Jorge Pretelt vuelve a encender su ‘ventilador’

Ambos magistrados están enfrascados en un duro cruce de denuncias. Foto: Archivo SEMANA

Señala a su compañero Luis Ernesto Vargas de reunirse cuatro veces en su despacho con una de las partes interesadas en un fallo. Exclusivo Semana.com

El escándalo de la Corte Constitucional por la presunta solicitud del magistrado Jorge Pretelt para que se le entregaran 500 millones de pesos a cambio de favorecer un fallo, que hizo furor hace unas semanas, se ha venido apagando paulatinamente.

La respuesta de Pretelt ha sido la de mantenerse en su cargo y llanzar acusaciones a varios de sus compañeros de estrado. Ahora decidió emprenderla nuevamente contra su colega Luis Ernesto Vargas Silva.

Semana.com conoció en primicia la denuncia radicada de puño y letra del magistrado Pretelt contra su colega, para que sea investigado por los delitos de tráfico de influencias, prevaricato y “las demás conductas punibles que lleguen a demostrarse (…) por haber beneficiado indebidamente los intereses del árbitro Fernando Sarmiento, al votar a favor de un proceso de tutela, luego de haberse reunido con él varias veces en la Corte Constitucional”, señala el documento.

Para Pretelt, “no es normal que luego de que un magistrado reciba cuatro veces a una persona directamente interesada en un proceso de tutela termine adoptando una decisión a su favor, por lo que se debe investigar si el doctor Luis Ernesto Vargas ejerció su influencia en relación con la selección de una tutela, pues dos de las entradas de Fernando Sarmiento se hicieron justamente en el momento en que la Corte Constitucional estaba definiendo si esa acción de tutela sería estudiada”.

La historia es así: el 31 de mayo del 2012 la Sociedad de Representantes de Santa Marta presentó acción de tutela solicitando que se protegiera su derecho al debido proceso, supuestamente vulnerado por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, conformado por los árbitros Isaac Devis Granados, Fernando Sarmiento y Antonio José Nuñez.

Ellos asumieron la “competencia para dirimir un conflicto en relación con un bien inmueble que en calidad de arrendataria tenía la sociedad Exxon Mobil de Colombia S. A. sin tener en consideración que ya existía un acta de conciliación previamente celebrada entre las partes”, según el documento.

El juzgado 37 Civil les dio la razón a los representantes de la Sociedad de Representantes de Santa Marta, tutelando los derechos y dejando “sin efectos las actuaciones del Tribunal de Arbitramento” bajo el argumento de la “pérdida de competencia al respecto ya que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo”.

El asunto llegó a la Corte Constitucional en el año 2012, a la sala de selección número 9 de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero y el exmagistrado Nilson Pinilla, que escogieron la tutela para estudiarla. El tema cayó en manos del magistrado Jorge Pretelt, quien el 20 de mayo del 2013 presentó ponencia confirmando la decisión del juzgado 37, es decir, quitándole la competencia al Tribunal de Arbitramento.

El argumento radicó en que “el Tribunal de Arbitramento accionado asumió un conflicto sobre el cual ya no era competente, en virtud de la previa celebración entre las partes de una conciliación sobre el mismo tema, por lo cual era absolutamente claro que ese Tribunal había actuado sin ninguna competencia”.

A esta decisión se opuso el magistrado Luis Ernesto Vargas, manifestando que el juez 37 se equivocó al fallar la acción de tutela porque el Tribunal sí tenía la competencia para dirimir el pleito.

Para Pretelt “era claro que la intención del magistrado Luis Ernesto Vargas era declarar improcedente la acción de tutela para dejar en firme el laudo arbitral, con lo cual beneficiaría directamente al abogado Fernando Sarmiento Cifuentes, pues él era uno de los árbitros que lo profirieron”, dijo la denuncia.

Ante esto, el mismo magistrado Pretelt pidió los registros de entradas del abogado Sarmiento Cifuentes a la Corte Constitucional. El jefe de división de seguridad, mayor (r) Manuel Enrique Riaño, “mediante el oficio DSPJ15-358, certificó tres entradas del jurista, al despacho del magistrado Luis Ernesto Vargas y una (visita) realizada a su asistente Natalia Torres”, indica el documento.

De estas cuatro entradas al despacho del doctor Vargas, dos se realizaron antes de la selección del expediente en mención, es decir, los días 27 y 28 de agosto del 2012, fechas para las cuales ya había sido radicado el proceso.

Pocos entienden por qué Pretelt, que sigue aferrado al cargo, lanza estas nuevas acusaciones mucho tiempo después de sucedidas. Con esto se demuestra que podría tratarse de una especie de retaliación por lo que le ha sucedido. La duda más grande es si se logrará dilucidar las responsabilidades de cada quien.