Cartas

En relación con la cuestión planteada en el artículo central de la edición n.° 1636, ’Crisis y revolcón’, “¿Cómo Juan Manuel Santos llegó a los niveles de desprestigio más grandes que se han registrado en el país desde que existen las encuestas… si en este gobierno no ha pasado nada de las dimensiones del proceso 8.000, la Catedral, el Caguán” o, agrego yo, las acusaciones de vínculos con paramilitares y de generalizada corrupción en altas esferas del poder?, cuestión que se considera “difícil de entender”, encuentro que se impone una fácil y lógica respuesta: 

Ninguno de los gobiernos a los que en ella se hace tácita referencia ha tenido que enfrentar la sectaria oposición de un expresidente como Álvaro Uribe Vélez, mediático, ávido de poder, hábil comunicador y manipulador de información, con grandes recursos y enemigo de los diálogos de paz, que ha convencido a un numeroso sector de la opinión pública de que en la historia del país él es el personaje más importante y su gobierno el mejor, a pesar de que se ha demostrado que ha sido el más corrupto y el único señalado de ser proclive al paramilitarismo. 

Es verdad que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón tiene “problemas de gestión, ejecución y comunicación”, que en el manejo de las distintas crisis que ha tenido que enfrentar ha cometido graves errores y que es de temer que el recién designado ‘gabinete para la paz y la unidad’ sea otro desacierto, pues de él hacen parte dos veteranos politiqueros, camaleones y adictos al poder, y un reconocido dirigente agroindustrial, cuestionado por las organizaciones campesinas.

 

No obstante, considero que es injusto el mediático desprestigio de este gobierno, que en sus inicios tuvo que enfrentar graves irregularidades heredadas del anterior, que ha sacado adelante importantísimas reformas sociales y está comprometido con ponerle fin a nuestro desastroso conflicto armado de 50 años para poder empezar a construir la paz. 

Sobre el artículo ‘El menudo olvido de la Corte Constitucional’ de la revista SEMANA, edición n.° 1636: A buena hora, la última aclaración realizada por la Corte Constitucional frente a la exequibilidad del Marco Jurídico para la Paz reafirma la obligación del Estado colombiano de investigar, judicializar y castigar los delitos de genocidio, lesa humanidad y contra el DIH cometidos en su territorio, conforme a lo reglado en el Estatuto de Roma y el Artículo 93 constitucional.

No se trata de un capricho conceptual. Valga aclarar, el Artículo 93 de la Constitución Política establece en forma inequívoca que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Dichos tratados hacen parte del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C- 488 de 2009 indicó que “hacen parte del bloque (...) aquellos instrumentos de Derecho Penal Internacional aprobados por Colombia” para la protección de DDHH.

Es por ello que el Estatuto de Roma, conforme al Artículo 93 constitucional es (y en efecto, fue) la base jurídica para estudio del Marco Jurídico para la Paz. Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió en la sentencia C-290/12 que no todo el Estatuto de Roma hace parte del bloque constitucionalidad.

Empero, la Corte en las sentencias C-928/05, C-488/09 y C-290/12 aclaró que el preámbulo del Estatuto de Roma sí hace parte del bloque de constitucionalidad. El preámbulo reza: “Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia (...) internacional (..) no deben quedar sin castigo”.

Por ende, los evidentes e ineludibles compromisos adquiridos por el Estado colombiano al suscribir y ratificar el Estatuto de Roma, que tiene rango constitucional y superior dentro de nuestro ordenamiento, lo obligan a sancionar los crímenes señalados en el Artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los delitos de genocidio, de lesa humanidad y contra el DIH no pueden ser cobijados con beneficios que eludan su castigo, en especial, al tratarse de sus máximos responsables.

Sobre su artículo de portada de la edición n.° 1635: desde que empezaron las protestas campesinas con la apertura económica del presidente Gaviria hasta la presente con los paros campesinos, nadie, absolutamente nadie, como el gobierno, líderes de derecha, de izquierda, periodistas, sector agrario, se ha preocupado en reivindicar la necesidad de capacitar al campesino para que pueda acceder a la educación primaria, secundaria, tecnológica o universitaria, que nuestro campesino pueda capacitarse en nuevas tecnologías de acuerdo con la vocación agro-ganadera.

Nos hemos acostumbrado a las justas reivindicaciones económicas, pero jamás se ha hablado del sistema educativo como un propósito nacional para salir del subdesarrollo en relación con otros países de los cuales debemos ser lo suficientemente competitivos.

El artículo de María Jimena Duzán en su edición n.o 1635 titulado ‘¿Hay un nuevo país?’, me parece uno de las mejores diagnósticos de la actual expresión de inconformismo. Allí hace ver que el descontento por la falta de capacidad del gobierno para ejecutar políticas sociales y públicas, se está tramitando y cocinando por fuera de los partidos políticos tradicionales, por fuera de las agremiaciones y de las asociaciones y por fuera de las Farc. 

El pueblo directamente se volcó a protestar y entonces la pregunta es ¿cómo se puede canalizar esa expresión? Y me respondo yo mismo la pregunta: mejorando la democracia. Un país donde la abstención es mayor al 50 por ciento no puede llamarse en realidad demócrata.

 

En referencia al articulo ‘Cifras redondas’, publicado en la edición n.o 1636 de la revista, queremos mencionar que en relación con el origen de los jugadores no se tiene en cuenta el departamento de Nariño, que hace un aporte inmenso con un titular indiscutible en la selección, el lateral izquierdo Pablo Stifer Armero, hecho que ya ha sucedido en otras ediciones en las cuales no se tiene en cuenta el departamento de Nariño en sus estadísticas, por lo cual solicitamos a sus periodistas y editores hacer investigación y publicaciones con información completa.

 

N. de la R. Por una omisión involuntaria, esta revista no publicó algunos créditos fotográficos de la edición n.o 1635 sobre el especial de ‘Los Mejores Líderes de Colombia’. Agradecemos en especial al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis por haber prestado sus locaciones.