Historia patética

Muy importante que SEMANA le haya dado cabida a la investigación de Plinio Apuleyo Mendoza sobre el tema del secuestro achacado a los Araújo, de Víctor Ochoa, un aliado político de ellos. También fue importante conocer la respuesta de Francisco Santos. En ella contradice la versión de Elías Ochoa, el supuesto acusador, quien ante la Corte y bajo juramento, más que retractarse, aclara su intención al afirmar que escribió una carta para presionar en favor de sus intereses, pero sin pensar ni querer que pudiera ser usada como cabeza de proceso.

El país ha seguido atónito la historia que, si no fuera por sus terribles consecuencias, merecería ser tema de un vallenato. Aunque muchas y muy importantes personas se niegan en privado a darle crédito a esta patética historia tan publicitada, nadie, fuera de Mendoza, se había parado a defender a los acusados con un análisis de argumentos tan lógicos.

La familia Araújo ha sido acusada por los medios de manera inclemente. En cualquier artículo sobre para-politica, así tenga poco o nada que ver con ellos, aparece la foto de Álvaro o María Consuelo, sólo porque lo hace más taquillero… Casi podríamos afirmar que, tácitamente, se ha ido aceptando como caso juzgado. Por ello, si Álvaro Araújo Castro y Álvaro Araújo Noguera son declarados inocentes, ¿la opinión lo creería? ¿No se diría que es un nuevo caso de impunidad? Esa es la pregunta de fondo que plantea el artículo de Plinio Apuleyo. ¿Qué tan independiente será la justicia, si los medios ya han preestablecido su veredicto?

El país está reconociendo las consecuencias de una guerra negada por muchos años. Es un proceso doloroso, difícil de comprender y aceptar, que involucra a todos los estamentos de la sociedad y en particular a los organismos de control del Estado.

Pero ¡cuidado! no sea que en pos de una VERDAD, vociferada en mayúsculas, se haya escogido a Araújo como chivo expiatorio por un absurdo cargo de secuestro que no tiene pies ni cabeza, olvidando que Araújo Castro fue de los pocos políticos con el coraje para denunciar a los paramilitares, incluso desde antes de septiembre de 2002, cuando quedó registrado en un Consejo de Seguridad Nacional.
Proponemos una veeduría objetiva e independiente que haga seguimiento al proceso y analice las pruebas presentadas en pro y en contra de los acusados. Al fin y al cabo, lo importante debe ser la verdad y la justicia, no una condena histórica que contenga una injusticia monumental.

Patricia Castaño de Caicedo
(Siguen firmas)
Bogotá