La polémica de la reforma política

En su artículo de la edición antepasada, Hernando Gómez Buendía descalifica la reforma política que cursa en el Congreso en cuanto incluye el “voto preferente”, como complemento de las listas únicas de los partidos. Argumenta que con el “voto preferente” el clientelismo sale reencauchado, afirmación contradictoria frente a aquella en que considera que la lista única y la cifra repartidora, pilares esenciales del proyecto, son mecanismos “justos, equitativos y saludables”.

En un sistema de listas únicas de los partidos para las elecciones de corporaciones, lo cual apunta a eliminar las “operaciones avispa”, la Constitución debe resolver cómo confeccionar esas listas. Sólo hay tres alternativas: el tristemente célebre bolígrafo; mecanismos de escogencia democrática y el “voto preferente”, que reordena la lista según los votos obtenidos por cada miembro de la misma. Pero la verdad es que sobre el “voto preferente”, la reforma aún no ha dicho la última palabra. El Senado lo excluyó en primera vuelta, y si bien la Cámara lo incluyó, lo más probable es que el Senado mantenga su posición inicial en la segunda. No tienen sentido, de otra parte, las críticas de Gómez Buendía a la propuesta de que las campañas sean financiadas por el Estado. Desechar esa propuesta por el hecho de que algunos dineros públicos han sido ilegal y abusivamente desviados hacia la actividad proselitista, equivale a rechazar la penalización del homicidio porque a veces se cometen homicidios. Quienes promovemos la reforma política hemos llegado a la conclusión de que ella es casi una utopía, cuando cada político la quiere a la medida de sus propios intereses, cual vestido de sastrería, pero también un imposible, cuando cada escritor u observador académico, quiere redactarla a la medida de sus caprichos intelectuales, así vayan en contravía de la necesaria búsqueda de un consenso nacional.