Jueves, 2 de octubre de 2014

| 2013/08/17 01:00

Cartas

A los colombianos nos preocupa que Uribe tenga sus cartas marcadas.

Cartas

A la altura

Los candidatos de Uribe para enfrentar al presidente Santos, (SEMANA n.° 1632) no llegan a la altura de la indiferencia política de la gran mayoría del país. De ahí que hasta la izquierda, tan menguada, los supere en votos de opinión. El gobierno ha alcanzado logros importantes en materia de economía, política exterior, empleo, vivienda, infraestructura, educación, pero principalmente en el propósito, nada fácil,  de alcanzar la paz, fortaleciendo su defensa.

Los colombianos sentimos los positivos efectos del cambio, a pesar del ruido estéril de la oposición de derecha e izquierda, en público y punible ayuntamiento. El presidente, con estoicismo senequista, ha sabido tender puentes y superar obstáculos, a pesar de los denuestos lo cual, muy seguramente, dará sus resultados en la arena electoral. 

Miguel Durán Ordóñez, Bogotá

Voluntad de delincuentes

Leí el artículo Los ‘pactos del fusil’ publicado en la edición n.°1632 de SEMANA. Es lamentable que la paz y la seguridad en nuestras ciudades dependa de la “buena voluntad” de los delincuentes y no de la eficacia del Estado en combatirlos. 

Luis Alfonso Vergara Vélez, Bogotá

De Carlos Gustavo Arrieta

En la edición n.º 1632 aparece una columna de María Jimena Duzán, ‘Manual para perder San Andrés y Providencia’ en la cual, entre muchas cosas infundadas, ella dice que “se nos viene un fallo en la Corte de La Haya que va a ser adverso a Colombia y que le daría un triunfo moral a Ecuador, quien nos demandó porque en el gobierno de Uribe se hicieron fumigaciones traspasando la frontera”; y a continuación afirma que fue error del presidente y la canciller nombrarme agente, pues no soy abogado experto en “procesos internacionales”.

Esas afirmaciones reflejan desconocimiento del pleito, pues ya no se refiere a lo que ella dice, ni es cierto que este se va a decidir en semanas, ni menos aún que la decisión va a ser adversa. Por la reserva del proceso  no puedo desarrollar más este punto.

Un agente es un representante político de un Estado y, como tal, tiene como función principal  expresar sus posiciones políticas ante la Corte. El agente puede, además, abogar algunos temas, si así lo desea el Estado; sin embargo, no ocurre con frecuencia. En el caso de Ecuador mi responsabilidad es doble: por una parte, debo ejercer esa representación y plantear temas de política estatal en la lucha contra las drogas y la protección del medio ambiente, y por otra, debo coordinar las posiciones que nuestros abogados van a asumir y velar porque todos los participantes en la defensa de Colombia (abogados, técnicos, entidades nacionales de apoyo, etcétera) actúen de manera coordinada. 

Para ser un buen agente en este caso se requieren, entonces, conocimientos de derecho internacional, de las políticas estatales contra las drogas y de protección del medioambiente, criterio para entender su interacción y, finalmente, de experiencia en procesos judiciales en general y en coordinación de trabajos en equipo. Condiciones que puede tener cualquier abogado con experiencia y criterio, sea o no experto en derecho internacional. 

Creo tener credenciales más que suficientes en esos frentes, que el país bien conoce. Cuento a mi haber, además, con una conocida experiencia en temas de lucha contra las drogas y puedo decir que fue en buena parte por mi gestión como procurador general que se llegó a la adopción del Plan de Manejo Ambiental que hoy rige las fumigaciones aéreas que se realizan en el país. Todo ello se ha visto reflejado en la estructuración de una defensa agresiva, profesional, seria y coordinada jurídica y técnicamente por parte del equipo que atiende el pleito con Ecuador. Eso me hace ser muy optimista en que el mencionado pleito será decidido en forma favorable a los intereses de nuestro país.

Carlos Gustavo Arrieta P., Bogotá

¿Cómo evaluar la venta de Isagén?

En la edición n.° 1631 de SEMANA se presenta una discusión acerca de la conveniencia de vender Isagén. Los argumentos en contra están resumidos en un artículo y los argumentos a favor en una entrevista al ministro de Hacienda. 

Sin ignorar el valor de los argumentos esgrimidos creo que hace falta un elemento de análisis crucial: una evaluación social del proyecto que se va a financiar con los recursos provenientes de la venta en cuestión. Para evaluar un proyecto  hay que calcular la tasa interna de retorno teniendo en cuenta el costo de oportunidad, es decir, el retorno esperado de invertir el dinero en la alternativa más rentable. 

En otras palabras hay que comparar el retorno de dos proyectos: el que se evalúa y la alternativa más rentable. En el caso de proyectos públicos, su evaluación es algo más compleja porque se debe evaluar el retorno social para incluir los beneficios de todos los agentes privados. Estos pueden ser pecuniarios o no.

Según lo expresado por el ministro Cárdenas, los recursos que produzca la venta de Isagén se destinarán a infraestructura. La pregunta entonces es, ¿cuál es la rentabilidad social del gasto en infraestructura? Que yo sepa, nadie ha estimado  el retorno social de ese gasto. 

Sabemos que ante un incremento del 10 por ciento en el acervo de capital público en infraestructura núcleo el aumento porcentual en el PIB (todo lo demás constante) está entre el 1 y el 2,7 por ciento. A partir de estos datos se puede poner un piso al retorno social del gasto en infraestructura.

¿Cuál ha sido el retorno de Isagén en los últimos años? Cálculos rápidos indican que desde 2000 hasta hoy ha habido una valorización de ocho veces en la acción de Isagén, esto implica un retorno cercano al 18 por ciento anual. Dudo que el retorno social del gasto en infraestructura haya sido menor en estos años. El equipo técnico del Planeación Nacional (o del Ministerio de Hacienda) debe hacer una evaluación rigurosa de la venta de Isagén. Una vez exista ese análisis el debate puede ser más ordenado, menos ideológico,  y  más claro.

Hernando Zuleta González, Universidad de los Andes, Bogotá

Con la seguridad nacional

‘Por qué no vender a Isagén’ y ‘Por qué creo en la venta de Isagén’ en  SEMANA n.° 1.631, son contradictorios, pero con la diferencia que la sustentación del primero obedece a conceptos técnicos e ingresos operacionales positivos de la empresa y el segundo a conceptos más políticos y de conveniencia del gobierno, mas no del país.  

No se entiende cómo un gobierno aprueba la venta de una empresa estratégica para el Estado que está dando resultados económicos más que satisfactorios, para entregarla al manejo privado, cuando se sabe que la generación de energía de un país debe estar controlada por el Estado, pues tiene que ver con la seguridad nacional.  

Es increíble la tesis del ministro de Hacienda Cárdenas ,que Isagén una vez vendida “seguirá prestando el mismo servicio, así cambie de accionistas”; pero ¿con qué detrimento económico para la Nación señor ministro? ¿Será que la empresa privada dejará de percibir fabulosas ganancias para entregárselas al Estado? Lo lógico y conveniente es convocar al Congreso a un debate con la participación de especialistas sobre el tema energético y ojalá independientes del gobierno, para definir la conveniencia o no para las finanzas de la Nación y evitar la posibilidad de que esos dineros sean asignados a contratistas corruptos que ya sabemos qué tipo de obras realizan.

José Benigno Morales A., Neiva.  

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