Por consulta previa frenan doble calzada Sincelejo-Toluviejo

Nación

La Corte Constitucional establece que concertar con las comunidades es “obligatorio” cuando esté de por medio una afectación directa para las estas. Foto: Archivo particular
La construcción tiene impacto en el Cerro de Sierra Flor, sagrado para comunidades indígenas. Corte Constitucional dice que concertación es obligatoria.
Por: Semana.com20/10/2016 14:13:00

El fin de la construcción de la doble calzada Sincelejo–Toluviejo, programado para diciembre de este año, quedó en veremos por cuenta de un fallo de la Corte Constitucional.

El alto tribunal les puso freno a las obras que adelanta el concesionario Autopistas de la Sabana S.A.S, sobre el sector del cerro Sierra Flor, un tramo de 600 metros que no se podrá culminar hasta que se adelante un proceso de consulta previa con comunidades indígenas Zenú.

El tropiezo está relacionado con un cerro sagrado para las comunidades indígenas que realizan allí sus rituales y plegarias, además de asegurar que se encuentra localizado un cementerio que cuenta con 500 años de antigüedad.

A través de una tutela, los representantes de las parcialidades Maisheshe La Chivera, Flores de Chinchelejo, Tatachio Mirabel, Mateo Pérez, Sabanalarga-Pailto y Lomas de Palito alegaron que la intervención vial tiene impacto en 150.000 metros cuadrados de bosque, donde se incrementó la caza indiscriminada de animales silvestres y hay un evidente deterioro de fuentes hídricas importantes.

La Corte Constitucional establece que concertar con las comunidades es “obligatorio” cuando esté de por medio una afectación directa para estas. Y en consecuencia ordena realizar una consulta previa que aplique un concepto amplio de afectación directa. De manera que no se trate solamente del impacto en los territorios titulados a las comunidades, sino todos aquellos necesarios para mantener su identidad.  

“La concepción de afectación directa de las comunidades indígenas sobrepasa la concepción formal de territorios y se articula con una denotación que incluye los lugares económicos, sociales, rituales y espirituales que requiere la comunidad para mantener su identidad”, indica el alto tribunal.

Este caso ha sido polémico. Tanto la ANLA como el concesionario aseguran que los actores formularon la demanda dos años después de que se estudiaran las consecuencias negativas de la construcción y de la expedición de la licencia ambiental. Precisan, incluso, que el Ministerio del Interior certificó que las únicas parcialidades presentes en la zona eran La Palmira y la Unión Floresta, con quienes se adelantó el proceso de consulta previa.

Sin embargo, la Corte Constitucional asegura que el Ministerio del Interior vulneró los derechos de las comunidades a la consulta previa. “Las certificaciones de inexistencia de comunidades son insuficientes para eludir la consulta previa con estos grupos, en el evento en que se elaboraron sin acudir al sitio de influencia del proyecto”, indica la Corte, al especificar que esas visitas no siempre se construyen con parámetros de diálogo intercultural y comprensión de afectación del territorio.

Del corredor de 18 kilómetros de la doble calzada, falta por construir el tramo de 600 metros que tiene incidencia en el Cerro. Este tramo fue reiniciado a mediados de este año, cuando la ANLA investigó una presunta violación a los límites del área de influencia directa establecida en la licencia ambiental.

 La Corte Constitucional cuestiona que se emitieron licencias ambientales sin tener en cuenta las peticiones de las comunidades. Además de suspender las obras, la Corte ordena que en menos de 48 horas inicie el trámite de consulta previa y que una vez se tengan los resultados, la ANLA modifique las licencias ambientales.

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