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| 7/25/2015 10:00:00 PM

Cartas

La política a dedo está matando la democracia en Colombia, Julio Mauricio Suárez, Bogotá.

Refundar al Estado

La revista n.° 1732, en su sección Nación, presenta un artículo serio, responsable, en donde analizan las posibilidades e implicaciones de un cese bilateral del fuego; es realmente constructivo, pero cuando miro como colombiano del común el país en su conjunto, encuentro que la labor que se lleva a cabo en La Habana va mucho más allá que la conducción al éxito de un proceso de paz.

La desmovilización de un grupo minoritario de delincuentes que hábilmente ha manejado su estatus político ante la opinión pública internacional es indispensable y, me pregunto –como estoy seguro que muchos colombianos lo están haciendo– ¿qué pasa con ese país de políticos sin ideas que persiguen únicamente la burocracia? ¿Hay un verdadero propósito o voluntad política de reformar sus prácticas para crear o recuperar la discusión transparente del futuro? 

Lo que estamos presenciando los colombianos del común es otra cosa, sin entrar a calificar a ningún partido o personas en particular; a todos los vemos avalando a candidatos con pasado dudoso pero con maquinaria votante o individuos empeñados en aferrarse al poder cuando su capacidad física o mental ya no se lo permite; eso es simplemente irresponsabilidad para con el ciudadano al que le reclaman la obligación de salir a votar. Nuestros dirigentes políticos están pensando en el ‘hoy como voy yo’ y no en un país mejor para los colombianos.

Miramos la Justicia y nos encontramos con un panorama desolador; sus representantes en vez de crear confianza en la institucionalidad se dedican a defender intereses particulares, le ponen precio a las decisiones al parcializar sus opiniones en un sentido u otro, y la imagen del jurista discreto, independiente y respetuoso de la Constitución pasó al recuerdo de los mayores. 

Cuando no están haciendo política, sus fallos se conocen antes de proferirlos y el nivel de impunidad no puede ser mayor porque está cerca al 100 por ciento; los ciudadanos oímos hablar al fiscal o al procurador y los vemos como candidatos y no como defensores de leyes, su protagonismo es irreverente para con los colombianos y lo que se siente es la búsqueda de algún interés particular.

Señores de SEMANA, ante este panorama ¿no será mejor que a través de los medios de comunicación empecemos a proponer cómo refundar al Estado colombiano? En Colombia, afortunadamente quedan personas que verdaderamente pueden contribuir a este propósito, aquí no debemos hablar de izquierda ni de derecha, debemos crear un nuevo país.

César Zambrano Muñoz
Cali


Aforados desaforados

En referencia al artículo ‘De torpedo a bumerán’, edición n.° 1723, opino: queda claro que cuando se trata de equilibrar los derechos, modificando los privilegios, en este caso judiciales, aparecen los antirreformistas o aventajados para negar el progreso del país y continuar navegando en la exclusividad de los pocos favorecidos, factor que acrecienta la abominable corrupción.

Ayer fue la fallida y corrupta reforma a la justicia, enterrada por la indignación de la ciudadanía colombiana. Hoy, el caso de la propuesta, anunciada por el presidente de la Corte  Suprema, Leonidas Bustos, y avalada por el presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara; Wilson Ruiz, presidente del  Consejo de la Judicatura, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en la cual proponen una constituyente, sin definición de tiempo a efectuarse y, acabar con la reforma al equilibrio de poderes, cuya esencia es la de terminar con las  reelecciones en el país.

Además: eliminar el Consejo de la Judicatura, la creación de una comisión para investigar a los magistrados y al fiscal, en reemplazo de la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, darle final a la llamada ‘puerta giratoria’ para impedir que los magistrados pasen de corte en corte, abolir las funciones electorales en los organismos de la Justicia y la implementación de un concurso de méritos para elegir los miembros del Consejo de Estado y la Corte Suprema. Aunque estas medidas no satisfacen plenamente por no realizar la reforma a la justicia integral, con celeridad para los ciudadanos, despolitización, aplicación de la justicia ordinaria para todos los civiles y finiquitar de una vez todos los privilegios; la reforma de equilibrio de poderes es mejor que lo existente.

La inaceptable  propuesta denota el carácter no propositivo, sin consenso, demostrando sí, el interés de que nada cambie para que continúe el intercambio de favores y la nociva impunidad de la justicia. La injerencia contra la independencia de poderes, también, es manifiesta de los aforados desaforados.

Omar León Muriel Arango          
Medellín  

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