Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2015/08/22 22:00

Cartas

Congresito, constituyente, o lo que sea: ¡queremos paz! Manuel Martínez, Bogotá.

Cartas

Rectificación

N. de la R. En la edición n.º 1737 se publicó un confidencial titulado ‘Se siente la crisis’ en el que se decía que la desaceleración de la economía ha golpeado duro a los medios de comunicación y se citaba el último informe de Asomedios. Por un error involuntario escribimos que la cifra de caída de la pauta publicitaria de periódicos fue de 14,5 por ciento. Ese dato es equivocado y la cifra real es 9,5 por ciento.

Reflexiones sobre la implementación

A propósito del artículo central de SEMANA ‘El globo del congresito’ (edición n.º 1737) permítaseme hacer las siguientes reflexiones.

El gobierno parece estarse ahogando en un vaso de agua en materia de implementación de los acuerdos con las Farc. Propone como una posibilidad, entre otras, un “congresito”, que no puede ser sino producto de una reforma constitucional, para que reemplace al Congreso en la aprobación de dichos acuerdos. En mi opinión, el Congreso no puede delegar su función legislativa sino en el presidente de la República (con exclusión de ciertas materias), y en ningún cuerpo su función constituyente, pues solo se puede reformar la Constitución por el Congreso, por un referéndum o por una Asamblea Constituyente. Bajo la anterior Constitución, la Corte Suprema de Justicia resolvió el tema en el sentido de “la incompetencia del Congreso para delegar el poder de reforma”. Bajo la del 91 hay más y mejores argumentos para llegar a la misma decisión.

El Congreso es la institución apropiada e imprescindible para aprobar mediante actos legislativos y leyes los acuerdos de La Habana que requieran de los unos o de las otras.

Y si de andar rápido se trata, para eso está el artículo 163 de la Constitución Política que le permite al presidente apoderarse del orden del día del Congreso y, además, poner a sesionar conjuntamente las comisiones de Senado y Cámara para darle trámite ágil y expedito a cualquier tipo de proyecto. Tanto más cuanto que el gobierno tiene mayorías en ambas cámaras y el proceso de paz también.

El acto legislativo que se requiera puede ser aprobado en primer debate antes del 16 de diciembre de este año, y en segundo, a partir del 16 de marzo del año entrante. Es decir, es posible tener en un término no superior a diez u 11 meses toda la legislación que se requiera, incluido el acto legislativo para la paz, sin necesidad de romper el orden jurídico. No solo no es mucho tiempo, sino que es la vía más rápida y segura de hacerlo todo.

Y algo esencial: no se corre el riesgo cierto de que el “congresito”, con ese nombre o con cualquiera otro, sea declarado inexequible por la Corte Constitucional, como en mi opinión no podría ser de otra manera. El golpe al proceso de paz sería terrible. ¿Qué sentido tiene correr estos riesgos? Amén de que un Congreso que depone en una coyuntura histórica excepcional como la presente sus funciones sobre el tema  esencial de nuestros días que es la paz, no solo viola la Constitución sino que se denigra a sí mismo.

Y como hay necesidad de vincular a la guerrilla a la discusión de estos temas, ello es posible hacerlo mediante invitaciones en las comisiones y en las plenarias para que expongan sus puntos de vista sobre el tema correspondiente todo el tiempo que se requiera mediante la declaratoria de informalidad de las sesiones. Tendrían así voz pero no voto pues para tener voto en una corporación pública como es el Congreso o como fue la Constituyente del 91 es necesario haber sido elegido por el pueblo.

No nos pongamos a inventar unos instrumentos jurídicos exóticos que pongan en peligro el proceso de paz cuando ya hay unos establecidos que pueden operar muy eficiente y eficazmente.

Jesús Pérez González-Rubio, constituyente en 1991
Bogotá


Propietarios ausentistas

El artículo ‘Dura radiografía’, en la edición de SEMANA n.º 1737, comenta los resultados del Censo Nacional Agropecuario, evidenciando la pobreza  de la vida en los campos y mostrando la gran concentración de la tierra en pocas manos: un 0,4 por ciento de grandes propietarios lo son del 46 por ciento del área, con promedio de 500 hectáreas. En tanto que el 70 por ciento de los pequeños propietarios solo tienen el 5 por ciento y con predios inferiores a cinco hectáreas.

Los primeros son propietarios de predios dedicados a ganadería extensiva, que ocupa poca mano de obra. Son ausentistas; gran parte de ellos son socios de Fedegán, federación que ha recibido grandes apoyos del Estado por medio de Friogán y el Fondo Nacional del Ganado y sobre los cuales el exministro de agricultura Juan Camilo Restrepo ha denunciado malos manejos.

Los segundos son propietarios de predios pequeños dedicados a la agricultura o ganadería de subsistencia, aportan su mano de obra familiar, pero sus condiciones precarias no les permiten una vida digna, pues por las recomendaciones de la banca internacional desaparecieron las entidades que les prestaban asistencia técnica, apoyo tecnológico y crédito.

Es sorprendente que estos resultados tan sufridos por los campesinos sean una novedad para el señor presidente Santos, quien tardíamente viene a reconocer que “falta todo por hacer en el campo”.
El estudio revela la importación del 28 por ciento de los alimentos que consumimos. No obstante, esta cifra nos resulta pequeña dada la gran dependencia externa que han generado los TLC en detrimento no solo de la agricultura, sino también de la industria en nuestro país.

Fidel José Vanegas Cantor
Bogotá

Sin prueba fehaciente

Es a todas luces inaceptable e inmoral que se utilice políticamente el lamentable accidente del helicóptero donde murieron 16 policías en Urabá en una operación contra el Clan Úsuga o Urabeños. Tan pronto ocurrió el siniestro, el Centro Democrático liderado por el senador Álvaro Uribe, sin tener ninguna prueba, comenzó una ofensiva en las redes sociales contra el gobierno afirmando que el helicóptero había sido derribado por la guerrilla o las bacrim. Sin importar el dolor de los  familiares por la tragedia lanzaron especulaciones con la única intención de desprestigiar al gobierno y al proceso de paz.

Ahora, luego de las rigurosas pesquisas de Medicina Legal sabemos que se trató de un accidente. Sin embargo, los opositores  se niegan a aceptar estos resultados y, sin aportar evidencias llegan a culpar al presidente y al director de la Policía de lo ocurrido.

Lo que llama la atención, como lo destacó el columnista León Valencia (SEMANA n.º 1737), es que la pérdida accidental de estos valientes policías se dio cuando desarrollaban una operación contra un grupo delincuencial que es “la herencia de un modelo de control político, social, económico y territorial de los paramilitares, forjado en los años noventa en Urabá, cuando Álvaro Uribe ejerció como gobernador de Antioquia, y también son el rezago de negociaciones que el propio Uribe realizó con las Autodefensas Unidas de Colombia”. En este modelo participaron las AUC en asocio con algunos  militares para producir terror en la zona.  Es lamentable  que el afán político de algunos opositores ponga en un segundo plano la muerte de estos valientes héroes que, por combatir la delincuencia, accidentalmente perdieron sus vidas.

Juan Manuel Jaramillo U.
Manizales

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