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| 6/18/2016 12:00:00 AM

Cartas

"Por fin me explico por qué en este país no se puede hacer nada". María Chávez, Bogotá.

Dice Jesús Pérez González-Rubio

Dice la prestigiosa revista que la Constituyente de 1991 fue “sobornada por Escobar”… (Edición n.°1780, página 11). Son muchos los constituyentes que han dejado este mundo. Ellos no pueden defenderse de tan temeraria afirmación. Entre ellos podemos citar a personas respetables, honestas y honorables como: Misael Pastrana Borrero, Álvaro Gómez Hurtado, María Mercedes Carranza, Alfonso Palacio Rudas, Rodrigo Lloreda Caicedo, Raimundo Emiliani Román, Augusto Ramírez Ocampo, Orlando Fals Borda, Cornelio Reyes, Alberto Zalamea, Carlos Daniel Abello Roca, Tulio Cuevas Romero, Helena Herrán de Montoya. No existe ni puede existir la más mínima prueba de que estos constituyentes, o cualesquiera otros, se dejaron sobornar de una manera o de otra, por el señor Escobar. Es la razón por la cual solicito una rectificación de tamaña afirmación que implica que los constituyentes cometimos el delito de cohecho. Es una afirmación tan grave como injusta y gratuita.

Jesús Pérez González-Rubio, constituyente de 1991, Bogotá.

La realidad es tozuda

En su artículo sobre los empresarios maniatados (edición n.° 1780) hacen un juicioso análisis de las mayores dificultades que enfrentan los inversionistas para desarrollar proyectos mineros: desde el abuso de la consulta previa, la descoordinación de las diferentes entidades del Estado, los trámites absurdos.

Leyendo el texto, es difícil no estar de acuerdo con que invertir en Colombia es cada vez menos atractivo y eso no es bueno en una sociedad que necesita inversión para avanzar.

Sin embargo, en el mecanismo de las consultas a las comunidades, nada es más tozudo que la realidad: los proyectos mineros afectan de manera grave los pueblos que los circundan, sin que se vea un beneficio real: basta ir a municipios como Puerto Gaitán, Albania (La Guajira), Maicao o La Jagua de Ibirico, para observar el deterioro de la calidad de vida, por los altos precios, el alto desempleo de los residentes o la contaminación, y la misma retahíla de necesidades insatisfechas. La riqueza para ellos termina siendo una maldición, y el dinero que se supone es para beneficiarlos es para otros, generalmente bien lejos.

Samuel Whelpley H., Barranquilla.

La guerra como bandera

Para el columnista León Valencia en su artículo ‘Lo que hay detrás en la recolección de firmas de Uribe’ (SEMANA n.° 1780), el objetivo de las firmas y de todas las demás acciones orientadas a evitar el cierre del conflicto armado por la vía del diálogo es “no concederle ninguna legitimidad a lo pactado en La Habana”. Sin embargo, lo que verdaderamente está detrás es la continuidad de un proyecto político que ha visto en la guerra la principal bandera para su justificación y su éxito. No de otra manera se entiende que el hoy senador Álvaro Uribe base su rechazo a los acuerdos de La Habana en dos tesis básicas: la cárcel para sus máximos dirigentes y la prohibición para que dichos dirigentes participen en política, cuando en el pasado él mismo, en el Senado, defendió como ponente una ley de amnistía para todos los guerrilleros del M-19 que, además de beneficiarlos judicialmente, les
permitió hacer política e incluso, desempeñar cargos por votación, como sucede hoy día con algunos de sus miembros que, a nombre del Centro Democrático, desempeñan cargos de elección popular. Por no hablar de su propuesta de concederle a los paramilitares un estatus político.

Se hace imperioso que cuanto antes el gobierno y las Farc lleguen a un acuerdo final y que quienes creemos que la terminación del conflicto armado es el mejor legado que podemos dejarles a las futuras generaciones, nos demos a la tarea de promover el Sí en la refrendación definitiva de los acuerdos de La Habana. No podemos permitir que triunfen intereses ajenos al bien supremo de la paz y que, como consecuencia, estemos condenados a otros 50 o más años de muerte, barbarie y atraso. Colombia y las futuras generaciones de colombianos se merecen un futuro mejor que el que nos tocó en suerte. El Sí al referendo es el No definitivo a la guerra.

Juan Manuel Jaramillo Uribe, Manizales.

Infierno terrenal

Impactante resultó el cubrimiento del desalojo al llamado Bronx (SEMANA n.°1779), desde lo que se dijo, informó y especialmente desde lo que se mostró. La foto de portada de la edición es un retrato descarnado de los rostros dolientes y demacrados que allá habitaban entre la droga y la ley marcial impuesta por los hampones, y las imágenes (fotos y videos) del artículo pintaron el cuadro de cómo funcionaba la economía del sector. No deja de sorprender que a semejante olla llegaran niñas ricas y turistas para entregarse a la experiencia del narcoturismo desenfrenado. Se sabe que por su fama Colombia invita a este tipo de turismo, y la Policía mide a los extranjeros con otra vara, pero verlo es distinto a leerlo o escucharlo. Abre los ojos advertir a la gente de plata acercarse por cuenta propia a bailar con el demonio. Y es difícil no reaccionar frente al caso del holandés que escapó de los sayayines.

Gil Mena, Ibagué.

De la sátira al insulto

Como suscriptor de ese importante semanario me refiero al artículo del columnista Daniel Samper Ospina ‘Luego del Bronx, el Palacio de Justicia’ (SEMANA n.° 1780), para manifestar que pasa del estilo mordaz en la sátira política para incursionar en terrenos del irrespeto y el insulto a las instituciones judiciales. Debo destacar que cada semana busco compulsivamente, y en primer lugar, la referida columna, porque reconozco en el periodista una gran genialidad para hacer caricaturas de la realidad política con el más crudo humor, pero estimo que este en el periodismo debe tener límites éticos y de respeto; y que las generalizaciones como la que hace en la referida columna, de poner en el nivel de delincuentes de la peor laya a todos los integrantes de las altas cortes del país, sin escapársele siquiera  la presidenta de la Corte Suprema, a quien también le atribuye su alias, como si solo hubiera allí indignidad y podredumbre, son extralimitaciones que no hacen justicia a la justicia ni honor al fino humor del humorista.

Gabriel Fernando Roldán Restrepo, Medellín.

Estamos pintados

Si nos guiamos por lo que plantea el artículo de portada de la edición n. °1780, ‘La odisea de invertir en el territorio’, estamos pintados. Ni gasoductos, ni carreteras decentes (modernas ya decirles es casi descarado), ni hidroeléctricas, ni perforación petrolera, ni nada se puede hacer en serio en el país por nuestra histórica incompetencia para planear y ejecutar cimentada en nuestra afinada costumbre de improvisar. Ahora, no me parece del todo terrible que se hagan consultas previas a las comunidades, en especial si evitan daños ambientales irreversibles, pero muchas veces el debate pierde de vista lo técnico, es decir, la evaluación de los beneficios para todo el país versus los posibles costos a una región específica. De lo técnico se debe partir, y no se puede separar.

Lázaro Echeverry, Ipiales

Justicia para quiénes

Con respecto a la elección de fiscal general, no logro concebir que Néstor Humberto Martínez siga tan campante su campaña. Esto lo digo con respecto al artículo ‘Cualquier cosa puede pasar’ (edición n.° 1780). Quizás peco de inocente, y asumo que alguien tan comprometido con tantos intereses sea el llamado a asumir la Justicia en Colombia. Creí que Yesid Reyes llegaría, pensando desde el deseo, pues reúne toda la moral que requiere un cargo tan delicado, pero claro, ese criterio es quizás el último que se mira a la hora de escoger.

Gonzalo Jiménez, Cúcuta.

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