Una sociedad polarizada

Una sociedad polarizada

El foso ideológico que hoy nos divide obedece a la audaz negociación adelantada por el Gobierno con las Farc. Las razones que invoca son poderosas; lo son también las de sus adversarios. La confrontación no es mala si somos capaces de resolverla en democracia.

La violencia homicida, que venía reduciéndose desde 2002, ha continuado esa tendencia durante la Administración del presidente Santos. Es evidente que el desarme y desmovilización de las Farc tienen un impacto muy positivo que vaticinamos perdurable. La conversión de ese movimiento guerrillero en un partido político, parece cerrar, de manera definitiva, el largo ciclo de atrocidades que ha cometido.

El reto que tenemos por delante es enorme. Estamos obligados a garantizar las vidas y seguridad de quienes se han desarmado. Y abrirles los espacios para que, saldadas sus cuentas con la justicia, o por la vía de los indultos concedidos a los guerrilleros rasos, puedan vivir dentro de la legalidad. La responsabilidad de los empresarios es enorme. Deben contribuir a la generación de proyectos productivos y de empleo a fin de que los antiguos guerrilleros, muchos de los cuales provienen de los sectores más desamparados de la Colombia rural, tengan paz y pan.

El Estado debe mejorar su capacidad para atender las necesidades de quienes, al abandonar la lucha armada, requieren con urgencia alternativas; esa es la tarea del denominado “Gabinete del Post Conflicto” que el propio presidente dirige. Las quejas que las Farc han expresado sobre la conversión de las zonas de concentración en ámbitos propicios para el desarrollo de programas de naturaleza colectiva, afines a la cultura guerrillera, deben ser tenidas en cuenta.

No puede ignorarse, sin embargo, que el Acuerdo del Teatro Colón (que es, para muchos, el mismo que fue negado en las urnas) ha dividido profundamente a la sociedad. Si bien era un niño en los años de feroz confrontación entre liberales y conservadores, puedo recordar escenas horripilantes a la vera de un camino rural y tengo vívidos recuerdos del “Bogotazo” en el año 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliecer Gaitán. Entonces, como ahora, se rompieron vínculos familares y amistades de toda la vida.

Si fuere cierto que hemos tenido una guerra de 52 años, Colombia llegó a ser un Estado fallido, y, por lo tanto, las Farc pudieron erigirse como su legítimo contradictor en una negociación en esencia igualitaria. Si todos somos culpables, como, al parecer, lo dijo la recién designada presidente de la JEP, el común de los ciudadanos, que nunca hemos agredido a nadie, tenemos la misma categoria moral de los alzados en armas. Todos tendríamos que asistir a las ceremonias de reconciliación colectiva que organizará la Comisión de la Verdad a lo largo y ancho del territorio patrio durante los próximos tres años.

Si las iniciativas de desarrollo en el campo requieren procesos vinculantes de “validación social”, sería obvio que quienes gobiernan son las “comunidades” y no las autoridades de la República. Es lo que se desprende del Acuerdo Final:

“Se crearán “mecanismos de concertación y diálogo social entre el Gobierno Nacional, regional y local, los campesinos y las campesinas y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y otras comunidades en donde conviven diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado que adelanten su actividad económica en los territorios rurales, con el fin de generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses, que permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad”.

Por supuesto, cabe preguntar en qué queda el concepto de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, al margen de cuál sea el origen social o la etnia a la que pertenecemos o con la que nos queremos identificar. Y cuál sería el alcance de la libertad de empresa si ya no basta cumplir las normas sino que, además, es necesario acudir a unos mecanismos que pueden servir, como lo hemos visto, para bloquear proyectos empresariales, salvo que se concedan ciertos beneficios a las comunidades representadas…. y sus representantes.

En el proyecto radicado por el Gobierno para crear la JEP se dice que esta se aplicará para condonar los siguientes delitos cometidos en contextos de disturbios públicos o en ejercicio de la protesta social: “empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; perturbación de actos oficiales; violación de los derechos de reunión y asociación; violencia contra servidor público; obstrucción de vías públicas que afecten el orden público; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; asonada; y lesiones personales".

Si estos fueren los nuevos criterios para regular el derecho a la protesta, no se vislumbra cómo se podría garantizar un clima propicio para la inversión y el crecimiento económico. Pero lo que es aún más importante: ¿Tendrá sentido, además, exponer a los integrantes de la Fuerza Pública a grados de indefensión frente a sus agresores que en ningún país civilizado se toleran?

El Gobierno negoció lo que le pareció mejor para nuestra Nación; el Congreso evalúa y modula; lo mismo ha comenzado a realizar la Corte Constitucional. En último término, los ciudadanos, en los comicios del año entrante, podremos confirmar o corregir el rumbo.

Preocupa, sin embargo, la capacidad de unas instituciones debilitadas por la corrupción para conducir nuestro país hacia un escenario de convergencia, aunque reconforta ver un grupo, ideológicamnte plural, de candidatos capaces y honorables tratando de ganar adeptos. La campaña apenas comienza. Ojalá se mantenga el respeto recíproco, el apego a la ley y la altura ética de los debates.