La renuncia de Jorge Pretelt

La semana pasada el magistrado Mauricio González ratificó en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sus denuncias en contra del magistrado Jorge Pretelt. Foto: Diana sánchez - Semana -Carlos julio Martinez

El expresidente de la Corte Constitucional tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Pero su permanencia en el cargo le está haciendo un gran daño a la institución de la Justicia.

El escándalo Pretelt no cesa. La semana pasada los cuestionamientos que pesan sobre el expresidente de la Corte Constitucional se agravaron en vez de aclararse. A la denuncia del supuesto soborno de 500 millones de pesos para el manejo de una tutela que desató la crisis, se sumó la revelación de una conversación grabada entre el abogado de Fidupetrol Víctor Pacheco, y el magistrado Luis Ernesto Vargas que confirmaría la acusación. Además, la Unidad de Tierras anunció la apertura de la investigación sobre unos predios que hoy pertenecen a Pretelt y son reclamados por las víctimas.

La presión sobre el magistrado continúa. Los demás jueces de la Corte Constitucional le pidieron su renuncia definitiva así como el gobierno por medio del ministro de Justicia, Yesid Reyes. Al final, Pretelt pidió una licencia de dos meses, que discutirá el Congreso esta semana, para concentrarse en su defensa. Sin embargo, en tono vehemente ha declarado que “no renunciaré pues de lo contrario cualquier persona con intereses oscuros podría hacer retirar de su cargo a un servidor público o a un ciudadano inocente mediante mentiras y falsedades”.

La licencia temporal no solo le permite desplegar su defensa sino también le da a la Comisión de Acusaciones de la Cámara el tiempo de evaluar la denuncia. Dado el pobre récord y la inoperancia de su juez natural, el magistrado le estaría apostando a que dos meses son suficientes para que este ente parlamentario desestime la acusación y ponga punto final al escandaloso affaire.

De hecho, el magistrado pasó de la defensa al ataque con respecto a la grabación entre Pacheco y Vargas. Acusó a su colega de haber cometido un delito y lo señaló de intereses políticos en contra de su elección como presidente de la alta corte. “Es una evidencia clandestina, adulterada, dirigida y usada de manera ilegal”, afirmó Pretelt en un comunicado. Por su parte, María Victoria Calle, la actual presidenta de la Corte Constitucional, lucha en medio de aguas turbulentas por mantener la respetabilidad de su institución: “La Corte Constitucional sigue en su tarea”. Con un desfile de magistrados y exmagistrados –González, Vargas, Gabriel Mendoza, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas– por la Comisión de Acusaciones de la Cámara terminó la segunda semana del único escándalo que ha salpicado al máximo tribunal del país desde su creación en 1991.

Sin señales de que las denuncias en su contra vayan a disiparse o desvirtuarse pronto, Jorge Pretelt debe renunciar a la Corte Constitucional. Las razones por las cuales el magistrado debe separarse de su cargo van mucho más allá de la gravedad de los señalamientos y afectan la dignidad de su investidura, la defensa de la institucionalidad que representa y la propia legitimidad de la Justicia que imparte.

La defensa de Pretelt esgrime el principio de la presunción de inocencia para mantener su magistratura. Sin duda, el magistrado tiene todo el derecho a su defensa y a un debido proceso y su juez natural tendrá que juzgar si cometió, o no, delitos o irregularidades. Ningún ciudadano debe ser tratado como culpable hasta que la Justicia se lo demuestre. No obstante, ser el presidente del máximo órgano constitucional de una sociedad constituye una investidura que tiene un gran simbolismo. Y esa condición conlleva deberes, y quizá el más importante es el de anteponer el bienestar de la institucionalidad que se representa a los derechos inalienables como individuo.

Y el daño que su caso le está infligiendo a la legitimidad de la Corte Constitucional es incalculable. Parte de su deber como alto funcionario de la rama judicial es protegerla y los pedidos de su salida no se hacen por presumir su culpabilidad sino por lo que representa para la sociedad. Al renunciar a su condición de alto juez, Pretelt mostraría el máximo respeto no solo a la toga que viste sino también al tribunal que integra.

Los magistrados como máximos jueces encarnan la Justicia: su dignidad, su majestad, su condición de institución por encima de los individuos, su credibilidad y su confianza. Por eso debería dar un paso al costado.