Con información de AP
Las estafas de las empresas ilegales, conocidas como ‘pirámides’, siguen propagándose en la región latinoamericana por la insuficiencia de normas y controles pero también por la ingenuidad y codicia de la gente, dijeron expertos de varios países.
El tema reunió esta semana en La Paz, Bolivia, a especialistas de este país, Ecuador, Perú, Venezuela y España en un seminario internacional, al que no pudieron llegar representantes de la Superintendencia Financiera de Colombia, debido al escándalo que acaba de estallar por el colapso de estas firmas.
El propósito del encuentro fue intercambiar experiencias que ayuden a prevenir fraudes financieros que afectaron a miles de familias de los países de la región, dijo el Superintendente de Bancos de Bolivia, Marcelo Sabalaga.
Las estafas son "fraudes estructurados sobre modelos de negocios no sostenibles que demandan el ingreso ilimitado de dineros a cambio de exorbitantes intereses", señala un documento distribuido por los organizadores.
Con frecuencia el beneficio de la estafa piramidal no proviene de la venta de servicios sino de las incorporación de nuevos participantes. Los primeros depositarios y los del medio logran recuperar su inversión y son el anzuelo para atraer a más ahorristas. Los de la base que son la mayoría resultan las víctimas, explicó Jaime Herrero, Director de la Secretaría Técnica del Banco de España.
"El tema de la responsabilidad social es clave. La gente tiene que ser consciente de que estamos viviendo una crisis internacional y que es difícil multiplicar los ahorros", dijo Herrero.
De acuerdo a las experiencias mostradas, las estafas piramidales permitieron captar a los estafadores más de cien millones de dólares en Bolivia; entre 400 y 1000 millones de dólares en un solo caso descubierto en Ecuador en 2005, y 350 millones de dólares en otra empresa intervenida en Perú en 1993.
Los estafados suman miles y con frecuencia son gente pobre y de menores ingresos económicos pero también funcionarios y políticos.
Los expertos han recomendado reforzar las legislaciones para castigar el delito financiero, intensificar los sistemas de alerta, aumentar las investigaciones privadas y las campañas de educación.
En el caso de Bolivia, "tecnicismos legales y artimañas judiciales impiden actuar con mayor premura a las autoridades", dijo el delegado boliviano Oscar Pamo.
A manera de conclusión Sabalaga señaló que la norma debiera ser más severa porque desde el inicio el estafador tiene la intención de delinquir, lo que no está legislado.
La prioridad debiera ser buscar el dinero, intervenir propiedades de los estafadores para reparar el daño causado y después investigar.
Una gran mayoría de los víctimas son engañadas por una falsa ilusión pero otros son una mezcla de "ingenuos y malévolos" y por tanto se constituyen en cómplices, lo que tampoco norma la ley.
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