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Los personeros se defienden

María Isabel Rueda, en su columna de la edición #1.074 ha sido mal informada frente a las Personerías y pide su eliminación. Dice la columnista que "la suerte del país frente a las exigencias internacionales terminaría el fin de año en veremos".

Jorge Alberto Rojas Otálvaro, personero de Medellín
7 de diciembre de 2002

María Isabel Rueda, en su columna de la edición #1.074 ha sido mal informada frente a las Personerías y pide su eliminación. Dice la columnista que "la suerte del país frente a las exigencias internacionales terminaría el fin de año en veremos". En el caso de las Personerías, es al revés: Amerigo Incalcaterra, delegado del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró que las Personerías son, en muchas regiones, las únicas representantes de la institucionalidad. Según diagnóstico de la ONU, los personeros cumplen una "desmesurada asignación de funciones y les falta respaldo de los gobiernos municipales". Según la columnista, suprimir las Personerías "es uno de los puntos de honor del referendo de Uribe", Honor que apareció el 9 de octubre, cuando dicho punto fue de mal recibo en primer debate. Pero no siempre fue "punto de honor" pues nunca figuró en los 100 puntos de su programa. Acusa la señora a las Personerías de ser "uno de los organismos más politizados y burocratizados del país". Veamos datos concretos. El 87 por ciento de las Personerías tienen presupuestos menores de 44 millones de pesos. La segunda del país, Medellín, con 100 empleados, es la única entidad pública certificada con ISO 9001:2000. Eso no es burocracia.

Un análisis de costo beneficio de las Personerías indica que a precios de mercado, sus servicios valdrían más de dos y medio billones de pesos, con presupuesto total de 120.000 millones. Por cada peso invertido se sirven 20. Ninguna empresa del país puede ser más eficiente. Las Personerías realizan un millón y medio de actuaciones como Ministerio Público en lo penal en todo el país, atienden y certifican a unos 156.000 desplazados, sus conciliaciones gratuitas ahorran 57.000 millones anuales a los ciudadanos. Todas las Personerías del país, con la excepción de Bogotá (defendida entonces por el senador Vargas Lleras), se ajustaron fiscalmente con la ley 617 logrando ahorros superiores al 47 por ciento de sus presupuestos.

Así las cosas, la votación en que se derrotó un punto del referendo, era el resultado esperado para bien de la Nación, una buena noticia para la democracia y un mensaje en la dirección correcta para los organismos internacionales de derechos humanos y para las Naciones Unidas. Así haya argucias inconstitucionales para repetir la votación, como ya las hubo para impedirla en anterior oportunidad. Así resulte ahora una votación en contra, el hecho es que se dio un buen síntoma de debate democrático.

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