Las disculpas que debe ofrecer la Policía

Los nombres de Cristian Darío Arango y María Angélica Arias aparecían en un cartel de la policía, aunque ellos sostienen que no participaron en los desórdenes. Foto: Archivo SEMANA

La institución debe limpiar los nombres de dos jóvenes a quienes calificó como “vándalos” en las protestas del paro agrario.

En agosto del 2013 el país fue escenario de la “Rebelión de las ruanas”, aquel movimiento de protesta del campesinado que salió en masa a las carreteras para exigirle al Estado reales y eficaces políticas agrarias. La causa fue apoyada por el grueso del estudiantado universitario en Bogotá, que también se hizo sentir.

Mientras muchos de ellos acogieron el llamado y actuaron pacíficamente en las jornadas, otros optaron por destrozar la ciudad, agazapados entre las capuchas. En medio del fragor y de los multimillonarios daños materiales, la Policía hizo público un cartel con los rostros de los presuntos responsables para que la ciudadanía colaborara con su ubicación.

En ese publicitado cartel aparecían en el lugar 37 y 38 las fotos de Cristian Darío Arango y María Angélica Arias, quienes sostienen que nada tuvieron que ver con los desórdenes.

Por eso ambos jóvenes decidieron entablar una acción de tutela contra la Policía, para que se salvaguardara su buen nombre. El argumento de ellos es que fueron sometidos al escarnio por parte de las autoridades.

Esta decisión llegó a la Corte Constitucional. Falló en favor de los dos ciudadanos al tiempo que impuso un drástico castigo por las imprecisiones al ser incluidos en un cartel de ‘vándalos’.

En la sentencia de 36 páginas, con ponencia de Jorge Ignacio Pretelt, se ordena a la Policía Nacional “que publique en un diario de circulación nacional un aviso en el que manifieste que ninguno de los implicados se encuentra vinculado a una investigación penal como lo señala la Fiscalía”.

Para la Corte Constitucional la Policía le causó a los estudiantes “una afectación en su honra y buen nombre, ya que se les generó un perjuicio que no debían padecer, porque sus rostros se sometieron al escarnio sin existir una investigación previa que corroborara su participación en los actos vandálicos provocados en la Plaza de Bolívar con ocasión de las protestas del paro agrario”, señala el documento.

La orden, entonces, es que la Policía Nacional debe ofrecer disculpas públicas como una de las medidas de reparación a los daños morales que se les han ocasionado a los jóvenes y a sus familias, quienes han tenido que padecer los señalamientos como delincuentes, precisa el fallo.

El caso no es de poca monta. Tanto, que la Corte Constitucional seleccionó esta tutela para decidir sobre algo que se convertirá en un referente jurisprudencial para excesos de la Policía Nacional en el momento de realizar capturas y señalar personas como responsables de delitos sin las respectivas pruebas. Ahora estas personas esperan a que la Policía limpie sus nombres.