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| 12/21/2013 1:00:00 AM

Cartas

El procurador se excedió en la sanción, pero Petro se mereció ser destituído. No le importa Bogotá.

En contravía de la democracia
Todopoderoso. Así tituló SEMANA la edición n.° 1606 referente al procurador Alejandro Ordóñez y mencionaba los riesgos del exceso de poder de este funcionario. No se puede entender cómo, en un país donde se está gestando un proceso de reconciliación nacional, uno de los principales representantes de la institucionalidad emita un fallo contra el alcalde de Bogotá, no solo desafortunado sino sobre todo desproporcionado en su severidad. 

Resulta demasiado difícil de creer que el procurador haya actuado sin ningún sesgo político, porque aplicó en rigor de ley las circunstancias que ameritaban la sanción para apoyar su decisión. Sin embargo, no actuó con el mismo rigor cuando desconoció aspectos importantes que de haberse tenido en cuenta habrían atenuado la sanción. 

El Código Único Disciplinario en su artículo 28 dice: “Son causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria: numeral 6: La convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.” Situación que aplica para el alcalde. El artículo 42 clasifica las faltas en gravísimas, graves y leves. Y el 43 enumera los criterios para determinar la gravedad, que para el caso la más importante sería la contemplada en el numeral 5 que dice “La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado”. 

Consideramos que no fue gravísima la trascendencia social ni mucho menos el perjuicio causado por cuanto el procurador al invocar que se puso en riesgo la salud de los bogotanos confirma que el hecho no pasó de riesgo a perjuicio, que sería lo que apoyaría el criterio de falta gravísima y que él utilizó para aplicar la máxima sanción que impone el código que es de diez a 20 años de inhabilidad, cuando lo más coherente hubiese sido una suspensión e inhabilidad contemplada en el mismo código, no inferior a 30 días ni superior a un año. 

No somos simpatizantes de Gustavo Petro, ni de la izquierda, pero sí reconocemos en él honestidad, tan escasa por estas épocas en nuestro país, donde campea la corrupción. Miles de colombianos nos estamos preguntando hoy cómo es posible que, mientras los delincuentes de los carruseles que se robaron a Bogotá se hayan burlado de la Justicia durante tres años y estén cerca ya de lograr la inconcebible prescripción de sus procesos, la Procuraduría muy eficiente destituye al alcalde elegido por voto popular y le decreta la muerte política por 15 años por una falta disciplinaria. Estamos plenamente de acuerdo con la opinión del ministro Alfonso Gómez Méndez y de miles de colombianos: “Es hora de revisar las facultades del procurador.”

Eduardo Piñeres Foliaco
Cartagena

Por mal alcalde
Petro fue destituído (SEMANA n.° 1650) por mal alcalde y haber abusado del poder. Está obligado a responder penal y fiscalmente, por los 62.000 millones que, según la Contraloría, menoscabaron el patrimonio distrital. No se le sancionó por su pasado político, sino por hallarse incurso en la comisión de presuntos delitos, que debe desvirtuar, dentro del marco legal. El chantaje al presidente Santos es inaceptable: o lo exculpa, o el proceso de paz es una estrategia para su reelección. El jefe del Estado está obligado a respetar la institucionalidad y, dentro de esa tesitura, carece de alternativa distinta a cumplir lo ordenado por la Procuraduría. Haber sido elegido por una minoría no lo hace indemne ante la ley, y como funcionario público está en el deber de someterse a ella. 

Miguel Durán Ordóñez
Bogotá

De Clara Rojas 
Me refiero a la edición n.° 1650. Como ciudadana de Bogotá doy testimonio del dolor de patria que me ha embargado al haber tenido que observar el triste espectáculo con ocasión de la destitución del alcalde mayor. 

Como aspirante a la Cámara por Bogotá –cabeza de lista del Partido Liberal– y como emblema de ‘renovación’, me ha sorprendido que su importante revista no haya dedicado espacio a un análisis de fondo sobre el desafortunado manejo actual de las basuras, la falta de compromiso con los recicladores, el mal estado del agua, la contaminación del río Bogotá, el mal estado de las cuencas hídricas, la contaminación del aire, los altos decibeles del ruido, lo que ello afecta la calidad de vida de los ciudadanos, por la ineficiencia en la recolección de las basuras; pero también sobre el estado de los hospitales, de la educación, del desempleo, de la movilidad, del mal estado de las vías, de la inseguridad, la falta de atención a las madres sustitutas, la falta de apoyo a las mujeres madres cabeza de hogar y adultos mayores; ni qué decir de la incapacidad de la gran mayoría de los concejales.

Aceptando que el fallo del señor procurador ha sido político, como asevera la revista, los convido a abordar el tema partiendo del contenido del fallo, para que a la ciudadanía se le permita entender el costo que nos tocó asumir a los ciudadanos, incluso a los de estratos más bajos, por la supuesta ‘improvisación’ del señor alcalde.

Finalmente, me cuesta asimilar la actitud víctimizante y perseguida del alcalde, como si haber sido guerrillero fuese disculpa suficiente para no respetar el orden institucional y las leyes en igualdad de condiciones. Estas son las reglas de la democracia, y solo allí puede surgir la libertad y la vida digna. De paso, mencionar a los negociadores de La Habana, que sería absurdo pensar siquiera, como sugirió el nuevo embajador de Estados Unidos, que el orden institucional es negociable, o que los miembros de las Farc, cuando ingresen al escenario civil, van a estar eximidos de la Constitución y la ley.

Clara Rojas
Bogotá

Dirigentes de la intolerancia
Estuve en la plaza de mercado comprando los artículos de primera necesidad. En medio del tumulto de la gente, se oían gritos, insultos y palabras de alto calibre. Posteriormente me trasladé a mi casa y me puse a leer el artículo de SEMANA ‘Espectáculo lamentable’, (SEMANA n.° 1648) presenciando lo anterior. 

En relación con el artículo en mención, observo que no hay mayor diferencia entre lo que fui testigo y lo que nos han mostrado los medios de comunicación en torno a las declaraciones del presidente de la República, los expadres de la patria y funcionarios públicos de alto rango. La pequeña diferencia con los primeros es que estos jamás conocieron la escuela, el colegio, la universidad y mucho menos son egresados de las grandes universidades europeas. 

Qué esperanza para las nuevas generaciones de un país con millones de colombianos de bien, que añoramos con mucha ilusión que nuestro país se encauce por los caminos de la tolerancia, el perdón, se conserve la calma, se acabe de una vez por todas el señalamiento, el matoneo, el robo, el pillaje, el maltrato intrafamiliar la corrupción. La verdad es que nuestros ‘padres de la patria’ con ese ejemplo a través de las redes sociales, la publicación de libros y sus declaraciones, se están convirtiendo en los dirigentes de la intolerancia. 

¿Cuándo lograremos, de una vez por todas, que haya una reconciliación en todos y en cada uno de los sectores sociales de nuestra sufrida Colombia? 

Bernardo Calvache Ortiz
Pasto

Receso de fin de año
N. de la R.  Como es costumbre por estos días, esta revista entra a un corto receso, y este número es doble. SEMANA reaparecerá el 5 de enero de 2014.

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