Mauricio Lizcano le responde al procurador

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Mauricio Lizcano le responde al procurador Foto: Daniel Reina / SEMANA
El expresidente del Senado cuestiona fuertemente la actuación del ministerio público en su caso. Asegura que su familia no es responsable de ningún despojo de tierras.
Por: Semana.com07/12/2017 15:03:00

El senador Mauricio Lizcano enfrenta dos investigaciones en la procuraduría. La primera, de carácter preliminar, tiene que ver con el escándalo en la Corte Suprema de Justicia conocido como el cartel de la toga pues en una de sus más recientes declaraciones Gustavo Moreno lo mencionó. El segundo caso tiene ramificaciones en otra parte. Se trata de la apertura formal de una investigación disciplinaria relacionada con tres lotes de tierra adquiridos en 2012 por Lizcano y su padre, Óscar Tulio, en el municipio de Quinchía, Risaralda. Las presuntas irregularidades en la adquisición de los predios Sausagua, Guamerú y Lote Sausagua, reclamados por víctimas de despojo, llevaron al Ministerio Público a abrir una investigación por “posibles irregularidades en el sistema de gestión de recursos y contratación utilizado por el gobierno nacional para la estructuración y demás etapas del proyecto de las Autopistas de la Montaña”.

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Lizcano había mantenido un prudente silencio hasta el jueves. En un comunicado de prensa, el senador le respondió al Ministerio Público. Este es el texto completo: 

"1. La Procuraduría General de la Nación abrió dos procesos por los mismos hechos, relacionados con los predios Gumerú ubicados en el Municipio de
Quinchia – Risaralda. En uno de los procesos, que se encuentra en investigación preliminar he tenido la oportunidad de solicitar y aportar pruebas en mi defensa. Sin embargo, de manera intempestiva y notificado por artículos de prensa he sido informado de la iniciación formal de una investigación que nunca cursó la etapa preliminar. En consecuencia, no fui escuchado y no pude aportar, ni solicitar pruebas

Inconsistencias y contradicciones en el texto que origina la nueva apertura:

2. Para sustentar un posible aprovechamiento de los valores del predio la Procuraduría menciona que compramos los predios por debajo del precio
comercial. Basan esta afirmación en un avalúo del predio Guemerú realizado por el IGAC de 514.497.2541; es decir a $9.354.496. la hectárea;
sin embargo, en el mismo informe, mencionan que en la promesa de compra adquirimos los bienes por 750.000.0002 es decir a 12.190.167 la
hectárea, precio sustancialmente mayor al precio del avalúo. En consecuencia, existe una contradicción flagrante en el estudio que
fundamenta la investigación.

3. La Procuraduría menciona que el secuestro de los antiguos dueños era un hecho notorio y basa esta argumentación con dos noticias del secuestro de
personas completamente distintas a estos y en que la situación de violencia era constante. No es posible deducir que el secuestro de los
antiguos dueños era público basado en noticias de secuestro de otras personas o en un contexto de violencia que para la fecha era generalizado
en todo el país.

4. Adicionalmente, como puede ser un hecho notorio si la adquisición del predio la hicimos el 25 de mayo de 2012, casi 20 años después de que los
antiguos dueños fueran desaparecidos. 

5. La Procuraduría sostiene que los bienes fueron adquiridos por mi familia para poner una gasolinera y para vender material de construcción previo
uso de información de carácter reservado según la cual, por estos predios iba se iba a ampliar una carretera - 3 puertas irra-, cual no es cierto porque
la información de la construcción de la vía ya era de público conocimiento para la fecha de la compra y la fecha en que se menciona el carácter
reservado del documento.  Entre otros, en el artículo “Autopistas de la Montaña tendrían 131 túneles” del diario El Colombiano, publicado el 1 de agosto de 2011, casi un año después de que adquiriéramos el lote, se menciona específicamente el trazado de la vía, así: “el trazado de las salidas de Medellín hacia la Costa Atlántica por el Nordeste antioqueño y al Eje Cafetero, por Bolombolo (...) el trazado elegido fue Bolombolo-La Pintada-Tres puertas (...) Para obviar los problemas geológicos del tramo Bolombolo-Camilo Cé, en el diseño se concibió la construcción del túnel de Amagá (...)” 

6. En el informe, la misma Procuraduría establece que la doble calzada era un proyecto incierto y que lo viable es mejorar la carretera3 que siempre ha
existido. En consecuencia, el supuesto aprovechamiento es inexistente. 

7.     Adquirí los predios a la inmobiliaria M.H PINEDA Y CIA S. EN C., quien a su vez los adquirió en un remate judicial adelantado por el Juzgado
Primero Civil de Envigado quien en sentencia del 23 de julio de 1998 ordenó dicho remate.


8. La decisión de rematar el predio por parte del Juzgado fue avalada por la Sala Civil de Tribunal Superior de Antioquía, el 18 de septiembre de 2000,
quien, en grado de consulta, determinó que el remate era una actuación judicial ajustada a derecho. 

9. Adicionalmente, el 19 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela instaurada por el hijo de los anteriores dueños
desaparecidos, estableció nuevamente que la decisión de rematar lo bienes fue tomada de acuerdo con las normas vigentes y que en
consecuencia no violó ningún derecho fundamental de los antiguos dueños o presuntas víctimas. 

10. Es importante tener en cuenta que fue con posterioridad a estas decisiones judiciales que adquirí los bienes que hoy cuestiona la investigación de la
Procuraduría. 
 
11. De cuestionarse el acto jurídico de remate e investigar un posible despojo judicial como lo sugiere el ente disciplinario, es necesario abrir
investigación disciplinaria contra los funcionarios judiciales que avalaron dicho remate; es decir al Juez que fallo el remate; a los magistrados del
Tribunal Superior de Antioquia y de la sala de casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

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