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| 3/7/2015 10:00:00 PM

Cartas

“El escándalo del DAS no es comparable con el de InterBolsa: es mucho más grave”, Julián Salcedo, Ibagué.

Suficiente una suspensión

Me sorprendió la portada de la revista en su edición n.º 1713 en donde aparecen, por una parte, Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado y, por la otra, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, con el título: ‘Cojea pero llega’. Ustedes creen que es lo mismo la actuación de unos funcionarios que desempeñaban labor de inteligencia y que posiblemente se sobrepasaron en algunos casos, con la de quienes estafaron a miles de personas, lucrándose indebidamente de millonarias sumas de dinero y dejando en la ruina a muchos de ellos. En el primer caso, posiblemente una sanción de suspensión por un tiempo era suficiente, si no existiera de por medio una marcada politización de la Justicia. En el segundo, indudablemente la justicia cojea, pero sigue cojeando.

Rodrigo Villa Galvis
Medellín


¿Cuántos negocios más?

Me pareció muy interesante el artículo acerca de las subidas de precio concertadas por fabricantes de cuadernos de manera poco ética (SEMANA n.º 1713). Menos mal han sido descubiertos junto con otros negocios como el de los pañales... La pregunta que me surge es ¿cuántos negocios más de este tipo tendremos en el país? ¿Somos un país susceptible de que las empresas nos impongan las reglas del juego que deseen? ¿Los bancos con sus altas tasas de interés, cuotas de manejo y demás servicios más altos que en el resto de América Latina estarán dentro de ellos? Y si es así, ¿hasta cuándo lo permitiremos?

Hernán Torres Calderón
Cali


De la magistrada Calle

En la edición n.º 1713 de la revista SEMANA se publicó un reportaje titulado ‘Guerra en la justicia’. Dentro del reportaje, en la página 44 de la edición impresa, se informa lo siguiente: “Para ese momento el abogado había hablado también supuestamente con otros tres magistrados de la corte: Luis Ernesto Vargas, Gabriel Eduardo Mendoza y María Victoria Calle”. Aunque no lo expresa en términos categóricos, esta afirmación sugiere que el abogado Víctor Pacheco habló conmigo para informarme sobre el asunto al que se refiere el reportaje. Esta información no es veraz, toda vez que nunca he hablado con el doctor Pacheco sobre este tema. Por lo anterior, hago uso del derecho consagrado en el artículo 15 de la Constitución para solicitarles se sirvan rectificarla.

María Victoria Calle Correa, magistrada
Bogotá


El tercer pacto

María Jimena Duzán, en la edición n.º 1713, comenta la tesis del expresidente Gaviria, sobre la justicia transicional. Decir que el Estado y las elites políticas son los máximos responsables de este conflicto, es verdad pura. Los pueblos son según los gobiernos y las poderosas elites que los rodean. Este principio nació con la humanidad. El desarrollo, la dignidad y la soberanía son frutos del trabajo y moral de las naciones.
 
La propuesta del expresidente Gaviria es otro pacto político, como el de 1958 llamado Frente Nacional, que originó la quiebra catastrófica de la Justicia, al dejar en la impunidad a los responsables de la violencia partidista durante siete años de dictadura conservadora; asesinato en el hemiciclo de la Cámara del representante Gustavo Jiménez; posterior muerte por heridas del presidente de la corporación Jorge Soto del Corral; censura de prensa, sangre y fuego, del rancho campesino a las mansiones de los dirigentes liberales en Bogotá, a El Tiempo y El Espectador y cientos de miles de muertos.

Nuestra tragedia de anarquía, terror y corrupción no tiene otra solución.  El camino de la paz es una Constitución dura contra la corrupción, aprobada por el pueblo, en la que la patria esté por encima de los partidos, intereses económicos, sociales y políticos, que ningún gobernante la pueda reformar a su amaño. Recuperar la dignidad de la Justicia y un periodismo veraz, conocedor de la historia, independiente, patriótico, implacable, contra poderes, elites y mafias.  
No es cierto que el Frente Nacional frenó la violencia partidista. Los grupos de campesinos liberales perseguidos por las dictaduras conservadoras se entregaron en 1953 al gobierno del general Rojas Pinilla, solo bajo la promesa de dejarlos vivir y trabajar en paz. Fue la democracia lo que frenó el Frente Nacional, al instituir el miti-miti en el gobierno, acabó con los partidos y excluyó de tajo toda idea política que no saliera de la sacra y obsoleta aristocracia liberal y conservadora, fundadas en  métodos monarquistas.

Así, se llegó al fraude de 1970, que dio origen al M-19. En Colombia, lo registra la historia, los poderosos han tenido la potestad de iniciar y finalizar los exterminios fratricidas, y responsabilizar al pueblo de sus muertos y miserias. Pisoteada la moral, dentro de pocos años, sepultado el derecho a la vida, la clase política igual a la de los dos últimos siglos, propondrá el tercer pacto político de impunidad, para que el pueblo jamás sepa quiénes pagaron por masacrarlo.

Isaac Vargas Córdoba
Bogotá
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