Respuesta a Pizano

Como bogotano, quiero hacer una réplica a las afirmaciones del Ministro de Desarrollo, publicadas en la sección ?Enfoque? de la edición pasada, las cuales han desinformado a la ciudadanía y la polarizan sobre un tema tan sensible como el de las tarifas de servicios públicos. Mientras el ministro Pizano afirma que la administración distrital, a través de la Eaab, adquirió con la Comisión de Regulación de Agua Potable ?CRA? "el compromiso" de reducir las alzas en las tarifas en un 13,8 por ciento, por otro lado el superintendente de Servicios Públicos indicó que sólo fue "un ofrecimiento", asegurando que las tarifas que se cobran en Bogotá corresponden a las autorizadas por la CRA. El ministro Pizano desconoce que el cupo de endeudamiento aprobado por 250 millones de dólares no está destinado a sustituir los ingresos de las tarifas, ya que éstos ya están incluidos en la estrategia financiera de la empresa para ampliar la cobertura y calidad del servicio. Los recursos de crédito complementan los recursos provenientes de tarifas y transferencias de la Nación con la única intención de lograr la cobertura total de los servicios de acueducto y alcantarillado, lo cual no da espera teniendo en cuenta el crecimiento anual de 150.000 habitantes que sufre Bogotá. Frente a los niveles de inversión de la Eaab que menciona el Ministro en su entrevista, éstos son imprecisos y, definitivamente, no corresponden a la realidad. Para el año 2000, según la Secretaría de Hacienda, dicho porcentaje ascendió al 89 por ciento y no al 51 por ciento como erróneamente afirmó el Ministro. Así mismo, frente al índice de agua no contabilizada es preciso señalar que según cifras recientes de la Eaab éste se sitúa en el 34 por ciento y no en el 40 por ciento que señala el doctor Pizano. El gobierno nacional parece que adelanta una campaña sistemática de desprestigio contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Las acciones del gobierno atienden a esta lógica: la Eaab ha sido multada por la CAR por 150.000 millones de pesos, tiene pendiente un proceso fiscal ante la Dian por 250.000 millones de pesos, el cual y con idénticos argumentos fue fallado a favor de ISA; durante los próximos ocho años la empresa tendrá que pagar más de 500.000 millones de pesos a la Nación por impuesto de renta y ahora se ve enfrentada a un debate que polariza la opinión, afecta las relaciones financieras de la empresa y juzga erróneamente una gestión cuyos resultados han sido evidentes en la capital.

David Luna Sánchez, concejal de Bogotá, D.C.

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