CARTAS

Denunciar e investigar

En buena hora el gobierno del presidente Santos se ha dado a la tarea de denunciar e investigar los numerosos escándalos de corrupción que de tiempo atrás se venían presentando en las distintas entidades del Estado, muchos de los cuales, a pesar de ser vox pópuli, nunca fueron investigados por quienes tenían la obligación de hacerlo y que hoy resultan implicados por acción u omisión. El artículo ‘Otra olla podrida’ (SEMANA, #1524) presenta un detallado informe del más reciente escándalo de corrupción en la Dian en el que, valiéndose de empresas de papel, solicitaban reembolsos del IVA.

Sin embargo, el gobierno no puede hacer de estos escándalos un espectáculo mediático amarillista, mostrando cifras exageradas que, como en el caso de la Dian, eran de varios billones de pesos, cuando al parecer la cifra real es de 300.000 millones de pesos al año, pues de ese modo pierde credibilidad y su valioso empeño queda minimizado. Como lo expresara recientemente un periodista: “Se trata, en últimas, no solo de reducir la corrupción a sus justas proporciones, sino también de presentar el problema en sus justas dimensiones”. Felicitaciones a la revista SEMANA por mantenernos informados y por denunciar estos hechos tan graves que perjudican a todos los colombianos.

Juan Manuel Jaramillo Uribe
Manizales
 
Seguridad jurídica

Celebro que ustedes se hayan atrevido a tratar el tema: ¿Está desmoralizado el Ejército? ¿Que las Fuerzas Militares están desmoralizadas? Con base en mi experiencia de cuarenta años en la Policía, agrego que esta situación cubre a toda la fuerza pública (SEMANA #1524).

Son causas que la prensa jamás trata, en justicia, lo que significa para el país, el valor, el heroísmo demostrado día a día por policías, soldados e infantes de marina frente al combate con los terroristas, hasta llegar al sacrificio, dejando viudas y huérfanos.
La ocasión es propicia para que la prensa colombiana, bajo su liderazgo, muestre al mundo la brutalidad y la crueldad de las acciones de la subversión, logrando que las ONG y la comunidad internacional rechacen estas acciones. Incentivar a nuestros policías, infantes y soldados a continuar enfrentándose a estos grupos, es garantizar su seguridad jurídica; ahora bien, una medalla al valor, en orden público, no es apetecida, porque detrás viene un proceso jurídico en su contra, un carcelazo que lesiona su salario y su familia; fallos que intimidan y paralizan. La revista The Economist percibe una baja moral en la fuerza pública causada por decisiones judiciales, como el hecho de desconocer la Corte Suprema el material encontrado en los computadores de Raúl Reyes como evidencia admisible en juicios.

General (r) Luis Montenegro R.,
exsubdirector de la Policía Nacional
Bogotá

Estricto cumplimiento

Hemos recibido con sorpresa la columna de opinión de María Jimena Duzán publicada en edición #1524 de SEMANA, en la que se hacen algunas afirmaciones que quisiéramos aclarar:

1. MPX tiene contemplado un Proyecto Minero Integrado en La Guajira que comprende la producción de carbón, la construcción y la operación de un puerto propio y un ferrocarril. Actualmente la compañía está adelantando una campaña exploratoria y se encuentra en la etapa de estudios ambientales. MPX no está construyendo un puerto en Dibulla, el puerto al que se refiere es Puerto Brisa; y no existe ninguna tutela contra el proyecto del puerto de MPX por parte de las comunidades indígenas.

2. Respecto al recorrido de autoridades regionales por las iniciativas ambientales del Grupo EBX en Brasil precisamos: el recorrido no fue turístico; tuvo como propósito que autoridades ambientales, indígenas y municipales conocieran de primera mano las iniciativas que, en materia de responsabilidad ambiental y social, ha adelantado el Grupo EBX en Brasil. Los visitantes no conocieron a Eike Batista. En su fase actual, el proceso de licenciamiento ambiental de los componentes del proyecto está a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Y es falso que MPX haya recibido alguna exención de impuestos en Colombia. No lo ha solicitado ante ninguna instancia, ni lo ha considerado.

3. Con respecto a los funcionarios de MPX: MPX desarrolla sus actividades bajo el estricto cumplimiento de las leyes colombianas y cada una de las contrataciones que el Grupo EBX realiza son sometidas, previamente, a un estudio legal riguroso a través del cual se verifica que las personas a las que se pretende vincular a la compañía no tengan ningún tipo de inhabilidades para ejercer el cargo.

Ricardo Gaviria, presidente de MPX Colombia
Bogotá

Notas sectarias

Es evidente el sesgo de SEMANA en la llamada ‘información’ sobre el Polo Democrático Alternativo. Y no de ahora, sino desde cuando quedó claro que el Polo no sería un partido de falsa izquierda democrática, que sirviera para embellecer las políticas que atan a Colombia al atraso y la pobreza.

Pero el sesgo contra el Polo de la última edición (#1525) ya se sale de toda proporción, porque ni siquiera intenta cubrir las apariencias. Entre otras perlas, el recibimiento que SEMANA le da a la acertada decisión del Polo de escoger como candidato a la Alcaldía de Bogotá a Aurelio Suárez es poner una foto suya bajo el título ‘La mala hora del Polo’. Y a esta agresión sumarle un artículo que refrita los manidos refritos de la cantinela de SEMANA calculada para desacreditar al Polo. Es el colmo que así se les presente a Aurelio Suárez a quienes compran SEMANA para informarse, un candidato de altísimas calidades, tantas que lo corriente ha sido recibirlo con respeto por los partidarios de otras opciones y que suele reconocérsele su preparación para ser alcalde. Además, ¿con qué derecho moral el santo-uribismo pretende liquidar al Polo? ¿La idea es que en Colombia no puede existir un partido de la izquierda democrática?

Enrique Robledo, senador
Bogotá

Ninguna situación de control

En su columna de opinión titulada ‘Los atracadores’, (edición # 1524 de SEMANA), se asegura que “y quiénes son ‘ellos’ de que hablo? La empresa directamente constructora, o destructora, es Confase, filial de Opain. Sí, la del aeropuerto, esa que se especializa en lograr adiciones de contratos, aumentos y anticipos. Confase exigió –por adición de contrato– un nuevo diseño para sustituir el desechado de Salmona, y se le confió al arquitecto Giancarlo Mazzanti. Y detrás de Confase y Opain está el IDU, responsable de tantos fraudes”.

Dicha afirmación es incorrecta por las siguientes razones: 1. Confase en ningún sentido se puede catalogar como filial de Opain S. A. puesto que sus razones sociales son totalmente diferentes y no existe ninguna situación de control que las vincule. 2. Opain S. A. nunca ha obtenido anticipos presupuestales del Estado colombiano, ni de ninguna entidad que lo represente. 3. Opain S. A. no tiene ningún vínculo con el IDU, ya que su relación contractual es con la Aeronáutica Civil.

Carolina Vargas Jácome, directora de comunicaciones de Opain S. A.
Bogotá