Cartas

Cordial saludo. La columna ‘Entre Fedegan y las Farc’ de León Valencia (SEMANA, no. 1597) muestra el contraste entre dos modelos agrarios para una Colombia en la que los  índices de concentración de la tierra son  los más altos e inequitativos: 1,5 por ciento de propietarios tiene el 52 por ciento de las tierras cultivables.

Mientras un modelo apunta a un desarrollo agrícola industrial   con bajo compromiso social y sin ninguna redistribución de la propiedad,  el otro se orienta a fortalecer la mediana y pequeña producción campesina sobre el entendido de que, beneficiaría a un número mayor de personas. Se trata de un debate central en la discusión de La Habana que esperamos esta vez no termine como el Pacto del Chicoral en el que los gremios empresariales (entre ellos Fedegan), en alianza con el Ministerio de Agricultura y el desaparecido Incora, el proyecto de reforma agraria que había impulsado el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, profundizando la desigualdad y pobreza que aún sigue padeciendo nuestro campesinado.

 

En el informe de la edición no.1602,  que hace referencia a la controvertida familia García Romero, no solo se aprecia el acucioso informe de su equipo investigador sino que permite ver en toda su macabra dimensión, la forma sagaz y truculenta como muchas familias a lo ancho y largo del país se apoderan de los recursos del estado casi que como un negocio normal y heredado de generación en generación.

La única forma de acabar con esos carteles que pululan a lo largo y ancho de la geografía es legislar con dureza. Pero las leyes las hacen ellos mismos. Incluso con instrucciones desde sus centros de reclusión y representados por sus mismos carnales.

Me refiero a su publicación de la edición no. 1603, ‘La Película de Emmanuel’. 

1. Lo primero es  que se ha presentado por los productores dizque como la película de Crisanto Gómez el campesino que “cuidó” a mi  hijo durante la época en que estuvo secuestrado con pocos meses de edad. La sinopsis hace referencia a esta situación y no a lo que ustedes publican y lo pueden consultar con el Ministerio de Cultura,  que autorizó  el rodaje en agosto de 2011.  Yo solo supe de esa resolución a finales de diciembre de 2011, cuando me tocó ejercer un derecho de petición para tener acceso  a la información de primera mano. Antes no hubo un canal institucional para que yo pudiese al menos decir que no estaba de acuerdo con la aproximación a la película, particularmente por como muestran los maltratos de los que fue objeto mi hijo.  

2. Los emails revelados por La W, que hasta ahora no sabemos quien se los entregó,  no muestran la situación completa. En julio de 2012 yo misma le envié  un mail a la Sra. Marissa Castello notificándole que para salvaguardar los intereses de mi hijo, yo no firmaría el documento propuesto, sobre el cual habíamos cruzado mails. La realidad es que los  productores no tienen mi autorización escrita para exhibir esa película. 

3. Además, los productores nunca me preguntaron en qué consistía mi preocupación  o cómo podrían eventualmente ajustar la película. No les importó y me temo que les sigue sin importar.  

4. La película siempre se me presentó como un hecho cumplido, yo no podría sugerir ningún ajuste, me querían sujetar a verla bajo el entendido que tendría que aceptar un acuerdo económico. No les acepté, pero les dije que escucharía su propuesta. Cuando vi la película me puse a indagar cuál podría ser el impacto emocional para mi hijo; simultáneamente se surtían los correos con mi abogada, yo  les contesté algunos, hasta que llegué al convencimiento en julio que la mejor decisión era no firmar ese, ni ningún otro documento.   

5. Nunca volví a tener contacto con los productores, ni mi abogada tampoco. Solo volví a saber de ellos por los medios cuando se estrenó la película en Francia y en España. Me asusté, me sentí abrumada por que vi en la promoción de la película y en los trailers la imagen de un bebé en primer plano que interpretaba a mi hijo y además aparecíamos los dos en letras de molde, en Francia, en España y en internet. 

6. Me duelen las palabras de la actriz Martina García cuando dice que “ocultar el pasado no hace que desaparezca”. Mi interés es proteger a mi hijo. Cuando ella tenga sus bebés, va, quizá, a entender lo que hago y por qué lo hago. 

Como bien anota SEMANA, más que un derecho, yo tenía el deber de proteger a mi hijo al presentar esta tutela que, valga anotar, no tiene pretensión económica. También confío en que con estas aclaraciones, mis pretensiones, que son procurar el bienestar de mi hijo, sigan teniendo total legitimidad ante sus ojos y nos permitan seguir manteniendo el foco en el tema de fondo.