¿Qué hacer con los alcaldes locales?

¿Qué hacer con los alcaldes locales?

La estructura de Gobierno que se creó en Bogotá hace 25 años está en crisis y exige repensarlo.

La decisión de pedirle la renuncia a los 20 alcaldes locales, sumada a la salida de 7 de ellos en mayo, generó de nuevo la reflexión entre políticos, funcionarios y académicos sobre la necesidad de reformar la estructura política y administrativa de Bogotá. Informes de la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y el Politécnico, evidencian que las alcaldías locales no cumplen adecuadamente sus funciones de velar por la tranquilidad ciudadana, vigilar el cumplimiento de las normas de uso del suelo, cuidar el espacio público y contratar malla vial, entre otras. Tampoco son el referente de un gobierno cercano a los ciudadanos: según el proyecto Bogotá cómo vamos tan solo uno de cada cinco bogotanos sabe que existen los alcaldes locales. De ellos, uno de cada tres considera que hace una mala gestión. Una de las principales razones que obliga a pensar en la posibilidad de cambiar el esquema de gobierno de la capital, es la ineficiencia de las alcaldías.

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Esta se debe en parte a un exceso de funciones y en parte, a la poca infraestructura que tienen para cumplirlas. Desde comienzos de los noventa, cuando fueron creadas para promover la descentralización, decretos, leyes y acuerdo del Concejo les han ido colgando funciones a los alcaldes locales al punto de que hoy tienen, en teoría, 150 tareas. Estas van desde ser autoridad de Policía, hasta reparar vías, pasando por censar el número de perros, desarrollar actividades para jóvenes y personas de la tercera edad, controlar el número de pendones y pasacalles y controlar que se cumplan las normas de pesos y medidas en cada tienda de la localidad. Lo absurdo es que para realizarlas, cuentan con plantas de personal insuficientes y poco calificadas. En promedio, cada Alcaldía tiene menos de 30 funcionarios y con ellos atiende a poblaciones que en algunos casos son superiores a las de cualquier ciudad intermedia del país. Suba tiene el mismo número de habitantes que Barranquilla (1.200.000), Engativá que Cartagena (950.000 personas) y Kennedy tiene la mitad de población que Cali (1.054.000 personas). La mitad de las alcaldías locales supera los 300.000 habitantes.

En el diagnóstico sobre la poca eficiencia de las alcaldías locales, están de acuerdo incluso las entidades de la Administración Distrital. La Veeduría es una de la que más ha puesto la lupa sobre el tema. Para el veedor distrital, Jaime Torres, es fundamental redistribuir las funciones y competencias de estos 20 entes territoriales.

“Lo primero que necesitamos definir como ciudad es para qué queremos las alcaldías locales y cuál es el su rol. La ciudad y la administración distrital deben lograr mejores resultados de política pública en lo local, lo que hoy no está pasando, y evitar problemas de corrupción e ineficiencia”, asegura.

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Y es que las sumas que están en juego no son pocas. El presupuesto anual de las alcaldías locales es de 700.000 millones de pesos, que en su mayoría se destinan a tareas puntuales, más que a respaldar iniciativas del nivel central.

Adicionalmente, el riesgo de que la ejecución se entremezcle con la politiquería es alto si se considera que los alcaldes locales son elegidos a partir de ternas que presentan los ediles quienes, a su vez, suelen ser cuota de los concejales de la ciudad. Sin embargo, cambiar la forma de elección de los alcaldes locales es complejo, puesto que implica una reforma constitucional.

Frente a los problemas de eficiencia de las alcaldías hay varias salidas institucionales que se contemplan. La primera de ellas, es que la administración recoja algunas de las funciones que se vienen desempeñando a nivel local. En particular, aquellas dirigidas al desarrollo de programas de atención social o a la contratación de vías. Sin embargo, esto respondería a la interpretación de que centralizar es la principal salida a la ineficiencia o la corrupción, lo cual no necesariamente es cierto. La segunda opción sería, dotar de personal mejor capacitado a las alcaldías, para que puedan cumplir con las tareas que recientemente se han multiplicado por cuenta de algunas disposiciones del Código de Policía que entró en vigencia este año.

Otra vía, incluida en una iniciativa pronta a ser discutida en la Cámara es la de crear una Secretaría de Asuntos Locales.

Hoy en día las alcaldías dependen de la Secretaría de Gobierno, que a su vez debe estar al frente de las relaciones políticas de la administración con el Concejo y con la nación. “Con ese esquema la tarea esencial de los alcaldes locales, de ser gobernantes de proximidad, es absolutamente inviable”, asegura la representante por Bogotá Olga Lucía Velásquez, quien viene trabajando el tema desde la Cámara.

El balance de quejas ciudadanas en 2016 realizado por la Veeduría muestra que lo que más le duele a los bogotanos tiene que ver con temas que son competencia de las alcaldías locales. En un contexto en el que el descontento con la ciudad supera el 70 por ciento, darle la vuelta a cómo funcionan los gobiernos de proximidad resulta imprescindible.