Pablo Escobar, Castaño, Pretelt

Opinión

Armando Neira. Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA
¿Por qué vinculan nombres de capos de la mafia y del paramilitarismo al magistrado de la Corte Constitucional?
Por: Armando Neira (*)13/04/2015 16:15:00
Mientras judicialmente se define la inocencia o la culpabilidad del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, gravita en el ambiente una sensación alarmante al imaginar la posibilidad de que sean ciertas las acusaciones vertidas en su contra en las últimas horas. El diario El Tiempo y Semana.com han publicado varios informes en los que aparecen su nombre, el del capo de la droga Pablo Emilio Escobar Gaviria y los integrantes de la siniestra ‘casa Castaño’ que conformaban los paramilitares Fidel, Vicente y Carlos. ¿Era posible imaginar semejante situación cuando estalló el escándalo por un supuesto soborno de 500 millones para favorecer con un fallo de tutela a Fidupetrol?

Los informes periodísticos se divulgan en vísperas de la cita de la esposa de Pretelt, la procuradora Martha Ligia Patrón, con la Fiscalía para que responda cómo se hizo a la propiedad de unas tierras que al parecer pertenecían a indefensos campesinos desplazados por los temibles paramilitares. ¿Uno de los guardianes de la Carta Magna y su pareja, funcionaria del Ministerio Público, responsables de un crimen de lesa humanidad?

El ente acusador dará la respuesta. Mientras avanza el proceso trascendió que el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín congeló la propiedad de Pretelt y Patrón sobre dos de sus fincas en Urabá. El magistrado aceptó la petición de la Fiscalía para que se impida que esos predios puedan ser negociados por ellos hasta que la justicia decida si vuelven a los campesinos despojados por estas bandas criminales en Turbo y Arboletes (Antioquia).

En la argumentación que entregó al magistrado de Justicia y Paz, la Fiscalía asegura que las tierras que hoy están en manos de los esposos Pretelt son las mismas que hasta hace poco más de una década se conocían como ‘La 35’, una base paramilitar “donde se ubicó la escuela de entrenamiento de quienes ingresaban a las autodefensas”.

El magistrado Pretelt insiste en su inocencia. Asegura que las fincas fueron compradas legalmente por su padre, por él mismo y por su esposa hace más de una década hasta constituir un predio que suma más de 700 hectáreas y que fue registrado en una sola matrícula inmobiliaria en el 2005.

Varias personas dicen lo contrario. Juran que ellos vivían allí con sus familias hasta que llegaron los paramilitares y los desalojaron con el poder intimidatorio de las armas y las amenazas. Otros hacen relatos más graves: que parte de estos predios fue el sitio de entrenamiento de estos miembros de bandas de extrema derecha que luego expandió su poderío al resto del país. Que allí se preparaban para torturar, masacrar y asesinar. Precisan incluso que los hermanos Castaño –en particular Vicente y Carlos– la escogieron como epicentro de sus operaciones.

“Ahora, a los investigadores les llama la atención cómo hizo la familia Pretelt para adquirir tierras en una zona no sólo controlada por los paramilitares, sino donde funcionaba una de sus principales bases, precisamente para los años en los que se oficializaron las compras de tierra”, dice El Tiempo. “En el expediente hay nuevos testimonios como el del postulado Hornan Pérez Gómez, quien el pasado 5 de marzo les dijo a los investigadores que incluso en los predios que hoy tiene el magistrado habría fosas comunes con víctimas de la llamada ‘Casa Castaño’”, agrega el diario.

Con el eco diáfano de tan grave problema, el diario publica otro informe en el que aparece el nombre del exjefe del cartel de Medellín. En resumen, la historia dice que uno de los socios de la Fiduciaria Petrolera S. A. (Fidupetrol), la entidad que saldría beneficiaria si lograban un fallo a favor en la Corte Constitucional, es el empresario pastuso Eduardo de Praga Benavides Guerrero, dueño del 8,8 % de la compañía. Él participó en la contratación de Víctor Pacheco, el abogado que, según él, se reunió en su oficina y en la casa con Pretelt cuando se habló del soborno.

La Unidad de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente investiga si la riquísima hacienda Jesús del Río, ubicada en Zambrano (Bolívar) y propiedad de Benavides, su hijo y un socio, debe volver a manos de uno de sus anteriores dueños, quien habría sido obligado a venderla años atrás, también por presión de los paramilitares.

Se trata de un valioso predio de cerca de 2.000 hectáreas que fue dado a un bajísimo precio a una firma controlada por Luis Enrique Ramírez Murillo, alias ‘Micky’ Ramírez, exsocio del capo del cartel de las drogas. ‘Micky’ se deleitó con la propiedad, especialmente con la ganadería de raza, y después de un engorroso proceso llegó a manos de Benavides. Él también alega su inocencia y cuenta que la compró legalmente y que nada tiene que ver con negocios ilícitos.

Es en esta historia de tierras, despojos y paramilitares en la que, como si no fuera suficiente, ahora aparecen los Castaño y Escobar Gaviria. Todos llegan a formar parte de una escena en la que se juntan algunos de los ingredientes más dolorosos de la violencia que ha sacudido el país. Y en el escenario se ve a un magistrado de la Corte Constitucional. Así arranca esta semana en la que su nombre ha vuelto a primeras páginas.

*Director de Semana.com
Twitter: @armandoneira

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