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| 5/15/2000 12:00:00 AM

De Hugo Escobar Sierra

Respecto de la injusta detención domiciliaria a la que SEMANA se refiere en su edición del 24 de abril,

a mí impuesta temerariamente por la Fiscalía, breve, objetivamente, me permito informarles: 1. En ejercicio de mi profesión de abogado el tres de julio de 1998 solicité al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento para dirimir discrepancias entonces existentes entre el Ministerio de Transporte y Dragacol S.A. Este Tribunal nunca se instaló y, por lo mismo, no emitió fallo sobre las pretensiones del demandante. 2. El trece de agosto siguiente concurrí al despacho del ministro doctor Mauricio Cárdenas para comunicarle sobre la petición anterior en razón de que el Ministerio contestó la demanda el cuatro del mismo mes, antes del nombramiento y posesión de aquél Ministro, de quien no era ni soy amigo. Fue una entrevista respetuosa y cordial, si mucho de diez o quince minutos, en la cual no exhibí documentos ni sugerí soluciones de ninguna naturaleza. 3. La conciliación del seis de noviembre de 1998, por la suma de veintiséis mil millones de pesos, fue insinuada y propuesta inicialmente por el ministro Cárdenas al representante legal de Dragacol, doctor Reginaldo Bray, en mi ausencia. Se hizo atendiendo la solicitud extrajudicial presentada por éstos el 23 de septiembre ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y renovada por ellos el mismo seis de noviembre, las cuales no me fueron previamente consultadas. Tampoco participé en el análisis y controversia de aquellas fórmulas de conciliación que no propuse ni sugerí y menos podía presionar. No las discutí en el Ministerio, a cuyas dependencias no he concurrido desde hace, por lo menos, cinco años. Dicha conciliación jamás se pactó con base en mi demanda, lo cual es evidente en el proceso. Por lo demás el Ministerio le había hecho anteriormente propuestas similares a Dragacol por las sumas de veinticinco mil y veintiún mil ochocientos millones de pesos, de cuyo origen fui totalmente ajeno. 4. Respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades debo significarle que me desempeñé primero como Ministro de Justicia y luego como Senador de la República, respectivamente, hasta mayo de 1980 y noviembre de 1990. 5. Confirmo que desde julio de 1998 actué en esta reclamación como profesional del derecho por consideraciones puramente familiares, sin que hubiese percibido un solo centavo por concepto de honorarios. 6. Con manifiesta perversidad e inocultable prevención personal o política la Fiscalía supone mi responsabilidad imaginando hechos fantásticos, absurdos e irreales y violando principios jurídico-penales de universal acatamiento. Para ello ha desconocido y negado las pruebas que demuestran mi inocencia, vulnerándome derechos fundamentales, como usted podrá apreciarlo a la simple lectura de esta comunicación, que juro se ciñe enteramente a la verdad.
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