De Mauricio Cárdenas

En relación con su artículo ‘Se cae Dragacol’, de la edición #1.048 de SEMANA, me permito manifestar lo siguiente: me formé una opinión favorable sobre la legalidad y conveniencia de la conciliación con la firma Dragacol a partir de la valoración de la evidencia probatoria que se realizó en el Ministerio de Transporte. El problema se originó en la información fraudulenta que presentó Dragacol y los errores y omisiones en su evaluación por parte del jefe de la oficina jurídica del Ministerio. Además, por solicitud mía el entonces Procurador General designó a un procurador judicial para ejercer una vigilancia especial en todo el proceso. El representante de la Procuraduría tampoco detectó el fraude e incluso fue más allá al proponer fórmulas de arreglo y avalar plenamente el acuerdo final.

Esta unidad de opiniones jurídicas fue fundamental para que el Comité de Conciliaciones del Ministerio aprobara la conciliación. He repetido hasta el cansancio que pongo mi mano en el fuego para defender la honestidad de los doctores Juan Alberto Páez y Darío Velandia, cuya participación en el Comité estuvo influenciada por conceptos jurídicos erróneos.

No considero que haya actuado irresponsablemente. Por el contrario, fui más allá de mis propias obligaciones al establecer todas estas instancias para que se revisara minuciosamente este asunto. Por ello, tanto la Contraloría como la Fiscalía afirman en sus respectivos fallos que el resultado final de la conciliación no puede atribuirse a omisiones de mi parte. No sobra reiterar que fui el primero en demandar la conciliación y buscar la recuperación de los dineros tan pronto tuve conocimiento de las irregularidades.

Mauricio Cárdenas S.

Bogotá