Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/04/02 00:00

Cartas

"Ese panorama me parece desolador. Ojalá Dios los ilumine para que lleguen a buen puerto por el bien de todos". María Consuelo Bermúdez C, Bogotá.

Cartas

Legítima defensa

El rechazo del gobierno al fallo de La Haya, edición n.º 1768 de SEMANA, no es un desacato, sino acto de legítima defensa. La corte, en un fallo técnicamente empatado, desconoció el derecho internacional y su propia jurisprudencia, haciendo caso omiso de  argumentos que ha debido tener en cuenta, conforme a normas y prácticas jurídicas. Otros países, como Estados Unidos y Argentina, han optado por una conducta similar. Si Colombia no cuenta con garantías, el proceso es inútil y desgastador. La negociación directa y la  delimitación de la plataforma continental  entre ambos países parece ser la mejor y única alternativa.

Miguel Durán Ordóñez, Bogotá.

No está vacía

Respetuosamente, considero que la fotografía y el titular de la portada de la edición n.° 1769 parecería ser, más bien, obra de fanáticos uribistas, expertos como son en mentir sistemáticamente y en manipular la información, que de una importante revista como SEMANA, que pretende ser objetiva, pues desinforma e induce en error a los lectores.

No es cierto que la Mesa de Negociaciones de La Habana esté vacía y tampoco lo es que al 23 de marzo no se haya llegado a ningún acuerdo en ella. La verdad es que en esa mesa los negociadores del gobierno y de las Farc siguen trabajando para llegar a la firma del acuerdo del fin del conflicto armado, que no de la paz, pues solo entonces empezará a construirse esta mediante un largo y difícil proceso que implica reformas institucionales a las que se oponen quienes siempre se han beneficiado de nuestra inequidad socioeconómica. Esa construcción requiere del concurso de todos los ciudadanos, empresas y organizaciones.

Los medios de comunicación tienen un papel preponderante para el logro de la paz y, por eso, es indispensable su veracidad y objetividad. Tampoco es verdad que en esa mesa, a la fecha, no se haya llegado a importantes acuerdos –la misma SEMANA los ha divulgado en diversas ediciones–. Es cierto, sí, que solo faltan los acuerdos fundamentales sobre cese bilateral de hostilidades, concentración de los miembros de las Farc, dejación de sus armas y reinserción a la vida civil y sobre las garantías para que ellos puedan actuar como partido político sin riesgo para su vida, su integridad personal y sus libertades.

Darío Arcila Arenas, Envigado

Legalismo fatal

En el artículo ‘Clamor por el código’ (de Policía), de la edición n.° 1768 de la revista, se refiere que “El 10 de noviembre de 2013, Hernando Hernández asesinó a machetazos a su esposa, a dos de sus hijos y a su sobrina en su casa del barrio Bosa San Diego en Bogotá” y que los agentes de la Policía que llegaron al lugar “alertados por los vecinos que oían los gritos” y las voces de auxilio “no pudieron hacer nada” porque “no tenían una orden judicial que les permitiera entrar a la casa para salvar a la mujer y a los menores”.

Sin desconocer la necesidad de actualizar nuestro Código de Policía, en relación con el absurdo e insensible comportamiento de esos agentes, opino que este es producto del legalismo y formalismo que impera en nuestras autoridades judiciales y de Policía y de la falta de formación e información de sus integrantes. Los agentes que acudieron estaban ante un caso de flagrancia, en el cual su intervención era necesaria y obligatoria para proteger los derechos a la vida y a la integridad de esas personas, derechos más importantes que la privacidad del domicilio.

Por eso, para esa intervención no requerían orden escrita de autoridad judicial, de acuerdo con los artículos 2, 229 y 301 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal Colombiano. Además, esos agentes, o cualquier particular –como los mismos vecinos– que hubiesen auxiliado a las víctimas estarían actuando legítimamente en ejercicio del derecho a la legítima defensa “de un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente…” establecido en el numeral 6, del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano. Más aún, los vecinos, y con mayor razón los agentes de Policía, podrían haber incurrido en el delito de Omisión de Socorro, establecido en el artículo 131 del mismo código.

Las autoridades de Policía no pueden desconocer tampoco sus obligaciones constitucionales: por mandato del artículo 2 de nuestra Constitución Política, “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades…”. Además, por disposición del artículo 13 de la misma, “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” y los artículos 43 y 44 disponen que “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación...” y que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Es que la militarización de nuestra Policía ha deformado la mentalidad de sus miembros y los ha llevado a olvidar que su principal función es la protección de los derechos de todos los residentes en Colombia y la preservación del orden público.

Carmen Posada González, Medellín 

Falacias de las NIIF

El artículo ‘Un idioma universal’ (edición n.° 1769) está mal informado desde el titular.  Desconoce que Estados Unidos, poseedor de la primera economía del mundo, que consume casi el 50 por ciento de los recursos del planeta, no ha aceptado ni aceptará las NIIF. Por lo tanto, no es cierto que la Bolsa de Nueva York las exija.  Por la sencilla razón de que estas normas se idearon con propósitos distintos a mostrar la realidad de las empresas y, a los inversionistas, sin excepción,  les interesa saber la verdad.

Las NIIF son una de las más funestas y nocivas herencias que le dejó al país el  gobierno de Uribe. Fueron auspiciadas por sus creadoras, las Big Four, como su más  fabuloso negocio y  establecidas en Colombia por la Ley 1314 de 2009. Las Big Four se aprovecharon de trucos y engaños para sus propósitos.

Con la complicidad  del señor  Luis Alonso Colmenares, quien fungía entonces como presidente de la Junta Central de Contadores, de manera expedita lograron una ley para su exclusivo beneficio.  La única entidad del país que no cayó en la trampa de las Big Four fue la Dian. La razón es obvia.  Tanto los ingresos como las deducciones tienen que ser soportados por documentos y asientos reales. Esto ha traído el nocivo efecto de generar duplicidad en el trabajo de las empresas, en vez de facilitarlo como es la tendencia moderna mundial para aumentar su productividad.  Las NIIF están obligando a llevar doble contabilidad. Las más perjudicadas de ese tortuoso invento han sido las pymes, bien llamadas en nuestro país ‘gigantes de la economía’. 

Juan Jacobo Pavajeau, catedrático emérito y exprofesor titular de la Universidad Nacional Bogotá.

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