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| 5/21/2011 12:00:00 AM

Cartas

"Apropiarse de los recursos de la salud es un crimen de lesa humanidad", Solange Echeverry, Bogotá.

Al bolsillo

Con su artículo de la edición #1515 se sabe a dónde van a parar los recursos que los empleadores y cotizantes aportan a SaluCoop. Al bolsillo de sus directivos y a inversiones que no tienen nada que ver con el propósito fundamental de las EPS, prestar un servicio oportuno a los pacientes, pagarles salarios adecuados a los médicos, suministrar medicamentos de calidad, cumplir con los pagos a las IPS.

La negación y la demora en la atención, por malversación de fondos, constituyen una estafa a cotizantes y usuarios del servicio de salud. Se puede configurar la figura de homicidio con dolo, por los pacientes que fallecen diariamente por falta de atención adecuada. La demora en la autorización de exámenes o biopsias hace que meses más tarde ese paciente se complique y fallezca por no recibir atención oportuna.

¡Quienes roban al sistema de salud son tan asesinos como los guerrilleros que siembran minas antipersonales!

Ojalá lo recientemente destapado no quede en la impunidad. Desde Palacino hacia abajo, todos sin excepción, deben pagar cárcel por muchos años y todos sus bienes deben ser objeto de extinción de dominio, como cualquier vulgar narcotraficante.

Vicente Rodríguez Montoya
Bogotá


Un verdadero genio

Tuve oportunidad de leer el artículo publicado por SEMANA sobre Carlos Palacino (edición #1515). Siento que SEMANA siempre ha sido un medio que informa, que coloca información sobre la mesa para que los lectores puedan tener elementos de juicio, pero me pareció que el artículo acaba poco a poco con la dignidad de un hombre que trabajó por la salud del país, que pudo tener errores, como cualquier persona, pero al que se refieren como si fuera un traficante o, lo que es peor, como si hubiera hecho un daño muy grande al país. Por el contrario, siento que hay una cortina de humo sobre los pagos que el Fosyga tenía que hacer a cada una de las EPS.

No sean ustedes el dedo que señala, sean ustedes los zapatos de Carlos Palacino, un hombre que a ustedes no ha hecho daño, pero al cual ustedes están inculpando de manera injusta. Apoyo para los que piensan diferente. Con esa mente brillante de un genio que hizo crecer un negocio en menos de 15 años, Colombia crecería a pasos agigantados en el mercado mundial y no seguiríamos haciendo cortinas de humo cada vez que el Estado tiene que ocultar algo.

Karen Barrera
Bogotá


Que sea reintegrado

Quisiera referirme al artículo de SEMANA #1514 sobre el caso del exrector de la Universidad del Magdalena Carlos Caicedo, en el que se relata cómo él tuvo el valor de hacer una gestión honrada al frente de una institución pública transformándola en modelo y, por supuesto, arrebatándosela a la politiquería, para luego vivir un calvario como el que debió pasar. La propuesta, y no sé a quién planteársela, es convertir sucesos como este en casos emblemáticos que nos confirmen que ser honrados sí sirve, que el problema no es de la Constitución ni de las leyes, sino de las personas que se designen para administrar las instituciones y los recursos públicos.

También enviarles a los Trinos Lunas, a los fiscales (con nombre propio) que se presten a sus maniobras, a los jueces y tribunales, a los contralores departamentales que no le cumplen a la justicia, a la sociedad samaria y del Magdalena y a los estamentos universitarios que no se pronunciaron (no fueron todos, lo dice el segundo artículo) el mensaje de que la sociedad civil no somos una mano de pusilánimes que cada vez cedemos ante las amenazas y el terrorismo de políticos corruptos.

La propuesta es que presionemos para que el rector Carlos Caicedo sea reintegrado a la universidad por la que se jugó hasta la vida. Estoy dispuesto a dar un día de mi salario para apoyar la causa; la sociedad colombiana no puede seguir dándose el lujo de abandonar a su suerte a sus buenos miembros. Que algún partido político decente lo apoye y proteja.

Jorge O. González
Bogotá


Réquiem por un sueño

Su artículo ‘La tragedia de un rector’ (SEMANA #1514) corrobora lo que hace ya muchos años el gobernador Luis Guillermo Nieto Roa, muy seguramente el más joven ocupante que haya tenido el Palacio de la Torre, expresaba: “No sé por qué extraña razón del destino hacer cosas en Boyacá se ha vuelto tan difícil, hacerlas y perseverar en ellas”. Afirmación esta perfectamente extensible a toda Colombia, como lo pone de presente esa increíble y macondiana historia del exrector de la Universidad del Magdalena Carlos Caicedo Omar.  

Personalmente, y desde la barrera, como docente jubilado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tuve la oportunidad de seguir con atención el proceso que, de la mano de un reinsertado del EPL desde su rectoría, transformó en menos de una década un erial abandonado –ese era el campus de Unimagdalena– en una de las mejores, si no la mejor, universidades públicas de la costa, como bien lo reseña el artículo en mención.

Hoy, después de cinco años, la Sala Penal del Tribunal Superior ha hecho justicia al l exrector Caicedo, pero su sueño, sin embargo, parece condenado a desaparecer.

Jaime Lara Meléndez
Santa Marta


Qué quita y qué pone

En su edición #1515 aparece un interrogante sobre qué quita y qué pone el apoyo de Uribe a la candidatura de Enrique Peñalosa para la Alcaldía de Bogotá. Quite o ponga, la experiencia de Peñalosa en manejo y teorema de una metrópoli o ciudad está por encima de todos los demás candidatos, y la experiencia no se improvisa, como dijo alguien por ahí. De manera que, ante esta verdad, si no es Peñalosa, ¿quién?, como dijo otro por ahí.

Aníbal Camelo Leaño
Bogotá


Sí tiene castigo

Muy interesante el artículo sobre a las reuniones de las personas que la revista llama los ‘nazis criollos’ (SEMANA #1512). No obstante, el autor insiste en varios apartes en que este tipo de conductas están prohibidas y son consideradas como delito en otros países, mas no en Colombia, lo cual no es del todo cierto.

Al respecto, cabe señalar que no obstante tratarse de una norma discutida por la limitación que impone a la libertad de expresión, el artículo 102 del Código Penal establece que incurre en el delito de apología del genocidio: “El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o justifiquen las conductas constitutivas de genocidio o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas.”. Como quiera que hoy se acepta que el régimen nazi fue el causante del genocidio de millones de judíos y de grupos como los gitanos y los homosexuales, los autores de tales reuniones podrían estar incursos en el delito mencionado, el cual debiera investigar de oficio la Fiscalía ante evidencias tan contundentes como las mostradas por la revista. También valdría la pena analizar la conducta de los miembros de la fuerza pública que prestaron seguridad a tan particular encuentro.

Juan Camilo Córdoba Escamilla
Bogotá

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