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| 2/9/1998 12:00:00 AM

SOBRE LA PRECLUSION DE SERPA

En ejercicio del derecho de réplica solicito comedidamente la publicación de esta carta, a fin de aclarar ciertas imprecisiones cometidas por el periodista Antonio Caballero, en su columna del 29 del año que terminó.Se refiere a la decisión adoptada por mí, que consistió en la preclusión de la investigación en favor del doctor Horacio Serpa Uribe, la que al momento de escribir esta carta, se encuentra ya ejecutoriada, es decir, puedo referirme a ella sin violar ninguna disposición legal ni constitucional. Lamentablemente en tan corto espacio, me sería imposible hacer un resumen de una decisión que contiene 61 páginas, en las que se analizan los 9.273 folios que conforman un expediente supremamente complejo, dada la cantidad de pruebas testimoniales, documentales y periciales. La parte que cita, obviamente extractada por usted, como aquella que le pareció más sonora o propia para elaborar una columna periodística, es precisamente la correspondiente al análisis que se denomina: "Estimación, aprobación, distribución y entrega de dineros a las tesorerías regionales"; y con base en la prueba allí recaudada, que no es otra que las propias declaraciones de los tesoreros regionales y los documentos por ellos firmados, se concluye quién o quiénes cumplieron esa labor.Lo más importante de la providencia y que lógicamente usted no analiza, por no tener la formación jurídica ni la experiencia en la administración de justicia, es la que permite hacer una distinción entre el 'reproche social' y el 'jurídico' o dentro del marco del derecho penal, cuando textualmente se dijo: "Por esta vía el derecho penal, como instrumento normativo, y al sistema penal, como institución, se les plantean cometidos que están más allá de su finalidad constitucional y de su órbita funcional, desconociendo que al derecho penal le incumben ámbitos de decisión al interior de conflictos planteados por violación de bienes jurídicos fundamentales, se le hace jugar como elemento de poder por fuera del marco de acción que es inherente a su naturaleza. Esto es frecuente en momentos en que ante la agudización de los conflictos sociales y la consecuente degradación de otros espacios de control social, se promueve un ejercicio del poder punitivo por fuera de límites legítimos y racionales al punto que se lo ejercita como instrumento de legitimación de formas particulares de ejercicio del poder público. Este despliegue de lo penal como autoconstatación del poder político produce un efecto contraproducente: se genera una expectativa social que exige un frecuente protagonismo del derecho penal esperando de él no solo la promoción y realización del valor justicia por medio de la protección única de bienes jurídicos sino también imponiéndole decisiones en espacios diferentes y que van desde la superación de los problemas estructurales que subyacen sobre todas las formas de expresión de la violencia hasta la remoción de las instituciones políticas o de algunas alternativas de ejercicio del poder político. Ante este panorama se impone una reformulación de los espacios en los que se ejerce el poder punitivo del Estado, se impone repensar las instituciones penales para trazarle objetivos que estén más acordes con su naturaleza normativa y residual, se impone la reconsideración de los objetivos que el entorno social espera del derecho penal para que se dejen de promover y alentar expectativas que van más allá de su órbita de acción. Tal es una imposición que resulta inaplazable bajo el esquema de un Estado Social de Derecho, esquema que solo existe en cuanto día a día se constituya y promueva como tal. Esta labor de reconducción del derecho penal a su verdadera finalidad constituye un imperativo constitucional y como tal es una tarea cuyo efecto vinculante se extiende a todos los espacios del poder político, incluida, desde luego, la jurisdicción pues también el ámbito de la decisión judicial constituye un espacio de poder en el que debe superarse el sobredimensionamiento del sistema penal de tal manera que a su interior se asuman las decisiones que son inherentes a su finalidad independientemente de las expectativas que sobre ellas se hayan generado en el entorno social". La crítica por usted hecha en su pasada columna, no es más que un análisis ligero de un tema que debe ser asumido con la seriedad que merece, pues resultan irrelevantes y erradas las comparaciones con otros delitos, como el homicidio agravado o el tráfico de estupefacientes. El derecho de las cosas debe ser: me comprometo a no escribir sobre toros, pues no distingo entre una verónica y un toro berrendo y, usted, se dedica más a su oficio, con teorías 'caballerónicas', pues sus lectores estamos seguros que lo hace mejor que ser un crítico de decisiones de los fiscales. Martha Lucía Zamora Avila Fiscal delegada ante la Corte Bogotá
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