¿DE HEROE A VILLANO?

¿DE HEROE A VILLANO?

Hace un año, el fiscal Gustavo de Greiff era visto como el ùnico funcionario capaz de derrotar judicialmente a los carteles. Hoy defiende la legalizaciòn de la droga y es acusado de blando. ¿Por què se diluyò su imagen?

A principios de 1993, Gustavo de Greiff Restrepo era el ìdolo de los colombianos. Su franqueza al hablar era elogiada porque contrastaba con la hipocresìa de muchos dirigentes. Su desprecio por las amenazas que recibìa y su afirmaciòn segùn la cual era mejor morir que vivir en un paìs entregado a la delincuencia, eran mencionados en todas las reuniones sociales como un ejemplo de valor y verticalidad de un estado inundado de cobardes, tolerantes y corruptos. Con una desiciòn que no parecìa tener precedentes en la historia de la justicia colombiana, De Greiff construyò procesos contra Pablo Escobar, el clan Ochoa, Ivàn Urdinola y muchos otros narcotraficantes. Asimismo, atacò la corrupciòn administrativa y llegò a encarcelar a medio Concejo de Bogotà por el lìo de los auxilios distritales. Por la misma època considerò que los sindicalistas de Telecom no eran saboteadores sino terroristas y tambièn los detuvo. Era como si de la noche a la mañana la justicia hubiera hecho su apariciòn en el paìs. Si entonces hubo crìticas fue porque en ocasiones la Fiscalìa daba la impresiòn de ser demasiado severa.
Doce meses despuès el panorama ha cambiado dramàticamente. El Fiscal se ha enfrentado agriamente con el gobierno colombiano y las autoridades de Estados Unidos, pues habla en todas partes de legalizar la droga y promueve un proceso de entrega de los jefes del cartel de Cali que, segùn sus detractores, busca una negociaciòn demasiado generosa con ellos. Sus declaraciones, otrora llamadas valientes, hoy son consideradas por algunos columnistas y funcionarios del gobierno como imprudentes e inoportunas. Los concejales de Bogotà, detenidos el año pasado, estàn libres. Los sindicalistas de Telecom, tambièn. Los procesos en su contra se han caìdo como castillos de naipes. Y en el ùnico campo en el cual pareceseguir siendo severo, acusa a algunos sacerdotes de servir como estafetas de la guerrilla, y conduco al periòdico El Tiempo a cometer una garrafal equivocaciòn en el caso del obispo Nel Beltràn y su desmentida presencia en una tambièn desmentida cumbre guerrillera el Cuba.
¿A què horas se pasò todo esto s De Greiff? ¿Què tan justa o injusta es la nueva percepciòn que se tiene del Fiscal? Es dificil decirlo. Se podrìa argumentar que lo sucedido es el resultado de un desgaste lògico y previsible, igual al que sufren otras figuras pùblicas por el simple paso del tiempo. Pero se necesita algo màs de fondo para explicar que la confianza en la Fiscalìa, que superba las cotas del 70 por ciento a principios de 1993, hoy estè apenas en el 40 por ciento, mientras màs del 52 por ciento de los encuestados en un estudio hecho en febrero por la firma Invamer Gallup declaran que no tiene sino poca o ninguna confianza en la instituciòn.

LA BARRENA
Buena de ese desgaste se ha producido en los ùltimos cuatro meses.
En diciembre, la cota de confianza aún estaba por encima del 55 por ciento y de entonces para acá ha caído en barrena. Hace pocas semanas, a pesar de lo duros que parecían sus enfrentamientos con el gobierno, De Greiff seguía convocando una importante solidaridad.
Las cosas comenzaron a cambiar hace tan sólo un mes, cuando las diferencias con el gobierno llegaron al que se creyo entonces sería su punto más alto. Tras la decisión del Consejo Nacional de Seguridad de echar por tierra la orden de De Greiff de trasladar cinco cabecillas del cartel de Medellín de la cárcel de La Picota a la de Itaguí, el Fiscal estuvo a punto de presentar una denuncia por prevaricato contra el ministro de Justicia, Andrés González. Las cosas llegaron tan lejos que el gobierno contempló la posibilidad de responder con otra denuncia, esta vez contra el Fiscal, por "colaboración con el narcotráfico".
Hasta entonces, De Greiff había sido criticado por abrirles las puertas, sin informarles al gobierno ni a la opinión, a los jefes del cartel de Cali para que se presentaran ante las autoridades sin necesidad de confesar sus delitos ni quedar detenidos. Pero como el cartel caleño nunca ha despertado entre los colombianos los sentimientos de rechazo que 10 años de terrorismo del cartel de Medellín produjeron en contra de éste, no fueron muchos los que consideraron grave que la Fiscalía General se mostrara generosa ante un eventual sometimiento de las gentes del Valle. Pero el caso del traslado de cinco cabocillas del cartel de Medellín a Cali sí produjo protestas más o menos unánimes.
Aun así, la tempestad pareció pasar pronto en medio de la recta final de la campaña electoral de marzo. Días después, el Fiscal volvió a estar en el ojo del huracán, cuando quedó en evidencia que había suministrado informes al diario El Tiempo en el sentido de que el obispo Nel Beltrán había estado en enero en una cumbre de guerrilleros colombianos en Cuba, y ante la claridad de que eso no era cierto, el diario de los Santos se vio obligado a publicar en la primera página de su edición dominical un titular sin precedentes en su historia: "El Tiempo se rectifica: Obispo Nel Beltrán no estuvo en Cuba".
La semana pasada el cotarro se agitó aún más cuando se supo que del despacho de De Greiff había salido una carta dirigida al juez Sterling Johnson -quien se ocupa del proceso que adelanta la justicia estadounidense contra Dan Denys Muñoz Mosquera, alias 'La Quica'-. Su contenido causó revuelo y hasta escándalo. De puño y letra de De Greiff quedó consignado que, en opinión de la Fiscalía, no existe evidencia que vincule a 'La Quica' con el atentado terrorista contra el avión de Avianca, en el cual murieron 107 pasajeros el 27 de noviembre de 1989. De un plumazo y de modo sorprendente quedaron desvirtuadas todas las pruebas, evidencias e indicios que aportaron los organismos de seguridad y de inteligencia, y la confesión de algunos narcoterroristas que vinculaban a 'La Quica' con este atentado.
La vicefiscal estadounidense Mary Lee Warren remitió, a propósito de este asunto, una carta al embajador colombiano en Washington, Gabriel Silva, que es fácilmente uno de los documentos más duros de un funcionario estadounidense en contra de uno colombiano en la historia reciente. En la misiva (ver recuadro), la señora Warren califica la carta del Fiscal como "poco ortodoxa" y asegura que durante muchos meses en el curso de los contactos entre la embajada estadounidense en Bogotá y la Fiscalía colombiana, De Greiff sostuvo que 'La Quica' estaba involucrado en la voladura del avión de Avianca, en algo que parecía coherente con el resultado de las investigaciones de los organismos de seguridad colombianos. "Los únicos en beneficiarse de esta injusta desviación de los esfuerzos de los investigadores son los narcotraficantes", concluyó Warren.
Coincidencialmente, cuando estalló el escándalo por el contenido de la carta, se dio a conocer el informe anual sobre narcotráfico que presentó al Congreso de Estados Unidos el Departamento de Estado. A diferencia del año anterior, el informe fue especialmente severo con Colombia, algo que no deja de sorprender si se tiene en cuenta que hace un año Escobar se había fugado de La Catedral y ahora está muerto, después de haber sido dado de baja por las autoridades. Esto se explica porque, si bien el Departamento de Estado reconoce los éxitos de las Fuerzas Armadas colombianas en esta guerra, ha perdido la confianza en el sistema judicial gracias a las polémicas actuaciones de De Greiff.
Paralelo a este debate, el congresista John Kerry, presidente de la Subcomisión de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales del Senado estadounidense, se vino lanza en ristre contra el sistema de justicia colombiano en un artículo publicado en The Washington Post (ver recuadro). Las criticas de Kerry no tuvieron el tono mesurado que caracteriza los pronunciamientos del Departamento de Estado, sino, por el contrario, estuvieron salpicadas con los aires politiqueros de este agresivo congresista. Por cuenta de ese tono, fue este uno de los pocos pronunciamientos en contra de De Greiff que despertó alguna solidaridad en torno del Fiscal. Y es que aunque Kerry dijo algunas verdades sobre la forma como el dinero de los carteles de la droga ha penetrado algunos sectores de la vida colombiana, desconoció olimpicamente la cuota de sangre que el país ha puesto en esta guerra, mientras en los países consumidores como Estados Unidos todos adoptan la cómoda posición de culpar a las naciones productoras y no hacen nada para reducir la demanda.
Pero ni siquiera el injusto artículo de Kerry -que el embajador Gabriel Silva contestó con dureza- pudo salvar al Fiscal de estar en la mira de muchas críticas. La verdad es que, al final de la semana, en la mente de muchos colombianos rondaba la idea de que había sido precisamente la actitud adoptada por De Greiff en los últimos meses la que nos estaba devolviendo a las épocas más difíciles de las relaciones con Estados Unidos, cuando nuestro país estaba en la picota pública internacional como paraíso de los productores de droga.

LAS PRIMERAS GRIETAS
La luna de miel que el Fiscal tuvo durante muchos meses con la opiniòn, fue en cambio muy breve entre él y el gobierno. SEMANA ha logrado reconstruir esta larga serie de diferencias, muchas de los cuales se revelan por primera vez en este artículo.
Las primeras diferencias entre el Ejecutivo y el Fiscal se presentaron en 1992 cuando, tras la fuga de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín comenzó a tantear el terreno para una reentrega. Ante el escarnio público que implicó la fuga y las condiciones en las cuales se produjo, el gobierno adoptó una posición intransigente: la reentrega, de producirse, debía ser incondicional. El presidente César Gaviria sabía que regresar al espectáculo de un tira y afloje con los abogados de Escobar después de lo sucedido en La Catedral no tendría presentación, y confiaba en que el aparato represivo -el Bloque de Búsqueda- especialmente diseñado para pisarle los talones al jefe del cartel de Medellín podía llegar un día a producir el milagro de resolver el asunto por las vías de hecho.
A principios de 1993 era ya claro que De Greiff se estaba colocando como garante de una posible reentrega de Escobar. Las primeras contradicciones comenzaròn a saltar a la vista del público. Mientras el Fiscal abogaba pórque el gobierno admitiera algunas condiciones aparentemente irrelevantes que Escobar planteaba en cuanto a las instalaciones de la cárcel de Itaguí, donde iba a ser recluido, otros funcionarios -entre ellos el ministro de Justicia, Andrés González- aseguraban públicamente que el gobierno no aceptaría ninguna condición de Escobar para su entrega. A partir de ese momento, el Fiscal se dedicó a hacer una intensa labor de lobby con los medios de comunicación y con los ministros de Gobierno, Fabio Villegas; de Defensa, Rafael Pardo; de Justicia, Andrés González, y con el procurador general, Carlos Gustavo Arrieta, para convencerlos de que lo mejor para el país era la reentrega de Escobar y de que en algo se debía ceder. De Greiff encontró más eco en los periodistas que en el gobierno. La fálta de decisión del ministro González -quien nunca concretó si se iban o no a realizar ciertos cambios en la cárcel de Itaguí- dio pie a los primeros roces. De Greiff, convencido de que el titular de la cartera de Justicia le estaba tomando el pelo, se enfureció por primera vez.
Mientras todo esto sucedía, se produjeron los primeros contactos entre los representantes del cartel de Cali y la Fiscalía, con el fin de explorar la posibilidad de una entrega. De Greiff tenía en mente un plan para facilitar el posible sometimiento de la organizanciòn de Cali. Una de sus estrategias consistía en darle una tregua unilateral al cartel que duraría 30 días, comprendidos entre el primero y el 30 de mayo. Durante este período los organismos de seguridad no podrían realizar operaciones en contra de los narcotraficantes del Valle del Cauca. Ante la indignación que semejante propuesta causó entre los ministros de Defensa y Justicia y el director del DAS, Fernando Britto, De Greiff decidió que la orden sería acatada solamente por el Cuerpo Técnico que está bajo las órdenes de la Fiscalía. De esta manera, se tomó la determinación de que este órgano investigativo no realizara allanamientos durante un mes.
Y si bien hasta ese momento el proceso de sometimiento del cartel de Cali no pasaba de los rumores y los contactos informales, el asunto comenzó a concretarse en octubre del año pasado, cuando las organizaciones del Valle, Antioquia, la Costa, Santander y otras zonas anunciaron la entrega masiva de más de 300 personas que aseguraban controlar el 70 por ciento del mercado de la cocaína de Estados Unidos y de Europa. En esa oportunidad De Greiff llamó solamente al Procurador y le comunicó que este proceso lo manejaría únicamente con él, sin contar con representantes del gobierno. El jefe del Ministerio Público le advirtió sobre los riesgos que esto implicaba: se perdería la unidad que había caracterizado la conducción de la política criminal y, en esas condiciones, el proceso podría salirse de las manos. y Arrieta inició entonces una larga tarea de mediación, de la cual pareció aburrirse la semana pasada tras la divulgación de la carta del Fiscal en el caso de 'La Quica'.
Por aquellos días, De Greiff avanzó en el diseño de una estrategia para que el proceso de sometimiento de las gentes del Valle no fuera a fracasar. En una reunión con los abogados del cartel de Cali se propuso la idea de organizar tres grupos en los que serían divididos los 300 hombres que se entregarían. El primer grupo estaría conformado por las personas que tenían procesos pendientes con la justicia -entre ellos los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela- y a quienes se les garantizaría el debido proceso. Estos hombres deberían presentarse a las autoridades y confesar algún delito, en los términos entonces tradicionales de las normas de sometimiento. El segundo grupo lo conformarían las personas sobre quienes recaían algunas sospechas de tener cuentas pendientes con la justicia, pero contra quienes no se había iniciado proceso alguno. Allí también se exigiría presentación y confesión. Y el tercer grupo estaría conformado por narcotraficantes de tercera categoría, quienes resolverían su situación jurídica al presentarse ante las autoridades y no tendrían que confesar.
Esta propuesta no le gustó al procurador Arrieta, quien creyó poco serio que decenas de narcotraficantes fueran exonerados por el solo hecho de presentarse y de que no hubiera nada en su contra. En el gobierno también hubo reacciones adversas y algunos funcionarios comenzaron a ver, en el procedimiento del tercer grupo, una especie de indulto. Pero la estrategia de De Greiff fracasó principalmente porque los abogados de los hermanos Rodríguez Orejuela le comunicaron al Fiscal que sus defendidos no aceptaban condicionar su sometimiento a la confesión de delito alguno. "Ellos no son muy católicos -dijo alguna vez uno de estos medio en chiste, medio en serio- y, por tanto, no están dispuestos a confesarse".

Para entonces, el Congreso debatía las reformas al Código de Procedimiento Penal en unas condiciones bastante particulares. En las barras de las comisiones congresionales que estudiaban el proyecto aparecían cada vez con mayor desfachatez algunos abogados de los carteles que asesoraban a los congresistas en los términos que debìa aparecer en los diferentes artículos de la nueva ley. Como lo dijo SEMANA en su edición del 2 de noviembre y como lo demostró un informe del noticiero CM& del viernes de la semana pasada, algunos de los abogados que participaban en las conversaciones con el Fiscal, a nombre del cartel de Cali, tuvieron una activa participación en los debates del proyecto legislativo, susurrándoles al oído a los congresistas amigos qué debían decir los artículos de la nueva norma. Incluso llegaron a imprimir un folleto que repartieron entre los parlamentarios, en el cual presentaban con total claridad los cambios que debían ser introducidos en el proyecto original. El folleto utilizaba el formato de "donde dice...debe decir...".
En el curso de esos debates también hubo roces del gobierno y el Procurador con el Fiscal. Arrieta fue quien mayor oposiciòn presentó a ciertos artículos del código, y los ministros de Gobierno, Defensa y Justicia se aliaron con él para atajar algunos goles que querían meterle a la norma los abogadas de los carteles.
El siguiente round del enfrentamiento se dio con las declaraciones públicas del Fiscal sobre el espinoso tema de la legalización de la droga. En un seminario en Baltimore (Estados Unidos) el 27 de noviembre, sus palabras levantaron una verdadera polvareda. De Greiff dijo entonces que tal como estaba planteada la batalla contra el narcotráfico, se trataba de una lucha fracasada cuya única salida era la legalización. El presidente César Gaviria decidió, por primera vez, tomar cartas en el asunto. En una extensa carta, Gaviria le jaló las orejas al Fiscal, y le dijo que la legalización no podía ser el norte del país en materia de narcotráfico. La ineficacia de la persecución, aseguró el Presidente, no podía ser una excusa legítima para abandonar la guerra contra el narcotráfico.
Pero a De Greiff poco le importó la carta de Gaviria. Pocos días después del seminario en Baltimore, una entrevista en Washington con la fiscal estadounidense, Janet Reno, enfrió las relaciones con su homóloga. Durante el encuentro, el Fiscal le comentó a Reno que era posible que el cartel de Cali se sometiera a la justicia, y que eso sería muy beneficioso para todos. A ella no le gustaron las explicaciones de De Greiff sobre el alcance de este proceso, y bastante alterada interrumpió la sesión y se marchó. En medio de estas controversias, los contactos entre los abogados del cartel de Cali y la Fiscalía habían continuado. Ante ese hecho, el presidente Gaviria instruyó a sus ministros de Defensa y Justicia, y al Director del DAS para que trataran de encontrar caminos de conciliación con el Fiscal y el Procurador. "Si de todas maneras iba a haber negociación con Cali, era mejor tratar de conducirla de la mejor manera", le dijo a SEMANA una fuente gubernamental para explicar este esfuerzo. Pero desde el primer encuentro de los altos funcionarios saltaron chispas. De Greiff no estaba dispuesto a que el gobierno le señalara el camino a seguir, después de que él personalmente había establecido y mantenido los contactos. Aun así, y gracias a la intervención de Arrieta, el gobierno creyó que había que continuar esforzándose por conducir entre todos el proceso.

RUEDA SUELTA
Estos esfuerzos se vinieron a pique cuando quedó en claro que mientras De Greiff continuaba sus reuniones con el Procurador y el gobierno para discutir el proceso de sometimiento del cartel de Cali, sostenía, con cabecillas del cartel conversaciones secretas de las que no informaba al Ejecutivo.
Entre el 11 y el 14 de enero de este año, el Fiscal mantuvo en su despacho reuniones con José Olmedo Ocampo, Juan Carlos Ramírez, y Elmer Herrera -más conocido como 'Pacho Herrera'-. Amparado en una interpretación generosa del artículo 369E del Código de Procedimiento -que prevé que quienes crean ser perseguidos por las autoridades pueden presentarse ante la justicia para que se inicie una investigación-, De Greiff les expidió una certificación en la cual constaba que eran investigados. El escándalo fue mayúsculo. Los tres hombres son considerados pesos pesados en las organizaciones del narcotráfico. De 'Pacho Herrera' han dicho los organismos de seguridad que es el cuarto hombre del cartel de Cali, y Olmedo es considerado por la Policía como una de las piezas claves en el reciente boom de la amapola.
Por intermedio del Ministro de Justicia, el gobierno trató de advertirle al Fiscal que la interpretación que él estaba haciendo del artículo 369E podía derivar en impunidad. Según el Ministro, el riesgo era que algunos narcotraficantes utilizaran la misma figura jurídica de Olmedo, Herrera y Ramírez, para presentarse a la Fiscalía con la seguridad de que nada cursaba en su contra, no confesar y lograr de este modo ponerse al día con la justicia. Al hacer esta diligencia, los narcotraficantes podrían poner a correr unos términos breves al cabo de los cuales, si no se encontraban pruebas de algún delito, habrían quedado exonerados y ya nunca se les podría juzgar por ese delito. Al Fiscal no le gustó la comunicación del Ministro. "Estoy bastante crecidito como para que el Ministro de Justicia tenga que protegerme de un engaño", fue la respuesta bastante intempérante de De Greiff.

LA BATALLA FINAL
De ahì en adelante, las relaciones se deterioraron dìa a dìa. A principios de marzo, De Greiff insistió ante el Ministerio de Justicia en el traslado de la cárcel de La Picota en Bogotá a la de Itaguí, de Carlos Alzate Urquijo, alias 'Arete', Luis Carlos Aguilar, alias 'El Mugre', y otros tres importantes lugartenientes del extinto Pablo Escobar. La misma orden había sido diligenciada meses atrás, pero no había sido ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), pues su director, el coronel Gustavo Socha, lo había considerado inoportuno ya que, en opinión del gobierno, permitirlo significaba abrir las puertas de la reunificación del llamado cartel de Medellín.
Ese, sin embargo, no era el concepto del Fiscal. Según sus propias palabras, los reclusos no tenían "ni los medios ni las intenciones para volver a incurrir en actividades delictivas". Declaración bastante audaz para un funcionario cuya principal tarea es acusar a los delincuentes y no suponer, sin demostrarlo, que algunos de los mayores terroristas de la historia de Colombia se han reformado de la noche a la mañana y ya no tienen la intención de cometer delitos.
El gobierno decidió entonces atravesársele a De Greiff. Un Consejo de Seguridad extraordinario, presidido por el propio Gaviria el 7 de marzo, emitió un duro comunicado en contra del pedido del Fiscal. Pará entonces, los puentes entre el gobierno y él ya no existían. El último episodio de esta larga secuencia de roces y enfrentamientos -la carta del Fiscal al juez estadounidense encargado del caso contra 'La Quica'- no hizo más que ahondar la confrontación.
Pero con todo lo grave que ha sido esta guerra entre Fiscalía y gobierno, la actitud de De Greiff ha traído peores consecuencias. La más delicada, sin duda, es la forma como se ha derrumbado, en unos pocos meses, la credibilidad que con inmenso esfuerzo, muchos muertos y muchos sacrificios, el país había logrado construir a nivel internacional como país víctima y no victimario en el problema del narcotráfico. Colombia había sido vista por años como el paraíso de los narcotraficantes. Y a fuerza de entregar vidas como la de Rodrigo Lara en 1984, la de Luis Carlos Galán en 1989 y la de miles de colombianos de bien en todos estos años, el mundo había terminado por comprender que no sólo no se trataba de un narcopaís, sino que, a diferencia de lo que sucedía en las demás naciones involucradas en este delito internacional, en Colombia son cada día más las personas comprometidas en la lucha antidrogas.
El momento culminante de todo esto fue la muerte de Pablo Escobar el año pasado. Haber dado de baja al mayor narcotraficante y más cruel narcoterrorista de la historia del tráfico de drogas, era una credencial que Colombia podía haber aprovechado para obtener legitimidad política y beneficios comerciales a nivel internacional. Pero este éxito se vio empañado por el proceso que ha desencadenado las más duras críticas contra el país en Estados Unidos en la última década.
Y estas críticas, incluso si tienen un amplio margen de injusticia, se deben principalmente a dos actitudes del fiscal De Greiff. La primera, defender públicamente la legalización de la droga. Y la segunda, promover un blando proceso de entrega del cartel de Cali. En cuanto a la primera, son muchos los partidarios de la legalización de la droga. En Colombia y en muchos otros países del mundo esta tendencia ha ganado adeptos entre periodistas, intelectuales y economistas, por mencionar algunos. Pero una cosa es que Milton Friedman, por razones de macroeconomía y hasta de ética, defienda la legalización, y otra muy distinta que la defienda el hombre que tiene a su cargo investigar y perseguir a los narcotraficantes en una de las naciones más seriamente afectadas por el problema del narcotráfico.
Zapatero a tus zapatos, dice el viejo refrán, y lo que los colombianos esperaban de De Greiff cuando se ganó la confianza nacional y se convirtió en el personaje más popular hace poco más de un año, era que mantuviera su verticalidad y les dejara la especulación teórica sobre la legalización a los académicos.
Y en cuanto a la negociación de la entrega del cartel de Cali, la imagen generalizada de que el Fiscal ha asumido una postura blanda lo único que hizo fue poner en franco peligro las posibilidades de dicho sometimiento, pues como lo han demostrado las entregas del cartel de Medellín, esos procesos sólo son legítimos y por ello mismo viables cuando la opinión pública quede convencida de que los delincuentes no se están saliendo con la suya. Y este no parece ser el caso.
La pregunta ahora es qué sigue en este accidentado proceso. El Fiscal, quien la semana pasada se encontraba de vacaciones fuera del país y por esa razón no pudo ser contactado por SEMANA, regresará en pocos días y encontrará un ambiente cargado. Estados Unidos ya ha dicho por todos los medios lo que piensa de él. El gobierno también ha tomado distancia para tratar de evitar salir muy salpicado por las críticas que le están lloviendo a De Greiff en Norteamérica. El Procurador, el hombre que con su actitud mediadora había salido a salvarlo en más de una ocasión, lo ha comenzado a criticar severamente. Los medios de comunicación, con los cuales hasta hace muy poco tiempo tenía las mejores relaciones, cuestionan ahora sus actuaciones con inusitada frecuencia. Y hasta la Iglesia Católica, tras el desafortunado episodio del obispo Nel Beltrán, le ha vuelto la espalda.
Es difícil decir qué puede suceder ahora con De Greiff. Si fuera un funcionario de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente o de otra autoridad, no hay duda de que ya se habría caído. Pero por tener un período fijo -en su caso le quedan dos años- y por contar con un fuero constitucional especial, sólo un proceso en el Congreso -inimaginable por la escasa credibilidad de esa institución- puede remover al Fiscal de su cargo. De modo que la única posibilidad de que se retire es que lo haga por su propia voluntad, y a pesar de los rumores que circulaban en este sentido el viernes en la noche -al cierre de esta edición-, era difícil imaginar que algo así fuera a suceder. Lo único claro es que en esta larga historia aún no se ha escrito el último capítulo.


EL PRONTUARIO DE 'LA QUICA'
EL NOMBRE de Dan Denys Muñoz Mosquera, alias 'La Quica', siempre ha estado ligado al terrorismo y en especial al atentado contra el avión de Avianca donde perdieron la vida 107 personas en noviembre de 1989. Muñoz Mosquera fue la mano derecha de Pablo Escobar en el aparato terrorista del cartel de Medellín y llegó a tener a su servicio, según los informes de inteligencia, unos 140 sicarios.
'La Quica' es hermano de Brances Muñoz Mosquera, alias 'Tyson', quien también hizo parte de la organización del cartel de Medellín y en octubre de 1992 murió en un operativo realizado por el Bloque de Búsqueda en Medellín. Otros cinco hermanos de 'La Quica' han muerto y tres más se encuentran recluídos en prisión, acusados de actos terroristas.
'La Quica', de acuerdo con la Dijin, participó en el asesinato de 50 agentes de la Pofilcía en Medellín, cuando Escobar le declaró la guerra a esa institución y por agente asesinado pagaba tres millones de pesos. Igualmente es señalado de haber organizado los atentados terroristas contra el coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía de Antioquia. Además, está sindicado de participar en los atentados dinamiteros contra centro s comerciales de los barrios Niza y Quirigua en Bogotá. El general Miguel Maza Márquez lo señaló como uno de los terroristas que colocó el carrobomba contra el edificio del DAS en Bogotá, donde perdieron la vida cerca de 100 personas.
Fue detenido por primera vez en agosto de 1988 junto con su hermano 'Tyson'. Y en un espectacular operativo fue liberado por sus socios de la cárcel de Bellavista, que utilizaron un helicóptero para la fuga. Tres años después fue nuevamente capturado por miembros de la IV Brigada con base en Medellìn. Fue trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá. Allí montó un centro de comunicaciones a través de un radioteléfono que tenía en su celda. Los organismos de seguridad lograron interceptar sus conversaciones, las cuales fueron grabadas. En una de ellas, 'La Quica' se comunicó con 'Tyson' y le pidió que lo sacara cuanto antes de la cárcel, pues de lo contrario podría terminar por contar cómo se preparó y ejecutó el atentado al avión de Avianca. Esas grabaciones hacen parte de las pruebas aportadas por los organismos de seguridad colombianos a la justicia estadounidense cuando, en septiembre de 1991, Muñoz Mosquera fue detenido en Estados Unidos por agentes de la DEA.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en la actualidad cursan 17 procesos judiciales contra Dan Denys Muñoz Mosquera. Entre ellos está el que llevó a cabo el juzgado penal del circuito de Santuario (Antioquia), que lo condenó á 56 meses de prisión por el delito de hurto. También están en marcha procesos por homicidio en el juzgado 34 penal del circuito de Medellín, y en el juzgado 41 de Instrucción Criminal de esa misma ciudad.
Pero aun si en gracia de discusión se aceptara que el Fiscal tiene razón al decir que no existen pruebas de que 'La Quica' participó en el atentado al avión de Avianca, la pregunta que queda flotando en el ambiente es por qué decidió darles esa manito a los abogados defensores de un criminal que, aparte del caso del avión, está involucrado, según los organisrnos de inteligencia, en algunos de los más horrendos delitos cometidos por el cartel de Medellín en esa guerra demencial que desató durante 10 años en el país.

LOS ATAQUES DEL SENADOR JOHN KERRY

JOHN KERRY, senador demócrata y presidente de la Subcomisión de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales del Senado estadounidense, es el autor de un artículo publicado en The Washington Post, en el cual fustiga la política antidrogas del fiscal De Greiff. Estas son algunas de sus apreciaciones.
* El Fiscal General de Colombia argumenta que simplemente está buscando una alternativa a la fracasada guerra contra las drogas. Pero sus posiciones son casi idénticas a aquellas del propio cartel.
* La negociación de penas reducidas es un corto circuito a esa estrategia y permite a los líderes del cartel vivir el resto de sus vidas descansados y confortables.
* El cartel de Cali, como el de Medellín, es un imperio basado en el asesinato y la destrucción del espíritu humano, inducida por la cocaína. El cartel de Cali no puede coexistir con un gobierno democrático. Entre ellos no puede haber negociaciones porque, al final, sólo uno puede sobrevivir.
* Pero de repulsivo, De Greiff ha sostenido además negociaciones secretas con un alto miembro del cartel de Cali, sobre las cuales se negó a informar a los diplomáticos estadounidenses y a los funcionarios de justicia.
* El cartél de Cali se está moviendo también hacia el dominio de sectores sustanciales de la economía colombiana.


LA FURIA DE LA VICEFISCAL

"SEÑOR EMBAJADOR: LAMENTABLEMENTE ME veo obligada a informarle de un asunto de preocupación para los gobiernos de Estados Unidos y Colomb