¿Por qué se cayó la negociación pactada entre la Fiscalía y el exgobernador Lyons?

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¿Por qué se cayó la negociación pactada entre la Fiscalía y el exgobernador Lyons? Foto: Archivo SEMANA
La Corte Suprema de Justicia ordena que la Gobernación de Córdoba, en cabeza de Edwin Besaile, sea reconocida como víctima del exgobernador Lyons. El lío es que este haría delaciones contra el mandatario y su hermano el senador ya detenido.
Por: Semana.com06/12/2017 12:00:00

La negociación acordada entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus y la Fiscalía ha desatado un nuevo rifirrafe entre los implicados en este caso. En sentencia publicada este martes, la Corte Suprema de Justicia anuló el principio de oportunidad suscrito por Lyons, en el que este se comprometió a hacer delaciones, a devolver 4.000 millones de pesos de los 8.950 que se esfumaron de las arcas públicas y a pagar cinco años de cárcel. El máximo tribunal además ordenó al Tribunal Superior de Bogotá a reconocer a la gobernación de Córdoba como uno de los afectados por la pérdida del dinero de las regalías.

Pero el quid del asunto está en que la lista de delaciones que hará Lyons la encabeza el hoy gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y su hermano el senador de la U Musa Besaile, quien ya está encarcelado y enfrenta varios procesos por corrupción.

La Corte Suprema rechazó la consideración del Tribunal Superior para negar la admisión de la gobernación de Córdoba como víctima. El argumento crucial fue que se configuraría un conflicto de interés al tener a Edwin Besaile como víctima en su calidad de gobernador actual, y a la vez como indiciado por cuenta de los señalamientos que contra este haría Alejandro Lyons. El exgobernador Lyons, desde Miami, ha señalado que el entramado de corrupción que caracterizó su mandato se dio por la injerencia del senador Musa Besaile, y que se mantiene en la gobernación de Edwin Besaile. Dentro de la negociación convenida con la Fiscalía Lyons tenía la responsabilidad de aportar toda la información que soporte esa tesis y debía servir de testigo de cargo contra los hermanos Besaile.

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La Corte, en contravía del Tribunal, dice ahora que los señalamientos que haga Lyons contra el gobernador Edwin Besaile “no pueden instituir una barrera infranqueable para que la persona jurídica directamente afectada ejerza sus derechos y obtenga el resarcimiento de los perjuicios como víctima”. Al respecto, la Corte hace un planteamiento difícil de comprender: señala que uno es el ente territorial (la Gobernación de Córdoba) y otro la persona natural (el gobernador de Córdoba Edwin Besaile), y partiendo de esa diferencia otorga acceso al primero, no al segundo. El representante de la gobernación –sostiene la Corte Suprema– acude como tal “más no la persona natural que en la actualidad regenta el cargo de gobernador”.

En su momento el Tribunal Superior de Bogotá también negó a la Gobernación ser víctima dentro del proceso de Lyons aduciendo que la Contraloría General de la República ya se había constituido como víctima y que las regalías eran un recurso nacional, por lo que no había afectación directa al departamento. Pero la Corte rechaza esa conclusión señalando que se debe propender por la “pluralidad de víctimas” y aceptando que el ente departamental sí es un directo damnificado.

En la Corte pesaron más los argumentos del abogado de la gobernación de Córdoba José Guillermo González Jiménez, quien aseguró que una vez asignados los recursos de las regalías (de donde provenían la fortuna desfalcada) pasaban a ser parte de los estados financieros del departamento y eran manejados a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación bajo administración directa del gobernador. Además de que con la pérdida de esos recursos se había frenado el desarrollo de numerosos proyectos en Córdoba.

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En síntesis, ese fue el razonamiento expuesto en el fallo de la Corte, y a partir del cual anuló las actuaciones hechas dentro del proceso de Lyons desde que le fue negada la participación de la Gobernación como víctima, es decir desde la audiencia del pasado 10 de octubre hasta la fecha. La sentencia ordena al Tribunal convocar en 5 días una nueva audiencia con todas las partes intervinientes en la que permitiría a la nueva víctima reconocida, la Gobernación de Córdoba, allegar los elementos materiales probatorios en su poder "a efectos de determinar la magnitud real del daño ocasionado con la comisión de los delitos".

Recientemente, han sido varios los preacuerdos y principios de oportunidad que se han caído o fueron resueltos por la justicia en una vía distinta a la que acordó inicialmente la Fiscalía. En el caso de los hermanos Nule (procesados por el carrusel de contratos en el distrito), la sentencia inicial pactada fue prácticamente triplicada en condenas posteriores en el Tribunal y en la Corte Suprema de Justicia, mientras que en el de Andrés Cardona, la negociación fue rechazada por la juez de garantías que consideró que no quedaba claro por qué desapareció uno de los delitos imputados en el nuevo documento y por qué se fijó una condena arbitraria y sin motivación.

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En el caso del exgobernador Alejandro Lyons, la Contraloría ya había cuestionado los alcances del acuerdo pactado. Primero increpó acerca de los motivos por los que no se reembolsaba la totalidad de la suma derogada del erario público si se conocía su ubicación, y luego cuestionó los tiempos y las modalidades de entrega pactadas con el exgobernador. En respuesta, el ente acusador contestó que se trataba de elementos en desarrollo sobre los que se establecería certeza a lo largo del proceso de colaboración.

La determinación de la Corte Suprema complica la tarea de la fiscalía y le impone nuevas exigencias frente a la audiencia que se tendrá que repetir en el Tribunal la próxima semana. Allí se definirá si Alejandro Lyons seguirá adelante con el plan de delaciones aunque al frente tenga a la casa Besaile como víctima y victimaria al mismo tiempo.

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