Cartas

Para pagar la deuda

Con ‘La locomotora minera’ (SEMANA #1484), la revista ha tocado un tema de importancia primordial para Colombia. No es conveniente descargar en Ingeominas la responsabilidad de este delicado asunto, pues el Instituto de Investigaciones Geológicas es nuevo en el tema y su función esencial no es esa. Si la nueva Contralora, que asume su cargo en buena hora y con motivaciones frescas, y el Ministerio de Minas, que es el responsable principal, llevan a cabo un control real, no solamente de las liquidaciones de las regalías que las compañías mineras le presentan a nuestro país, sino también de los volúmenes reales que cada una de ellas ha exportado en níquel, carbón, petróleo, esmeraldas, oro y otros minerales preciosos, van a encontrar que con el faltante podremos cancelar la deuda externa de Colombia y aun quedará un excedente para renovar toda la malla vial de nuestra amada ‘patria boba’.

Mario Valencia-Cuesta
Bogotá


Se necesitan vías

Cada vez leo con extrañeza los artículos de SEMANA que hablan sobre el caótico tránsito de Bogotá, y es porque siempre los medios de comunicación (de cualquier forma) hablan de cómo hacer para aumentar, cambiar, los vacíos, las carencias, etcétera, de la medida del Pico y Placa.

Pero no he leído o escuchado que el problema sea que en Bogotá ya no tenemos vías y llevamos 30 años sin que a nuestra ciudad le construyan. Tomemos como ejemplo a lo que llamamos la autopista, con su paralela. ¿Saben ustedes cuántos edificios se han construido, todos ellos con más de cinco pisos? Ejemplos, muchos: a la altura de la 108 están construyendo tres torres gigantes y las vías siguen siendo exactamente las mismas, ni más ni menos.

Nuestro problema no es cómo hacemos para seguir castigando a los ciudadanos por tener vehículos. Nuestro problema es que nuestros líderes (alcaldes) no han proyectado a la capital como lo que es: una metrópoli con más de 12 millones de habitantes, que en los últimos años ha crecido a pasos agigantados. Ustedes, como medios de comunicación, deberían ser los que estén del lado de la ciudadanía haciéndoles ver a nuestros gobernantes que estamos con la misma malla vial de hace más de 30 años. Necesitamos grandes vías y una autopista real, no de nombre.

Claudia P. Franco
Bogotá


La explosión de una botella

En la edición #1484 de SEMANA, sección Confidencial, se comenta una nota de la revista Bloomberg Businessweek sobre las pocas metidas de pata de Coca-Cola que han afectado el curso del negocio. Sin embargo, la firma está igualmente vinculada a una célebre sentencia de 1944, Escola v. Coca-Cola Bottling Co. of Fresno, en un caso en el que una mesera demandó a la empresa por los daños corporales sufridos cuando le explotó una botella de gaseosa que intentaba guardar en un refrigerador. El tribunal decidió a favor de la demandante, ya que la mayoría de los magistrados consideró que se presumía la culpa en todos aquellos casos en que “el demandado tuviera control exclusivo sobre la cosa causante del daño, y el accidente fuese de tal naturaleza que habitualmente no habría ocurrido de no mediar negligencia en el demandado”. Pero en un salvamento que se volvería famoso, el juez Traynor propuso gravar a los fabricantes con un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa, por el riesgo que implican los productos mal elaborados que se ponen en circulación. El argumento es la base de la moderna responsabilidad por productos defectuosos.

Ramiro Saavedra Becerra
Ex consejero de Estado
Bogotá


Como en Argentina

El columnista Alfredo Rangel dice en su columna ‘Chuzadas y descalificadas’ (edición #1481) que la intervención ilegal a miembros de la oposición del gobierno de turno es una práctica generalizada no solo en Colombia, sino en varios países del mundo. Como él mismo lo menciona en el texto, esta epidemia de interceptaciones no justifica lo que ocurre por estos días en el país. Sin embargo, al terminar de leer la columna queda un cierto tufillo de apología a las acciones realizadas por el DAS, sobre todo cuando enumera las dificultades de ejercer control a las instituciones de inteligencia en una democracia, por el aparente conflicto que surge cuando se juntan la necesidad de proteger los secretos para la seguridad del Estado y la utilidad de la transparencia. Y, como si fuera poco, remata diciendo que debería aprobarse una ley para darle facultades al Presidente de desclasificar los archivos producto de las ‘chuzadas’, para darnos cuenta de que esta es una práctica permanente del DAS en los últimos 30 años. ¿Y los responsables de ordenar las interceptaciones dónde quedan? ¿O será que tendremos que esperar 40 años para conocer la realidad de este fenómeno, como ocurrió en Argentina?

Amalia Cortés
Bucaramanga