Lunes, 24 de noviembre de 2014

| 2008/02/15 00:00

A Propósito de la caída de la Ley General Forestal

La Ley Forestal no se cayó, como lo afirman algunos, por un tecnicismo. Se cayó porque violaba un derecho fundamental: la protección de los derechos de las comunidades negras e indígenas

A Propósito de la caída de la Ley General Forestal

El 23 de enero pasado, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley General Forestal, que regulaba todas las materias relacionadas con la explotación de los recursos forestales del país. La decisión del Tribunal se produjo como consecuencia de la demanda presentada por el Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes y contó con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena y Censat Agua Viva. Estas organizaciones manifestaron su acuerdo con las pretensiones de la demanda a través de intervenciones ciudadanas que enriquecieron el debate que se dio en la Corte Constitucional.

Para justificar su fallo, el Tribunal, en su comunicado de prensa, indicó que la Ley Forestal violaba el derecho fundamental de las comunidades indígenas y afrocolombianas a la consulta previa. Este derecho, consagrado en el artículo 330 de la Constitución colombiana, y en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, es uno de los principales instrumentos que tienen estas minorías para proteger la integridad de sus culturas. Dicho derecho exige que el Estado colombiano consulte con los pueblos indígenas y tribales cualquier medida legislativa que los pueda afectar directamente, así como cualquier proyecto destinado a explotar los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios.

El derecho a la consulta previa es uno de los instrumentos a través de los cuales se materializa la democracia participativa en nuestro país. Es la herramienta jurídica que garantiza que las voces de las minorías culturales, grupos que han sido históricamente discriminados y que son vulnerables desde el punto de vista social y económico, sean efectivamente oídas por el Estado. El derecho a la consulta previa equilibra la diferencia en poder político y económico que existe entre las minorías culturales, por un lado, y el Estado y la mayoría cultural, por el otro.

La Ley Forestal no se cayó, como lo afirman algunos, por un tecnicismo. Se cayó porque violaba un derecho fundamental; se declaró inexequible porque no se tuvieron en cuenta los llamados que hizo la ciudadanía para que el Estado cumpliera con su obligación de proteger los derechos fundamentales de las comunidades negras e indígenas. Un número notable de organizaciones sociales, miembros del Congreso y académicos, le manifestaron al Congreso y a la administración que era necesario consultar el proyecto de ley forestal con las minorías culturales mencionadas. Entre otras cosas, enviaron cartas, presentaron derechos de petición, interpusieron tutelas y dejaron constancias para intentar proteger el derecho a la consulta previa de las minorías culturales. Sin embargo, el Estado colombiano desatendió estos llamados de los ciudadanos, y el Congreso aprobó el proyecto de ley forestal sin que hubiera siquiera notificado oficialmente de su existencia a las comunidades indígenas y negras.

Algunas personas o entidades también han criticado el fallo porque presuntamente afecta de manera negativa la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país. Estos dos son, sin lugar a dudas, valores jurídicos y políticos importantes. Es esencial que las personas conozcan cuáles son las consecuencias jurídicas de sus acciones con antelación a las mismas, y no es bueno para la estabilidad política y económica de Colombia que el sistema jurídico esté cambiando constantemente. Las personas toman algunas decisiones importantes, particularmente decisiones económicas, teniendo en cuenta las reglas de juego fijadas por el Estado en las normas jurídicas. No parece justo que los hechos que sirvieron para justificar que las personas tomaran uno u otro camino cambien repentinamente.

Tampoco parece justo que proyectos que generan empleo, riqueza e impuestos, se atasquen o no se adelanten por el desestímulo que generan los cambios súbitos en el derecho. Algunas empresas nacionales e internacionales han invertido sumas importantes de dinero para la financiación de proyectos que buscan explotar recursos forestales en varias regiones del país. Estas empresas crean oportunidades laborales y pagan tributos que, cuando son adecuadamente invertidos por el Estado, tienen efectos redistributivos. De igual forma, cuando estos proyectos no explotan los bosques naturales y acatan las medidas exigidas por el sistema jurídico para no generar consecuencias negativas en los ecosistemas, pueden tener efectos positivos para el medio ambiente y para las economías regionales.

No obstante, la seguridad jurídica y el desarrollo económico no son valores absolutos. Están limitados por una carta de derechos que protege a los individuos y grupos, particularmente a los más vulnerables, de las decisiones del Estado que violan su autonomía e igualdad básicas. Es deseable que el tema de la explotación de los recursos forestales sea regulado por el Congreso, y que este marco permanezca largo tiempo en el ordenamiento jurídico. No lo es, sin embargo, que se haga a expensas de los derechos fundamentales de los colombianos. En especial, si el que se viola es un derecho que busca garantizar el funcionamiento justo del sistema democrático.

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