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| 4/14/2012 12:00:00 AM

Cartas

"Es muy emocionante ver que Colombia está en el centro de la atención del continente", Emilio Chávez, Bogotá

El abandono estatal

De nada sirve la Ley de Restitución de Tierras, (SEMANA n.° 1562) si por los campos de Colombia sigue rampante el abandono estatal, la injusticia e inequidad agraria y la violación de los derechos humanos.
Solo mediante un verdadero Plan Agrario, que abarque la reparación, rehabilitación, reconstrucción, asistencia técnica y científica con justicia social, tendremos una verdadera ‘revolucion agraria’. De lo contrario, la restitución de tierras se convertirá en un caldo de cultivo para que surjan nuevamente y con más fuerza los grupos paramilitares al estilo de las AUC. El Incoder no es más que otro ente estatal, caduco y obsoleto con los mismos vicios del Incora.

Danilo Yepes Recalde
Chachagüí

De Andrés Felipe Arias

Dado que la teoría expuesta hace unas semanas por el columnista Daniel Coronell en su artículo ‘Finca Raíz’, en relación con la compra del apartamento de mi familia, no tuvo éxito, ahora intenta, mediante una segunda columna, insinuar otro tipo de anomalía sobre lo mismo. Una vez más el columnista optó por escribir su pieza sin consultar las fuentes involucradas, que seguramente le hubieran aclarado que nunca antes de haber adquirido el apartamento tuvimos relación o contacto alguno con la honorable familia Llorente. Así pues, con la paz que me da mi conciencia, me permito exponer la transparencia de nuestro actuar con relación a las afirmaciones contenidas en la columna ‘El florero de Llorente’ de la semana pasada:

1. El apartamento de mi familia fue comprado por un valor en condiciones de mercado. 2. Dicho valor se canceló con: i) un crédito hipotecario, ii) la venta del primer apartamento familiar, iii) los ingresos laborales de mi esposa. Todo ello está soportado en documentos que la Fiscalía investigó y respecto a los cuales no encontró ninguna anomalía. 3. Cuando el apartamento de mi familia fue adquirido, la transacción fue realizada de manera transparente, con plena adhesión a la ley, con una contraparte a la que no conocíamos con anterioridad y sin indagar si dicha contraparte tenía o no relaciones con algún otro sector de la economía, y menos aún si empresas relacionadas habían recibido algún apoyo estatal. 4. Ahora bien, durante mi paso por el Ministerio de Agricultura se beneficiaron 400.000 familias del sector rural. Ninguna de ellas puede decir que yo le adjudiqué a dedo algún incentivo y, menos aún, que pacté alguna contraprestación personal. 5. Por lo demás, absurdo sería que los exfuncionarios, antes de comprar honradamente algún, bien, tuviéramos que indagar las relaciones del vendedor con los sectores económicos. 6. Absurdo, si se tiene en cuenta que la mayoría de las personas actuamos honradamente y de buena fe cuando realizamos alguna compra. Pero en fin, cada cual juzga por su condición.

Andrés Felipe Arias
Bogotá

 
Sorprender, tal vez

Del artículo ‘¿A sacar la llave de la paz?’, (SEMANA n.° 1562) se concluye que el presidente Santos ha decidido mantener a la opinión pública y a los medios lejos de esa silenciosa agenda en marcha con el fin de sorprender, tal vez, con una iniciativa que tenga unos acuerdos iniciales y permita establecer un punto de partida. Sin embargo, desconocer la participación de sectores representativos de la sociedad civil, distintos de aquellos que tienen una reconocida posición de izquierda y de izquierda revolucionaria, excluye a otras vertientes, lo cual genera no poca intranquilidad, pues se cierra el espacio discursivo a otras voces sin tener en cuenta que para que todo proceso de paz sea viable debe ser incluyente y representativo del sentir nacional, es decir, reflejar un consenso social. Tanto silencio puede provocar que solo las iniciativas de algunas organizaciones jalonen el proceso, permitiéndoles todo el espacio para que, amparadas en los mecanismos propios de la presión social, se posicionen como organizaciones rectoras de la particular agenda, imponiendo sus componentes, pero, especialmente, presentando a las guerrillas como renovadoras de la democracia y transformadoras del país. Estamos en esa etapa que Alfonso Cano denominó “condiciones propicias”, claro está, sin que esa guerrilla renuncie al narcotráfico y el terrorismo.

Capitán (r) César Castaño
Bogotá

 
De Viviane Morales

En ejercicio del derecho a recibir una información veraz e imparcial, me permito expresar mi desacuerdo con las afirmaciones expresadas en la columna de María Jimena Duzán en la edición n.° 1562 de SEMANA. En dicha columna, afirma que, en relación con los casos de paraeconomía, “lo cierto es que Hasbún tiene razón en que ni Iguarán ni Mendoza le metieron el diente al tema (…). Y bajo la administración de Morales, esa tendencia se acentuó. Sorpresivamente, hace ocho meses, (…) decidió suprimir la Fiscalía 8 de Medellín argumentando temas presupuestales que nunca fueron bien explicados. Esa Fiscalía era la que tenía a su cargo procesos tan importantes de la paraeconomía como el de Chiquita Brands. Según cuenta SEMANA, esa investigación, como ocurrió con las demás, fue distribuida a otro despacho y el caso de Chiquita pasó a la Fiscalía 33, que en pocos meses decidió precluirlo”.

Debo señalar que el proceso jamás estuvo a cargo de la Fiscalía 8 especializada de Medellín. Esa investigación, desde su inicio en 2006, se radicó en la Fiscalía 29 especializada de Medellín. En febrero de 2008, el fiscal general varió la asignación y designó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema. El 24 de agosto de 2009, el fiscal general (E), Dr. Guillermo Mendoza, designa a la fiscal 29 especializada de Medellín. El 21 de junio de 2010 la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín redistribuye la carga laboral y asigna a la Fiscalía 33 especializada. El 1 de Septiembre de 2010 es nombrado en ese despacho, por concurso de méritos, el Dr. Humberto Villamizar Corso, que desde esa fecha adelantó la investigación.

Esto demuestra que la Fiscalía Octava Especializada de Medellín jamás tuvo a su cargo dicha investigación, que durante mi administración la investigación no fue variada de fiscal ni de despacho y que el fiscal que tomó la decisión es de carrera y estuvo a cargo de esa investigación desde septiembre de 2010. Quedaría solo por recordar que fue durante mi administración, y con la colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los principales jefes paramilitares extraditados decidieron volver a declarar en los procesos de Justicia y Paz y en los ordinarios de competencia del fiscal general.

Viviane Morales Hoyos
Bogotá

 
Es Tallahassee

En la edicion del 9 al 16 de abril de 2012 hay un error en la página 28, donde dice debajo de la primera foto arriba: Miami “En 1994...Bill Clinton escogió la capital de Florida como sede...”. Miami es la ciudad mas grande de Florida, mas no la capital. La capital del estado de Florida es Tallahassee.

Ann E. Bush de Puyana
Orlando, Estados Unidos

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