El acuerdo del Congreso Hondureño aprobado este miércoles, avalado por aclamación, suspende la libertad de asociación y de circulación, entre otras, dijo a periodistas el diputado Rolando Dubón, del oficialista Partido Liberal.
"No se trata de un estado de estado de excepción ni de un Estado de Sitio", aseguró Dubón.
"Esto se hace por el riesgo que existe porque se sospecha que hay muchas personas de otros países en Honduras y se teme que puedan estar intentado acciones contra la ciudadanía y el nuevo gobierno", añadió, aunque no dio más detalles sobre la supuesta presencia de extranjeros.
Añadió que están exceptuados de la suspensión de garantías las ambulancias, los bomberos, las patrullas y vehículos que transportan combustibles y los diarios locales.
Tampoco hay restricciones para los medios de comunicación, aseguró.
El toque de queda está previsto que al menos hasta el viernes se aplique de las 10 de la noche a las 5 de la mañana.
El gobierno de Roberto Micheletti desafió el miércoles el ultimátum de la OEA de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, mientras los hondureños divididos volvieron a tomar las calles tanto para apoyar al mandatario designado Roberto Micheletti como para exigir el regreso del gobernante derrocado.
Unas horas después de que la OEA pusiera un plazo de tres días para que se restituya en el poder a Zelaya, el gobierno de Micheletti advirtió que no admite intervenciones externas, al tiempo que iniciaba esfuerzos para acercarse a la comunidad internacional y convencerla de que no se han violentado las leyes.
"No estamos dispuestos a restituirlo, porque él ha cometido delitos", declaró el miércoles a la radio colombiana La FM. "Esperamos la comprensión y la rectificación de estos países que realmente sólo han escuchado una parte del problema", señaló.
Micheletti había asegurado que una misión hondureña ya estaba en Washington "para presentar la verdad de lo que sucedió en el país", aunque posteriormente su canciller Enrique Ortez Colindres dijo a la AP que no había ningún grupo en la capital estadounidense pero que el embajador hondureño en Estados Unidos Roberto Flores había sido convocado para consultas.
Flores, designado por el gobierno de Zelaya, retornó el miércoles a Tegucigalpa y reconoció como legítimas a las nuevas autoridades.
"Yo reconozco a la Cancillería y a las autoridades que están en este momento tomando decisiones en este país", dijo el diplomático a periodistas a su llegada al aeropuerto.
Zelaya, depuesto el domingo por las fuerzas armadas, postergó para el sábado sus intenciones de retornar el jueves a Tegucigalpa acompañado de algunos mandatarios latinoamericanos, a fin de dar tiempo a las gestiones diplomáticas de la OEA.
En el primer comunicado desde el derrocamiento de Zelaya, las Fuerzas Armadas justificaron su acción del domingo alegando que se limitaron "únicamente al cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado competente.
"En ningún momento sus acciones han constituido o constituirán una suplantación de los poderes del Estado legalmente establecido, ni de ninguna otra institución estatal", según el pronunciamiento castrense.
Las manifestaciones a favor de uno y otro gobierno resurgieron el miércoles, al tiempo que el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, anunció que la policía emitió una "alerta migratoria" con la que esperan que Zelaya sea "capturado en cualquier país donde se encuentre y traído a Honduras para ser juzgado".
En Tegucigalpa, miles de simpatizantes de Zelaya —incluidos cientos que se habían congregado en las inmediaciones del palacio presidencial— marcharon hacia la sede de la OEA, donde cantaron al unísono el himno nacional y lanzaron gritos de "¡justicia, justicia!" y "¡fuera, gobierno corrupto!".
Mientras, medios locales reportaron que en varias ciudades del interior del país se manifestaban millares de personas en apoyo a Micheletti. La televisión mostró imágenes en Choluteca, en el sur del país, donde se veía a miles de manifestantes vestidos de blanco y con banderas de Honduras a favor del gobierno.
El nuevo canciller dijo a la AP que en el gobierno de Micheletti "no queremos intervenciones de ningún organismo internacional ni que una persona defenestrada (Zelaya) regrese como Presidente".
Micheletti llamó también a los presidentes que intentan acompañar a Zelaya en su regreso a Honduras que "no intercedan en asuntos que no les corresponden".
La portavoz de la fiscalía hondureña, Lorena Cálix, dijo a la AP que hasta el momento los únicos cargos contra Zelaya son traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad, usurpar funciones públicas y desobedecer la Constitución, lo cual podría traducirse en "al menos 20 años" de cárcel.
Información de Associated Press
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