Objetivo eminentemente político

En entrevista publicada en la edición # 1.091 de SEMANA, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez elude dar respuesta concreta a la pregunta sobre por qué el caso judicial constituido por él contra Alvaro Leyva Durán se está desmoronando. Ante esto, es mi deber como defensor recordar algunos hechos que evidencian lo que el ex funcionario hábilmente evitó decir.

En este caso se ha probado hasta la saciedad no sólo la absoluta inocencia del señor Leyva sino también el hecho de que el proceso fue gestado con un objetivo eminentemente político. Adicionalmente se ha demostrado que ante la ausencia de elementos que permitieran acusar válidamente a mi defendido, los fiscales armaron una serie de pruebas con la que configuraron lo que la doctrina penal italiana denomina un proceso constitutivo. Esto es, un caso en el cual se determina de antemano la suerte final del investigado y luego se crean ilegalmente elementos que sirven para recubrir de un falso manto de legitimidad dicha determinación.

Afortunadamente estas irregularidades fueron reconocidas por la comunidad internacional. El gobierno de Costa Rica amparó al señor Leyva con la figura del asilo político territorial y posteriormente con la condición de refugiado a la luz de la Convención de Ginebra de 1951. Todo esto dentro del marco del mandato de la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, un juez de la República determinó que en el acervo probatorio no existen ni siquiera indicios de responsabilidad penal que justifiquen una medida de aseguramiento contra el señor Leyva Durán.

Baste recordar que el expediente del aludido proceso es público y que puede ser consultado por cualquier ciudadano. Allí se encuentran el soporte de todo lo dicho en la presente y la evidencia de que en este caso el entonces Fiscal General de la Nación obró de una manera que habría hecho sonrojar de vergüenza al mismísimo Tomás de Torquemada.

Jorge Leyva Valenzuela

Bogotá