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| 4/16/2011 12:00:00 AM

Cartas

"Me pareció muy bueno el juego de palabras de su título. Todo el mundo espera qué es lo que van a cantar", Jorge Suárez Peralta, Bogotá.

De Humberto de la Calle

Como representante de la firma De la Calle, Londoño & Posada Abogados considero importante realizar algunas precisiones en torno a la columna titulada ‘Los abogados de los Nule’, publicada en la anterior edición de SEMANA. Destaco la pertinencia del tema suscitado por la autora. El título de abogado no es patente para delinquir. Es necesario que impere un sentido de responsabilidad ética en el ejercicio de la profesión. Ni siquiera basta con refugiarse en la ley. Hay que ir más allá. Pero, al mismo tiempo, se hace necesario diferenciar entre quienes presuntamente cohonestaron la estructuración de la cadena de hechos que justamente alarman a la opinión, respecto de quienes, como la firma que represento, se mantuvieron invariablemente en el campo de la asesoría honesta.

De la Calle, Londoño & Posada Abogados cuenta con un área especializada en quiebras y reestructuraciones, la cual ha atendido con éxito más de cuarenta casos durante los últimos cuatro años. La firma aceptó el encargo de realizar un diagnóstico general de las empresas del grupo con el fin exclusivo de recomendar una vía legal para cancelar la mayor suma posible a los acreedores, en las condiciones de equidad y de gradación que prevé la ley. La firma formuló recomendaciones sobre la base de la información aportada, a partir de documentos y contratos elaborados por terceros, al tiempo que se sugirieron medidas para preservar el patrimonio, que es la garantía de los acreedores. Exigir que el abogado no atienda una asesoría para buscar superar serios problemas de insolvencia es como pedirle al oncólogo que no reciba al enfermo precisamente porque padece de cáncer.

Hoy, a la luz de las evidencias en contra de los Nule, ampliamente divulgadas por los medios de comunicación, concluimos que la indignación de la sociedad es justificada.
Tal como lo señala María Jimena Duzán en su columna, el episodio de los Nule deberá servir como punta de lanza para un amplio debate nacional, no solo en torno a la ética profesional de los abogados sino también frente a los mecanismos de control que deben blindar los procesos de contratación pública, en aras de defender el patrimonio de todos los colombianos.

En mi caso personal, por mis antecedentes en la vida pública, sé y acepto que tengo mayores responsabilidades frente a la sociedad que otras firmas que también prestaron servicios semejantes. Nuestra firma está dispuesta al escrutinio de todas y cada una de sus actuaciones.

Humberto de la Calle
Bogotá


Chirrido permanente

No es lo mismo tres tenores cantando que tres pícaros ‘cantando’. (SEMANA #1510). Un bello ‘sol sostenido’ es la tonalidad  afinada que ilumina a los primeros. El chirrido  permanente  caracteriza la voz  desafinada de los segundos.

Martha Senn, mezzosoprano
Bogotá


Por la ingeniería

Son muchas las causas que han culminado con el caso de los Nule (SEMANA #1510). Indudablemente, las principales son la ambición desmedida y la deshonestidad. Pero el Estado patrocina mucho de este teatro de corrupción al permitir que en las empresas de ingeniería se compre el currículum vitae como cualquier mercancia; al exigir capacidades económicas enormes y fuera de contexto; al no controlar el manejo de los recursos del Estado de principo a fin de cada contrato, y esto sería muy conveniente; al permitir que la contratación quede en muy pocas manos como consecuencia de sus exigencias exageradas de capacidad económica y experiencias, que solo se prestan para amarrar las licitaciones. Otro factor es el abismo entre el proyecto y el contratante constructor. El Estado, antes de suscribir, debería exigir al futuro contratista revisar el proyecto y aceptarlo o, de una, manifestar sus inquietudes para estudiarlas y resolverlas antes de iniciar y girar el anticipo. En fin, hay muchos filtros y muchas otras opciones para mejorar la contratación y hacerla más democrática, de manera que no quede urbanizada en pocas manos, de los banqueros o los avivatos, lo que está perjudicando el ejercicio sano de la profesión de ingeniería.

Joaquín Sánchez
Bogotá


Desdén y prepotencia

No es una verdad desconocida, pero leyendo el artículo ‘Tolemaida Resort’ en la edición #1509 de SEMANA, se confirma una vez más que el poder militar en Colombia es una rueda suelta e independiente de los gobiernos civiles de turno, puesto que parece que no están sujetos a la ley y al orden constitucional, en la medida en que todas las instituciones del Estado deben responder y dar cuenta de sus actos oficiales y administrativos que tengan que ver con el efecto que producen sobre la sociedad. En este caso específico se muestran el desdén y la prepotencia, sin ruborizarse, de los altos mandos militares, negando ante la evidencia de los hechos las acciones de corrupción cobijadas con la llamada ‘solidaridad de cuerpo’, que prevalece ante los horrores y crímenes cometidos por algunos miembros del estamento militar, con el poder de las armas que provee el propio Estado y que, según la Constitución, deben estar para defender y proteger a la población colombiana.

José B. Morales A.
Neiva

Por la desigualdad

Interesante el artículo sobre ‘Desi-gualdad extrema’ (SEMANA #1506). Las cifras son preocupantes y desgarradoras. No obstante, me parece injusto responsabilizar de la pobreza y del alto índice de desigualdad social en Colombia (0,55 GINI) a la mala distribución en la tenencia de la tierra. El agricultor y el ganadero nuestro, en los últimos treinta años, ha desmejorado tanto sus ingresos y su calidad de vida que muchos de ellos han tenido que abandonar o vender sus tierras y ganados por el boleteo, el secuestro y la poca o ninguna ayuda del Estado. Recuerde que programas como el AIS se quedaron en manos de banqueros, industriales, paracos, artistas y demás avivatos que nada tienen que ver con el sector agropecuario.

Además, ninguna empresa del campo, por grande y poderosa que sea, incluidos los ingenios azucareros, obtiene las ganancias y utilidades que año tras año declaran los bancos, las aseguradoras y demás organizaciones financieras en el 10 por ciento de la población que se queda con el 50 por ciento del PIB colombiano, si acaso, hay una sola empresa dedicada a trabajar la tierra. En el 90 por ciento restante están los pequeños, medianos y ‘grandes’ agricultores y ganaderos de este país, que ya casi son especie en vías de extinción.

Silvio Montaño Arango
El Cerrito, Valle














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