta los más moderados, que señalan que el impacto será marginal y no superará el 0,33 por ciento.

Un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) comparó 18 países que tuvieron procesos de paz similares al colombiano (Burundi, Camboya, Guatemala, Filipinas, Ruanda, India, Irlanda del Norte, entre otros). El análisis arrojó que el gran dividendo de la paz es la confianza, reflejada en el aumento en la tasa de inversión y el consumo de los hogares y en la mayor inversión extranjera.

Estas variables inciden en que la economía pueda crecer entre 1,1 y 1,9 por ciento adicional por año. Además, en el análisis de los 18 países incluidos se evidenció una disminución del 9 por ciento en el desempleo en una década. Para el caso colombiano, el DNP prevé un crecimiento económico que podría llegar a 5,9 por ciento, un aumento de la tasa de inversión al 35 por ciento y un PIB per cápita que pasaría de 6.800 dólares a cerca de 12.000 dólares en los próximos años. Para Simón Gaviria, director del DNP, los beneficios van más allá de un crecimiento económico. Por ejemplo, en materia medioambiental el país se ahorraría cada año alrededor de 7 billones de pesos en menos hectáreas deforestadas y derrames de petróleo, entre otros.
Pero hay análisis más cautos que no prevén ríos de leche y miel. Marc Hofstetter, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, dice que es improbable que Colombia crezca a tasas muy elevadas por un largo periodo. “El resultado no debe ser entendido como un intento por restarle legitimidad al proceso de paz, sino que no esperemos que el pacto venga con una varita mágica que inflará nuestros recursos año a año”, dice el catedrático.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) también presenta cifras más aterrizadas. Al analizar los casos de países similares que sufrieron conflictos, como Perú, El Salvador y Guatemala, concluye que la economía podría acelerarse entre 0,5 y 1 por ciento al año, en línea con lo estimado por el Deutsche Bank.

Sin embargo, su presidente, Sergio Clavijo, llama la atención sobre los peligros de no actuar a tiempo para controlar las bandas criminales y el narcotráfico, que siguieron actuando en Guatemala y El Salvador y causaron graves problemas económicos y sociales en estos países.
El Salvador debe destinar el 16 por ciento del PIB para defenderse de estas pandillas, conformadas por cerca de 70.000 miembros, más del doble que en las épocas de la guerrilla del FMLN. Clavijo dice que si Colombia quiere evitar que se repita lo ocurrido en estos países centroamericanos, no se pueden esperar grandes ahorros en los recursos para fuerza pública, pues, por el contrario, podrían venir gastos adicionales para combatir a las bandas criminales.

Como se ve, el desafío para los colombianos será mayúsculo, pero, a decir de muchos analistas, bien vale la pena este esfuerzo.

Fecha de publicación: 9/24/2016
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